AUTO NACIONAL AGROAMBIENTAL S2ª N° 029/2015

Expediente : Nº 1481 - RCN - 2015

Proceso : Restitución de Acequia Servidumbral y

Servidumbre de Paso

Demandante (s) : Sabina Vargas Vda. de García

Demandado (s) : Juan Alberto Villarroel García

Distrito : Cochabamba

Asiento Judicial : Punata

Fecha : Sucre, mayo 12 de 2015

Magistrado Relator : Javier Peñafiel Bravo

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, cursante de fs. 51 a 56 vta., interpuesto por Sabina Vargas Vda. de García, contra la Sentencia N° 04/2015 de 27 de febrero de 2015, cursante de fs. 45 a 46 vta., emitida por la Juez Agroambiental de Punata en el proceso de Restitución de Acequia Servidumbral y Servidumbre de Paso, seguido por la ahora recurrente contra Juan Alberto Villarroel García, memorial de respuesta de fs. 59 a 60 vta., los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO: Que, contra la Sentencia N° 04/2015 de 27 de febrero de 2015, cursante de fs. 45 a 46 vta., Sabina Vargas Viuda de García, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los argumentos que a continuación se detallan:

Bajo el título de Recurso de Casación en la forma (art. 254 inc. 7 del Cód. Pdto. Civ.); remitiéndose al tramite efectuado ante la autoridad jurisdiccional de instancia (presentación de la demanda, admisión, notificaciones, contestación y audiencia), indica que por memorial de 28 de octubre de 2014 cursante a fs. 15, su persona solicito un informe del presidente de la O.T.B. de San Lorenzo, mismo que fue aceptado mediante proveído de 30 de octubre de 2014 cursante a fs. 16 y, sin ser notificado para el efecto, emite su informe en el que indica que existía una servidumbre de riego, en tal razón, afirma que al admitirse la pre-citada prueba, la a quo vulneraria el art. 79 de la Ley 1715 numeral 1), que indica que el demandante acompañara la prueba documental que obre en su poder y propondrá toda otra prueba de la que intente valerse, aclarando que en su demanda nunca propuso o hizo conocer algún interés de valerse de otras pruebas, por lo mismo, la admisión de dicha prueba resultaría irregular, vulnerándose por ello el art. 3 numeral 1) del Cód. Pdto. Civ. que precisa que las autoridades jurisdiccionales deben cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad.

De la misma forma señala que, la autoridad jurisdiccional admitió como prueba el Folio Real que se encuentra a nombre de Félix Reinaldo Uriona Alba, persona que nada tiene que ver en el presente caso y la minuta de transferencia de lote de terreno suscrita por Félix Reinaldo Uriona Alba a favor de Ernesto Soto Mariscal y Benita Gumercinda Arteaga de Soto, documento que no se encuentra debidamente registrado en la oficina de Derechos Reales, violándose con dicha prueba lo dispuesto por el art. 1309 del Cód. Civ. que establece que no se puede aceptar como prueba una minuta que en forma obligatoria debería ser registrada en la oficina de Derechos Reales, a mas que no toma en cuenta lo establecido en el art. 41 numeral 2) de la Ley 1715 que indica que la pequeña propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia por lo mismo es indivisible e inembargable y tiene carácter de patrimonio familiar, por lo que propiedad del demandado no podría ser transferida.

Asimismo refiere que, la autoridad jurisdiccional hace mención en su sentencia a los arts. 255 y 262 del Cód. Civ. que indican que el propietario de un fundo enclavado entre otros y que no pueda procurarse salida a la vía pública sin molestias o gastos excesivos tiene derecho a obtener paso por el fundo vecino en la medida necesaria al uso y explotación del propio, que en el considerando numero 5 de la sentencia llega a deducir que uno de los elementos de la servidumbre es el beneficio del fundo dominante y el perjuicio del fundo sirviente y que su persona probó la existencia de la acequia servidumbral como la existencia de una servidumbre de paso, señalando que la acequia servidumbral no se hubiera utilizado desde hace mas de 20 a 30 años pero que aún existen, por ello indica que la sentencia emitida es contradictoria ya que si bien las normas legales indicadas establecen el derecho de contar con una servidumbre de paso y riego, la autoridad jurisdiccional señala que las mismas no se utilizan, cuando al contrario los testigos indicaron que son utilizadas cuando llega el agua, por ello la juez de instancia debió velar porque la misma se mantenga ya que su persona no cuenta con otro acceso y que la servidumbre fue borrada por el demandado, es decir, se le priva de poder cumplir lo establecido en la Ley N° 1715 en lo referente a la función económica social, violándose lo establecido en los art. 255 y 262 del Cód. Civ.

Por otro lado indica que, al pronunciarse la sentencia no se toma en cuenta lo dispuesto por los arts. 278 (destino del propietario) y 284 (Prohibición de agravar o disminuir la servidumbre) del Cód. Civ., violándose dichos preceptos legales que son de orden público y cumplimiento obligatorio.

Concluye solicitando se case la sentencia recurrida y se anule obrados hasta el acta de audiencia de fecha 15 de enero de 2015, debiendo este Tribunal pronunciarse de oficio de acuerdo a lo establecido por el art. 17 de la Ley N° 025 y arts. 252 y 90 del Cód. Pdto. Civ.

Bajo el rótulo de Recurso de Casación en el fondo (art. 253 inc. 3 del Cód. Pdto. Civ.); señala que se ha incurrido en error de derecho y error de hecho en la apreciación de las pruebas, esto debido a que en el cuarto considerando de la sentencia, la autoridad jurisdiccional llega a la convicción de que su persona hubiera demostrado que es propietaria de una facción de terrenos en la extensión superficial de 708.64 M2, ubicado en la zona de San Lorenzo jurisdicción de la provincia Punata, además de demostrar que desde hace más de ochenta años existe una acequia servidumbral y una servidumbre de paso a sus terrenos, que a la fecha ya no existen, pero que no se llego a probar que el demandado Juan Alberto Villarroel García procedió a desaparecer la acequia y servidumbre de paso, asimismo indica que el demandado no llegó a probar la inexistencia del pasaje o entrada servidumbral, es decir, la autoridad jurisdiccional no tomo en cuenta lo testimoniado por sus testigos que de forma clara y uniforme indican que fue el señor Juan Alberto Villarroel García quien hizo desaparecer las servidumbres de paso y riego, de la misma forma incurre en error de derecho al valorar las mencionadas pruebas (testificales) contraviniendo la tasación legal, vulnerándose de esta forma el art. 476 del Cód. Pdto. Civ. al no otorgarles o reconocerles el valor correspondiente, tal como disponen los arts. 1286 y 1330 del Cód. Civ., más al contrario asigna valor y credibilidad al documento de compra y venta presentado por el demandado que no guarda relación con lo verificado en campo.

Refiere que se incurre en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba literal cursante a fs. 20 y 21 del proceso, al indicar que su persona no demostró que el demandado Juan Alberto Villarroel García procedió a hacer desaparecer la acequia y servidumbre de paso al no existir documento que señala que él es propietario, pero hay que tener en cuenta que anteriormente se llegó a la conclusión de que en este tipo de procesos la acción va dirigida contra la persona que realizo los actos abusivos y, al manifestar los testigos que el demandado era el propietario del predio, aun cuando apareciera Ernesto Soto Mariscal que presentó documentos de propiedad la parte adversa no presentó prueba que pueda excluir al mismo como al autor de haber hecho desparecer las servidumbres reclamadas, mas aun cuanto toda autoridad jurisdiccional se encuentra facultada para averiguar la verdad real de los hechos.

Que, por memorial cursante de fs. 59 a 60 vta., Juan Alberto Villarroel García, responde al recurso de casación interpuesto por Sabina Vargas Vda. de García, solicitando a este tribunal declare la improcedencia o en su defecto infundado el recurso interpuesto, y sea con costas.

CONSIDERANDO: Que, conforme prevé el art. 87-I de la Ley N° 1715, contra las sentencias o autos interlocutorios definitivos emitidos por las juezas y jueces agrarios, ahora juezas y jueces agroambientales, procede el recurso de casación y/o nulidad ante el Tribunal Agrario Nacional, ahora Tribunal Agroambiental, que deberá presentarse en el plazo de (8) días, observándose los requisitos señalados en el art. 258 del Cód. Pdto. Civ. recurso que se asimila a una demanda nueva de puro derecho, sometida para su consideración y procedencia a una serie de requisitos que el ordenamiento legal adjetivo se encarga de precisar y cuyo cumplimiento corresponde a los recurrentes, en ése contexto, se concluye que:

EN RELACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.-

Previo a ingresar al análisis respectivo, es pertinente señalar que, respecto al recurso de casación en la forma, el art. 254 del Cód. Pdto Civ., señala: "Procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, cuando la sentencia o auto recurrido hubiere sido dictado: 1) Por juez o tribunal incompetente, o contraviniendo a lo dispuesto por la ley. 2) Por un juez o con la concurrencia de un vocal legalmente impedido o cuya excusa o recusación estuviera pendiente o hubiere sido declarada legal por el tribunal competente. 3) Por un tribunal con menor número de votos o con menor número de vocales que los requeridos por ley. 4) Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores. 5) En apelación desistida. 6) En uno de los casos señalados por los artículos 208 y 209 y 7) Faltando a alguna diligencia o tramite declarados esenciales, falta expresamente penada con nulidad por la ley" , en tal razón, el recurso de casación en la forma, busca que el juez o tribunal de casación, anule obrados hasta el momento y/o etapa en la que se identifique el vicio más antiguo, siendo necesario remarcar que, los recursos de ésta naturaleza deben ajustarse, para su procedencia, a los presupuestos normativos y principios reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia.

En éste contexto, se citan los arts. 16-I y 17-III de la L. N° 025, que a la letra señalan: "Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley " y "La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos " (las negrillas nos corresponden), en el mismo sentido y con referencia a la nulidad de los actos procesales la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0234/2013 de 6 de marzo del 2013 tiene señalado que: "(...) los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: (...) c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales , como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento' (...)" (las negrillas y subrayado nos corresponden).

Asimismo la Sentencia Constitucional Plurinacional 0234/2013 de 6 de marzo de 2013 señala: "El Tribunal Constitucional, a través de la SC 0731/2010-R de 26 de julio, estableció el siguiente entendimiento, sobre la nulidad de los actos procesales (...) Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son:(...) d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Couture op. cit., p. 391), (...) dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, (...) Supuestos relacionados con el principio de preclusión, entendido como la clausura definitiva de cada una de la etapas procesales, impidiéndose el regreso a fases y momentos procesales ya extinguidos o consumados; (...) De lo que se colige, toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y validos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, (...)" (las negrillas nos corresponden)

Que, realizada la compulsa de los antecedentes del proceso y de los términos en los que fue planteado el recurso de casación en la forma, se tiene que:

1.- Respecto a la vulneración del art. 79 de la Ley 1715 núm. 1) y el art. 3 núm. 1) del Cód. Pdto. Civ., por haber la autoridad jurisdiccional admitido como prueba el informe realizado por el presidente de la O.T.B. de San Lorenzo, sin habérsele notificado al efecto.

A fs. 15 cursa, memorial presentado por Sabina Vargas Vda. de García , que en lo pertinente expresa: "Solicito a su digna autoridad disponer que el Presidente de la O.T.B. de San Lorenzo ROLY ÓRLANDO ESCOBAR SOLIZ me preste informe sobre la existencia de dicha servidumbre de paso y riego la misma que es de data antigua" (las negrillas nos corresponden)

A fs. 16 cursa, Decreto de 30 de octubre de 2014 que precisa: "Notifíquese a Roly Orlando Escobar Soliz, en su condición de Presidente de la O.T.B. de san Lorenzo, a objeto de que preste la certificación solicitada. (...)"

A fs. 27 cursa, Informe emitido por Roly Orlando Escobar S. Presidente de la O.T.B. ERO San Lorenzo.

A fs. 28 cursa, memorial presentado por Sabina Vargas Vda. de García , que refiere: "Tengo bien acompañar informe emitido por el presidente de la O.T.B ERO de la localidad de San Lorenzo Sr- ROLY ÓRLANDO ESCOBAR S. (...), Dicha prueba solicito se arrime a los antecedentes del proceso " (las negrillas nos corresponden).

A fs. 28 vta., cursa decreto de 2 de diciembre de 2014 que en lo referente establece: "Por acompañado y arrímese a sus antecedentes (...)"(las negrillas nos corresponden)

Por lo supra señalado, podemos concluir que si bien es cierto que no cursa en antecedentes notificación formal al Presidente de la O.T.B. ERO San Lorenzo, es la misma demandante que por memorial cursante a fs. 28, solicita que el informe de la pre-citada autoridad, se arrime a los antecedentes del proceso en calidad de prueba , convalidándose con ello la supuesta irregularidad (inexistencia de la diligencia de notificación).

De la misma forma si bien el art. 79 de la ley N° 1715 establece que el o la demandante acompañara la prueba documental que obre en su poder y propondrá toda prueba de la que intentare valerse, la admisión de la pre-citada prueba fuera del momento permitido en la Ley, no constituye un vicio de nulidad transcendente, no existiendo por lo mismo vulneración del art. 79 de la Ley N° 1715 y del art. 3 numeral 1) del Cód. Pdto. Civ. como acusa la recurrente, máxime si se considera, que como se tiene señalado, es la misma actora, ahora recurrente, quien solicita se produzca dicha prueba a más de no acreditar la forma en que dicho documento le causó un perjuicio cierto e irreparable, habiendo precluído su derecho a reclamar ésta supuesta irregularidad, toda vez que, no cursa en obrados observaciones realizadas en éste sentido.

2.- Respecto a la violación del art. 1309 del Cód. Civ., por admitir la juzgadora el Folio Real emitido a nombre de Félix Reinaldo Uriona Alba y la minuta de transferencia del lote de terreno suscrita por Félix Reinaldo Uriona Alba a favor de Ernesto Soto Mariscal y Benita Gumercinda Arteaga de Soto.

A fs. 19 cursa, Folio Real perteneciente a la parcela 410, en el que se identifica a Uriona Alba Félix Reinaldo

A fs. 20 y vta. cursa, Minuta de Transferencia suscrita por Félix Reinaldo Uriona Alba a favor de Ernesto Soto Mariscal y Benita Gumercinda Arteaga de Soto.

De fs. 31 a 32 vta. cursa, Acta de Audiencia Principal de 15 de enero de 2015, que en lo pertinente señala: "Fijación del objeto de la prueba, admitiendo la pertinente (...) rechazando la inadmisible o la que fuera manifiestamente impertinente", "(...) Seguidamente la Sra. Juez procedió al análisis y admisión de la prueba propuesta por las partes, en sus memoriales de demanda y responde. (...) y, para la parte demandada se admitió lo siguiente: Certificado Alodial 19, minuta de transferencia 20 a 21, testificales 23 vta. Inspección 23 vta.

Que el autor Gonzalo Castellanos Trigo en su libro "Como Tramitar y Resolver un Proceso Oral Agrario", primera edición, pág. 245, con referencia a la admisión o rechazo de la prueba señala: "Como vimos el juez agrario en la audiencia preliminar debe admitir o rechazar la prueba propuesta por las partes. Contra dicha resolución las partes que se sientan agraviadas ya sea porque consideran que no debía haberse rechazado algún medio probatorio o en su caso la otra parte no estar de acuerdo con la admisión de determinada prueba, pueden interponer en el mismo acto y audiencia el respectivo recurso de reposición " (las negrillas nos corresponden)

Conforme se tiene señalado supra, podemos constatar que la recurrente tuvo la oportunidad procesal, para objetar la admisión de la prueba a través del recurso o medio legal pertinente (recurso de reposición), aspecto que no fue observado ni reclamado oportunamente por la ahora recurrente, precluyendo su derecho razón por lo que lo acusado en éste punto carece de sustento legal, no existiendo vulneración del art. 1309 del Cód. Civ. por parte de la autoridad jurisdiccional.

3.- Con referencia a la violación de los arts. 255, 262, 278 y 284 del Cód. Civ.

Es preciso señalar que el art. 255 del Cód. Civ. señala: "En virtud de la servidumbre el propietario de un fundo puede, para utilidad o beneficio propio, realizar actos de uso en fundo ajeno o impedir al propietario de éste el ejercicio de algunas de sus facultades" y el art. 262 del mismo cuerpo legal indica: "I. El propietario de un fundo enclavado entre otros y que no puede procurarse salida a la vía pública sin molestias o gastos excesivos, tiene derecho a obtener paso por el fundo vecino, en la medida necesaria al uso y explotación del propio. II. El paso se concede por la parte más próxima a la vía pública, más corta y menos perjudicial al fundo sirviente, pudiendo establecerse también mediante subterráneo cuando resulte preferible en consideración al beneficio del fundo dominante y el perjuicio del fundo sirviente. Esta misma disposición se aplica para obtener el uso de pasos anteriormente existentes. III. No están exentos de esta servidumbre los patios, jardines y casas".

Si bien la a quo fundamenta su sentencia en la pre-citada normativa, cabe resaltar que la sentencia, debe ser entendida como la resolución jurisdiccional que pone fin al proceso resolviendo las pretensiones de la parte actora , con la facultad de aceptarlas o rechazarlas (total o parcialmente) en el entendido de que lo peticionado por los justiciables puede o no ir del lado de la ley o no estar planteado conforme a derecho , en este contexto, de la revisión de la demanda cursante de fs. 9 a 10 vta. y de los puntos a probar fijados en la audiencia principal cursante de fs. 31 a 32 vta., podemos concluir que la pretensión principal de la parte actora es la restitución de una servidumbre de paso , mas no así su constitución y que uno de los puntos de hecho a probarse, fue si el demandado fue el autor de los actos de destrucción de las servidumbres, aspecto que no fue probado fehacientemente por la parte actora, en ese contexto la fundamentación en la sentencia, en base a la normativa anteriormente desarrollada, no constituye, en sus alcances, un elemento esencial que pueda determinar la nulidad de lo actuado, por no constituir el sustento de lo resuelto en la sentencia recurrida, aspecto además que no genera un perjuicio cierto e irreparable a las partes del proceso. Por otro lado y en cuanto a la violación del art. 278 del Cód. Civ. cabe puntualizar que el mismo se encuentra ubicado en el Capítulo IV "De las Servidumbres Adquiridas por Destino del Propietario y por Usucapión", en tal sentido, regula las formas de adquirir las servidumbres por destino del propietario, o en palabras del autor Gonzalo Castellanos Trigo en su libro "Derechos Reales, Obligaciones y Sucesiones", primera edición, pág. 344, "Esta disposición tiene por objeto despejar dudas sobre si en la transferencia del inmueble se ha incluido o no la servidumbre anteriormente constituida; por lo tanto el hecho de enajenación del bien no extingue la servidumbre legalmente constituida", asimismo y en cuanto a la violación del art. 284 , cabe señalar que, si bien el artículo regula la prohibición de agravar o disminuir una servidumbre, se refiere al uso exclusivo de las servidumbres que se encuentran plenamente consolidadas, es decir, regula los efectos negativos de su uso, o en palabras del autor Gonzalo Castellanos Trigo en su libro "Derechos Reales, Obligaciones y Sucesiones", primera edición, pág. 351 "La norma en estudio deja claramente establecido que tanto el propietario del fundo sirviente como del dominante, están prohibidos de realizar obras que vayan en perjuicio de la servidumbre (que limiten su uso normal) o agraven injustificadamente al fundo sirviente", por lo desarrollado, podemos concluir que los arts. 278 y 284 del Cód. Civ. si bien corresponden a la normativa que forma parte de las servidumbres, las mismas no corresponden a la acción interpuesta, por tal razón no pueden considerarse vulneradas.

EN RELACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

Previo a ingresar al análisis de recurso es pertinente señalar que respecto al recurso de casación en el fondo, el art. 253 - 3) del Cód. Pdto Civ. señala: "Procederá el recuso de casación en el fondo: "(...) 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

Para un mejor entendimiento, se cita al Dr. Pastor Ortiz Mattos que en su libro "El Recurso de Casación en Bolivia", Segunda Edición, págs. 157 y 158, en referencia al error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas señala: "Modernamente se define al error como el conocimiento falso de un hecho o de una norma jurídica. Por lo dicho puede ser de hecho o de derecho. El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento autentico . El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. El caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba , le asigna un valor distinto" (las negrillas y subrayado nos corresponden).

Ahora bien, debe considerarse que el recurso de casación en el fondo tiene por fin modificar el contenido de un auto definitivo y/o sentencia, basado en el que la autoridad jurisdiccional, a tiempo de emitir la resolución cuestionada, hubiese incurrido en "errores in iudicando", que imperativamente deberán ser exteriorizados y/o acreditados conforme a los contenidos del artículo 253 del Cód. Pdto. Civ ., asimismo, corresponde señalar que, para que el tribunal de casación ingrese al análisis de fondo del recurso, el mismo deberá contener los requisitos enumerados en el art. 258 de la norma adjetiva civil, es decir, señalar de manera precisa y concreta las causas que sustentan el recurso, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales o el relato de los hechos, sino demostrar conforme a ley, de manera clara, concreta y precisa las disposiciones contradictorias que contiene la resolución o identificar de forma precisa el error de derecho o hecho en el que incurrió el juez a tiempo de apreciar y/o valorar las pruebas , debiendo identificar la norma legal que fue indebidamente aplicada u omitida por el juzgador a tiempo de valorar la prueba (error de derecho) o identificar el medio probatorio que, habiendo ingresado (legalmente) al proceso fue soslayada (indebidamente) por la autoridad jurisdiccional (error de hecho), habiendo correspondido al recurrente acreditar, en uno u otro caso, la forma en que dicha acción u omisión se aparta de los mandatos que contiene la ley, correspondiendo considerar que toda la prueba debe ingresar a una valoración integral y no particular.

En éste contexto se concluye que los argumentos expuestos por la recurrente, se fundan básicamente en la valoración de la prueba testifical y documental presentada en el caso de autos, no obstante se limita a realizar una serie de afirmaciones en torno al análisis efectuado por la juzgadora, y si bien indica la vulneración del art. 476 del Cód. Ptdo. Civ. no señala la forma en que ha sido vulnerada, la forma en la que la juzgadora incurrió en error de hecho o derecho a tiempo de valorar la prueba y menos delimita el alcance que debió otorgarse (conforme a derecho) a la norma "supuestamente infringida" y/o la posible solución y/o interpretación que habría correspondido realizar.

De lo previamente expuesto, se concluye que al no haberse deducido el recurso de casación observando las formalidades (mínimas) previstas por ley, no se abre la competencia del Tribunal Agroambiental para pronunciarse sobre el fondo del recurso interpuesto correspondiendo en consecuencia aplicar lo normado por los arts. 87-IV de la Ley Nº 1715 y 271 - 1) y 272 - 2) del Cód. Pdto. Civ. de aplicación supletoria a la materia por mandato del art. 78 de la L. Nº 1715.

POR TANTO: La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, en mérito a la facultad conferida por los arts. 189-1) de la C.P.E., 4-I-2) de la L. N° 025, 87-IV de la L. N° 1715 modificada por la L. N° 3545 y 13 de la L. N° 212 y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 51 a 56 vta., interpuesto por Sabina Vargas Vda. de García, contra la Sentencia N° 04/2015 de 27 de febrero de 2015, cursante de fs. 45 a 46 vta., emitido por la Juez Agroambiental de Punata, con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 800.- que mandará hacer efectivo la juez de instancia.

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 9 del Reglamento de Multas Procesales del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo N° 144/2004 de 9 de noviembre de 2004, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se le impone a la recurrente la multa de Bs.- 200 a favor del Órgano Judicial, cuyo pago deberá ser ejecutado por la juez a quo.

No firma el Magistrado Dr. Bernardo Huarachi Tola, por haberse negado a continuar participando en la sustanciación de la presente causa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.-

Magistrado Sala Segunda Dr. Javier Peñafiel Bravo.

Magistrada Sala Segunda Dra. Deysi Villagomez Velasco