SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 042/2016

Expediente: Nº 1055-DCA-2014

Proceso: Contencioso Administrativo

Demandantes: Fulvio Libero Antonio Ferrero Mantovani, María

Nadia Ferrero de Voss, María Elva Isabel Landivar

De Ferrero, Hans Werner Voss Soruco, Marco

Enrico Ferrero Mantovani, Carla Paola Sattori de

Ferrero, Paolo Michele Ferrero Mantovani,

Verónica Harb Méndez, Nancy Ribera Gorbal,

Norma Roxana Méndez de Harb.

Demandados: Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado

Plurinacional de Bolivia y Nemesia Achacollo Tola,

Ministra de Desarrollo Rural y Tierras.

Distrito: Santa Cruz

Fecha: Sucre, 06 de mayo de 2016

Magistrada 2da. Relatora: Deysi Villagómez Velasco

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 337 a 356 vta., subsanada por memorial de fs. 361 vta., interpuesta por Fulvio Libero Antonio Ferrero Mantovani, María Nadia Ferrero de Voss, María Elva Isabel Landivar de Ferrero, Hans Werner Voss Soruco, Marco Enrico Ferrero Mantovani, Carla Paola Sattori de Ferrero, Paolo Michele Ferrero Mantovani, Verónica Harb Méndez, Nancy Ribera Gorbal, Norma Roxana Méndez de Harb, contra Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Nemesia Achacollo Tola, Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, impugnando la Resolución Suprema 11864 de 15 de abril de 2014, emitida dentro del proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN SIM), Polígono N° 160 de la propiedad denominada La Unión, respuesta a la demanda de fs. 416 a 420 vta. y 510 a 513 réplica de fs. 526 a 548 vta. y dúplica de fs. 578 a 581, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO: Que, Fulvio Libero Antonio Ferrero Mantovani, María Nadia Ferrero de Voss, María Elva Isabel Landivar de Ferrero, Hans Werner Voss Soruco, Marco Enrico Ferrero Mantovani, Carla Paola Sattori de Ferrero, Paolo Michele Ferrero Mantovani, Verónica Harb Méndez, Nancy Ribera Gorbal, Norma Roxana Méndez de Harb, presentan demanda contenciosa administrativa contra Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Nemesia Achacollo Tola, Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, impugnando la Resolución Suprema 11864 de 15 de abril de 2014, emitida dentro el proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN SIM), Polígono N° 160 de la propiedad denominada La Unión, ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco, Provincia Velasco del Departamento de Santa Cruz, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

I. ANTECEDENTES,. Que en el proceso de saneamiento del predio denominado LA UNIÓN se emitió el Informe en Conclusiones de 28 de noviembre de 2011 y el Informe de Cierre aprobado por Auto de Aprobación de Actividades y Etapas conforme el art. 325 parág. II del D.S. N° 29215 sin observación alguna, sin embargo, la Resolución Suprema No. 11864 de 15 de abril de 2014, emergente del indicado proceso de saneamiento vulnera flagrantemente sus derechos y garantías constitucionales, habiéndose incurrido en varios errores de forma como de fondo que los detalla en los puntos siguientes:

II. Errores de Fondo - A. Falta de motivación y fundamentación en la Resolución Suprema 11864 de 15 de abril de 2014.- Luego de transcribir la parte resolutiva de la Resolución Suprema impugnada, refieren que la misma carece de fundamentación o motivación, puesto que la parte resolutiva solamente utiliza como fundamento el párrafo 16 de los vistos y considerandos, párrafo que contiene una relación de los informes emitidos a partir del Informe en Conclusiones y continúa con el Informe de Cierre, Informe Técnico LegalAVC-SCZN°221/2011 de 5 de diciembre de 2011, Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 139/2012 de 13 de marzo de 2012, Informe Técnico Legal DGS- JRLL SC NORTE N° 254/2012 de 17 de abril de 2012, Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 942/2012 de 25 de septiembre de 2012, Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE N° 193/2013 de 5 de marzo de 2013, Auto de 5 de marzo de 2013 y Auto de 10 de julio de 2013, y establece el siguiente Resultado y recomendación: se emita resolución suprema con los siguientes alcances: 1) Anulatoria 2)Anulatoria y de Conversión y 3) Tierra Fiscal; de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 29215; sin embargo en ningún momento explica a qué se refiere cada uno de los referidos informes o cual fue la recomendación que dio en cada informe, menos aún fundamenta de alguna manera el por qué se anula un Título Ejecutorial Individual por supuestos defectos absolutos ya que nunca se señalan cuales son estos defectos absolutos; tampoco fundamenta como se anula por defectos de nulidad relativa un Título y como se ha llegado a la conclusión de que existen vicios de nulidad relativa en el predio y vía conversión se otorga nuevo Título Ejecutorial; tampoco señala el por qué se Modifican las Sentencias de dotación, ni cuál es la base para declarar tierra fiscal a su propiedad, porque solamente se hace referencia a unos artículos de la Constitución pero nunca se señala como es que se ha llegado a tal conclusión, por todo lo precedentemente señalado se pudo llegar a la conclusión de que no se ha realizado una adecuada fundamentación ni cuál es la motivación para proceder de tal o cual manera. Los párrafos anteriores al párrafo 16, solo hablan de cómo el INRA mediante saneamiento simple de oficio tenía las facultades para hacer el saneamiento en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba, así como la zona denominada Laguna Marfil ubicada en el departamento de santa Cruz.

Cita al efecto las SSCC 0871/2010-R de 10 de agosto, 0275/2012 de 4 de junio, 1543/2013 de 10 de septiembre, SCP 0531/2013 de 8 de mayo.

Ante la carencia de requisitos de la Resolución impugnada hoy, se hubiese vulnerado su derecho a la defensa establecido en la C.P.E. y L. N° 1715 y 3545 y al debido proceso respecto a la motivación de las resoluciones en sede administrativa.

B. De la vulneración del Principio de Congruencia. Señala que los informes a los que se hace referencia en el párrafo 16 de los Vistos y Considerandos de la resolución impugnada, se vuelven incongruentes y contradictorios unos con otros por los siguientes argumentos:

En el Informe en Conclusiones de fs. 1564 a 1576, no se estableció vicios de nulidad absoluta en los expedientes agrarios tomados en cuenta en el trámite; asimismo, en consideración a haber verificado el cumplimiento de la Función Económica Social en el predio se sugiere, emitir resolución anulatoria de títulos ejecutoriales, anulatoria de título y vía conversión reconocer a favor de los beneficiarios del predio Unión 13521.8841 ha, modificatoria reconociendo 3517.4239 ha y adjudicación de 21374.2136 ha, haciendo un total de 38413.5616 ha reconocidas a su favor, datos coincidentes con los cursantes en el Informe de Cierre.

El Informe Técnico Legal AVC-SCZ N° 221/2011 de 5 de diciembre de 2011 de fs. 1584 a fs. 1586, se hacen correcciones de forma pero se siguen respetando lo considerado por los dos informes anteriores.

Informe Legal DGS-JRLL SC Norte N° 139/2012 de 13 de marzo de 2012 de fs. 1591 a fs. 1596 elaborado por Fernando Vallejos; hasta este informe existiría cierta congruencia y continuidad a pesar de haberse realizado varias modificaciones de forma consistentes en ajuste de superficies, pago de tasa de saneamiento y catastro, solicitar a la Autoridad de Bosques y Tierras actualización de datos de superficie adjudicada a valor de mercado, el indicado informe quedó sujeto a los lineamientos de la dirección nacional sobre el trato que se debería dar a los predios sobrepuestos a la zona F.

Informe Técnico Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 254/2012 de 17 de abril de 2012 de fs. 1612 a 1614 elaborado por Fernando Vallejos, que en su referencia señala: Informe Técnico Legal predios sobrepuestos en áreas de Colonización, y en sus observaciones señala que la Unión se encuentra sobrepuesto con la zona F norte y como conclusión refiere textualmente que "los predios mencionados líneas arriba para su conclusión quedan sujetos a los lineamientos que emita la Dirección Nacional del INRA sobre el trato que se les dará a los mismos" sin embargo, el referido informe olvida mencionar que el Informe en Conclusiones de fs. 1564 a 1576, ya consideró este elemento en el párrafo segundo de su subtítulo Otras Consideraciones Legales y señalo de manera textual lo siguiente: "Por Informe Técnico Legal BID 1512 N° 1568/2010 de fecha 2 de Agosto de 2010, recibido en fecha 9 de diciembre de 2010, en el que se concluye que el Servicio Nacional de reforma Agraria (SNRA) mediante el EX Consejo Nacional de Reforma Agraria (Ex CNRA) gozaba de jurisdicción y competencia absoluta dentro de aquellas zonas de colonización que fueron establecidas por el Decreto Supremo de 25 de abril de 1905, liberando para tomar en cuenta los Expedientes Agrarios tramitados ante la ex CNRA ya que la presente Área se encuentra sobrepuesta con la zona "F" de Colonización.

Indica que es importante señalar que el informe Técnico Legal BID 1512 N° 1568/2010 de 2 de agosto de 2010 de fs. 1489 a 1517, es claro en sus conclusiones ya que señala: "Los alcances normativos del art. 244 parág. I inc. a) del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000 vigente en su oportunidad y el art. 321 parág. I inc. a) del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, que se refieren a la nulidad absoluta de expedientes agrarios por falta de jurisdicción y competencia, no alcanzan a los procesos agrarios, tramitados por el ex CNRA dentro de la zona F de Colonización establecida en el Decreto de 25 de abril de 1905", es decir que la sobreposición de predios a la zona de colonización F ya fue considerado en el Informe en Conclusiones y le dio el tratamiento correspondiente según el lineamiento otorgado por el informe Técnico Legal BID 1512 N° 1568/2010 de 2 de agosto de 2010; de este modo se evidenciaría la falta de congruencia al realizar informe tras informe, puesto que cada informe posterior pretende implementar un nuevo elemento desvirtuando y contradiciendo al anterior, sin considerar que las variables ya fueron consideradas con anterioridad, esto vulneraría el debido proceso, el principio de congruencia que debe existir de un actuado a otro, además que se vulneraría también el principio de certeza y en su condición de administrado, nunca supiese en realidad cual es la forma en la que se interpretará una norma, puesto que cada funcionario la interpreta a su libre capricho, es por eso que en su parte conclusiva señala "...para su conclusión quedan sujetos a los lineamientos que emita la dirección Nacional del INRA sobre el trato que se les dará a los mismos...".

Informe Legal DGS-JRLL SC Norte Inf. N° 942/2012 de 25 de septiembre de 2012 de fs. 1692 a 1615, elaborado por Fenando Vallejos, en el punto Estado Actual del proceso de saneamiento del predio Unión señala: "Cumplidas las diferentes etapas y actividades dentro del proceso de saneamiento del referido predio "La Unión"; se encuentra conforme nuestra normativa agraria vigente, para elaboración de proyecto de Resolución Final de Saneamiento, de acuerdo al artículo 325 parágrafo I Decreto Supremo N° 29215 de la Ley N° 1715 y su modificatoria Ley N° 3545 ... solicito remitir el presente informe a la Unidad de Titulación y certificación, toda vez que el beneficiario cumplió con el pago del arancel establecido...", es decir que se hubiesen cumplido todas las etapas del proceso de saneamiento y solo faltaba remitir antecedentes para la elaboración del proyecto de Resolución Final, pero de manera por demás extraña el Lic. Fernando Vallejos Cardozo a pesar de ser la persona que realizó tres informes contradictorios entre sí, el 5 de marzo de 2013 elabora otro informe , que sin existir normativa alguna contradice el presente informe en el que se decía que se había concluido con todo el trabajo de saneamiento y que se lo describe a continuación:

Informe Técnico Legal DGS-JRLL SC NORTE INF. N° 193/2013 de 5 de marzo de 2013 de fs. 1634 a 1642 elaborado por Fernando Vallejos Cardozo, que en la parte de Consideraciones Legales, hace referencia a que en el Informe en Conclusiones se omite considerar la sobreposición con la zona F, cosa falaz, porque el Informe en Conclusiones ya consideró este elemento en el párrafo segundo de su subtítulo Otras Consideraciones Legales y señaló de manera textual lo siguiente: "...Por Informe Técnico Legal BID 1512 N° 1568/2010 de 2 de agosto de 2010, recibido en fecha 9 de diciembre de 2010, en el que se concluye que el Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) mediante el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria (Ex CNRA) gozaba de jurisdicción y competencia absoluta dentro de aquellas zonas de colonización que fueron establecidas por el decreto supremo de 25 de abril de 1905, liberando para tomar en cuenta los Expedientes Agrarios tramitados ante la ex CNRA ya que la presente Área se encuentra sobrepuesta con la zona "F" de Colonización...".

Luego hace referencia a la tolerancia que debería existir, sin considerar que este elemento también fue considerado en el Informe en Conclusiones de 28 de noviembre de 2011.

Posteriormente señala que el Informe Legal DG-JRLL SC NORTE N° 139/2012 de 13 de marzo de 2012, no observa el artículo 398 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, pero de manera maliciosa olvida señalar que este trabajo fue realizado por el mismo y que no se puede atribuir esta negligencia a otra persona y que por la omisión realizada por el mismo estamos hablando que este funcionario ha realizado Incumplimiento de Deberes, puesto que además de no considerar esto en su propio informe, tampoco revisó el Informe en Conclusiones de 28 de noviembre de 2011 que señala de manera textual en su párrafo 16 de Otras Consideraciones Legales lo siguiente: "...Que, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 393 y 397 parágrafo I, "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria..." Así como también "El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Que según la ficha de verificación FES de Campo correspondiente al predio La Unión se evidencia el cumplimiento de la Función Económica Social del predio en su totalidad...".

Luego asevera que durante la sustanciación del trabajo se ha omitido señalar que el predio La Unión se encuentra sobrepuesto a Tierra de Producción Forestal Permanente, sin considerar que el Informe en Conclusiones de 28 de noviembre de 2011, en el punto de consideraciones Legales, entre los párrafos 9 al 15 consideró ya este aspecto.

Por último, luego del análisis jurídico de antecedentes agrarios y títulos ejecutoriales, el referido Informe Técnico Legal DGS-JRLL SC NORTE INF. N° 193/2013 concluye y sugiere consolidar en favor de los beneficiarios 5865.9074 ha y declarar Tierra Fiscal la superficie de 32547.6142 ha.

Con estos argumentos refiere que la Resolución Suprema vulnera el debido proceso en lo referente a la aplicación del principio de congruencia, puesto que los informes posteriores al Informe en Conclusiones, son contradictorios entre si y no tienen una congruencia lógica, cuyos datos tienen que seguir un principio lógico de continuidad y no contradecirse unos con otros, es más el irresponsable trabajo realizado por Fernando Vallejos Cardozo, les deja en un completo estado de indefensión, puesto que los informes que nos fueron notificados con anterioridad nos reconocían la propiedad de 38413.5216 ha. y de manera irresponsable y sin ningún tipo de justificativo legal Fernando Vallejos Cardozo, dice que solo se les tuviese que Titular la Superficie de 5865.9074 ha.

Refrenda sus argumentos señalando la SSCS 0083/2013-L Línea Jurisprudencial, 0593/2012 de 20 de julio, 0486/2010-R de 5 de julio, 1289/2010-R de 13 de septiembre, SC 0001/2013-L Línea Jurisprudencial.

III. ERRORES DE FORMA DENTRO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO.- Habiéndose cumplido con la normativa procesal en el saneamiento del predio La Unión hasta la emisión del Informe en Conclusiones y el Informe de Cierre, los informes elaborados posteriormente son los que vulneraron el procedimiento existiendo manifiestamente error in procedendo, ya que las actuaciones a describirse rompieron la lógica procesal que en definitiva les hubiesen dejado en estado de indefensión, estos vicios de forma fuesen los siguientes:

-Sin amparo alguno y de manera por demás extraña el mismo profesional evaluador jurídico Fernando Vallejos Cardozo realiza control de calidad, arrogándose funciones que no le competen al subsanar el informe en conclusiones que no fue elaborado por el, cuando la Ley N° 1715 en sus artículos 266 y 267 establece que el control de calidad debe realizarse para precautelar el cumplimiento de las normas mediante el relevamiento de información fidedigna y de estándares de calidad en las actuaciones cumplidas, pero, no se aplico al presente caso es el parágrafo IV inc. b) del mismo art. 266 que dice b) "La convalidación de actuados de saneamiento, por errores u omisiones subsanados", concordante con el parág. II de la Disposición Transitoria Primera de la misma ley que señala: "... la convalidación de actuados de saneamiento, por errores u omisiones subsanados;"... Ambas normas coinciden plenamente, al señalar los alcances y resultados del control de calidad y en ninguno de los casos establecen la posibilidad siquiera de que el funcionario encargado de control de calidad sea quien subsane los informes en conclusiones o cualquier otra actuación, ya que la norma antes transcrita fuese clara al señalar que con el control de calidad se procederá a la convalidación de actuados de saneamiento, por errores u omisiones subsanados, o sea que el encargado de control de calidad lo único que puede y debe hacer es convalidar actuados por errores u omisiones subsanados, pero subsanados antes del control de calidad. Vale decir que el evaluador jurídico Fernando Vallejos Cardozo se arrogó una función que no le compete al subsanar oficiosamente el informe en conclusiones, vulnerando flagrantemente el procedimiento de saneamiento.

-Como segunda falla procedimental, está el incumplimiento del parág. IV inc. d) art. 266 concordante con la Disposición Transitoria Primera que dispone "El inicio de procesos administrativos, civiles o penales para los funcionarios responsables". En el caso de autos se elaboraron dos controles de calidad, el segundo luego de un año después de haberse elaborado el primero, ambos realizados por el evaluador jurídico Fernando Vallejos Cardozo y los mismos son contradictorios entre sí. En el primero no se consigna error u omisión alguna, lo que es correcto, pero en el segundo informe de control de calidad supuestamente se encuentran errores y omisiones de fondo, por lo que de manera por demás contradictoria, se emite un nuevo informe de control de calidad, pero como es la misma persona la que emitió ambos informes, no se aplicó lo dispuesto en el inc. d) del art. 266 referido, lo que es natural, ya que sería por demás ilógico que el mismo funcionario, recomiende o inicie proceso en su propia contra, lo que demuestra que hay algún interés obscuro que tuviese el afán de perjudicarles.

Indican que para la normativa agraria el control de calidad no es más que la supervisión del trabajo realizado, y por simple lógica jurídica y simplista, resulta incongruente que un funcionario sea quien emita un primer Informe y luego se auto supervise, ya que esta por demás claro que seria ese mismo funcionario quien omitiría observar sus propios errores y evadiría de manera muy cómoda su responsabilidad funcionaria, que habiendo elaborado un Informe viciado de nulidad, que adolece también de vicios procesales jamás y bajo ninguna circunstancia puede ser base o fundamento de una resolución suprema.

-Un tercer error fuese el Incumplimiento de lo previsto por el parágrafo IV, inc. a) del art. 266 que dice y cito textualmente: "Como resultado de la aplicación del control de calidad, supervisión y seguimiento, se podrá disponer a) La anulación de actuados de saneamiento por irregularidades, graves faltas o errores de fondo;" Lo que significa que si se identificaran errores de fondo en los actuados de saneamiento, estos deberán ser anulados, entonces tratando de entender el informe de control de calidad, Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE No. 193/2013 de 05 de marzo de 2013, indican que al parecer este informe, supuestamente identificó errores de fondo y lo que procedía en este caso era la anulación de los actuados, que en este caso y conforme lo establece el ilegal informe de control de calidad (Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE No. 193/2013) debió anularse el informe en conclusiones y el Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE No. 139/2012 Y NO SUBSANARSE estos dos, ya que esa actuación como ya se manifestó esta fuera de todo procedimiento legal, entonces al no haber anulado esos dos informes y cumplir con lo que dispone el artículo 266, parágrafo IV, inc. a) el funcionario rompió una vez más la lógica procesal, puesto que el informe en conclusiones es la base del informe de cierre que es notificado a las partes, y si el informe en conclusiones supuestamente consignase errores de fondo como los manifestados en el informe de control de calidad Informe Técnico de 2013, este debió ser anulado para la emisión de un nuevo informe en conclusiones el que sería parte fundamental de un nuevo informe de cierre que debería ser notificado a los interesados para la correspondiente observación o denuncia, momentos procesales que se encuentran consignados en los arts. 266, 267 y 305 de la ley 1715.

-Un cuarto error procedimental y tal vez una de las vulneraciones al procedimiento más agresivas fuese que por lógica jurídica cualquier acto que anule, modifique o SUBSANE el informe en conclusiones (cuyos datos y resultados son parte del informe de cierre), especialmente en sus resultados, estos nuevos resultados deben ser obligatoriamente objeto de un nuevo informe de cierre, esto está en directa relación con lo dispuesto en el art. 266, parág. IV, inc. a), ya que la única forma de modificar en el fondo el informe en conclusiones es vía la anulación del actuado de saneamiento erróneo, en este caso y a criterio únicamente del evaluador jurídico Fernando Vallejos Cardozo, sería el informe en conclusiones, que por lógica debe ser emitido nuevamente subsanando errores y sus resultados plasmados en un nuevo informe de cierre el que debe ser notificado una vez más a los interesados para que estos observen o en su caso denuncien, haciendo uso de su legitimo derecho a la defensa y al debido proceso resguardados por la Constitución Política del Estado Plurinacional. En el caso de autos, luego de emitido el informe en conclusiones, este es ilegalmente subsanado por el informe Legal DGS-JRLL SC NORTE No. 139/2012 y luego ambos son nueva e ilegalmente subsanados por el Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE No. 193/2013.

Concluido el proceso de saneamiento se emite el Informe en Conclusiones, mismo que es ilegalmente subsanado por el Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE No. 139/2012 de fecha 13 de marzo de 2012, y después tanto el Informe en Conclusiones como el Informe 139/2012 (modificatorio del informe en conclusiones) son ilegalmente subsanados por el Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE No. 193/2013, QUE MODIFICA EN EL FONDO LOS RESULTADOS Y DATOS del Informe en Conclusiones bajo el título de subsanar y no se hubiese considerado que, el Informe en Conclusiones como los dos informes que realizan el control de calidad conforman un único cuerpo y que los resultados del informe en conclusiones así como los datos consignados en el mismo son parte del informe de cierre, el que si es pasible de observación después de su notificación, lo que les dejaría en estado de indefensión ya que los resultados del Informe de Cierre son completamente diferentes a los que se expresa en la resolución ahora impugnada, vulnerándose así el debido proceso establecido en la Normativa Constitucional.

-Refiere la posibilidad de que se presente fraude procesal, relacionado a que el Informe en Conclusiones resultaría ilógico que sea subsanado por un informe de control de calidad sin anular el informe de cierre que es el que se publicita y socializa los resultados y datos del proceso de saneamiento, esto porque el informe de cierre fuese el único que causa estado y que puede ser objeto de observación, denuncia y en el presente caso el informe de cierre no fue observado porque los datos consignados eran correctos y luego maliciosamente modificaron resultados dejándoles en total estado de indefensión, sin poder hacer uso de los recursos que la ley les franquea.

Concluyen que con estos errores procedimentales se vulneró su derecho al debido proceso a la defensa consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional, así como el Principio de Defensa, se atentó contra la seguridad jurídica así como al Principio de Certeza y la congruencia que rige a todos los procesos no solo administrativos sino también judiciales, pero principalmente no se dio cumplimiento a lo previsto en los arts. 266, 267 y 305 de la L. N° 1715.

Bajo estos argumentos solicitan nulidad de la Resolución Suprema N° 11864 de 15 de abril de 2014 y en consecuencia también los informes siguientes: Informe Técnico Legal AVC-SCZ N° 221/2011, Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 139/2012, Informe Técnico Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 254/2012, Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 942/2012, Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ- NORTE N° 193/2013, Auto de 5 de marzo de 2013 y Auto de 10 de julio de 2013 y dejar firmes y subsistentes los informes de Conclusiones de 28 de noviembre de 2011 e Informe de Cierre, que fueron legalmente notificados y responden plenamente al principio de legalidad que rige todo proceso ya sea judicial o en sede administrativa.

CONSIDERANDO: Que, admitida la demanda mediante auto de fs. 363 vta., citados que fueron los demandados con el traslado correspondiente; por memoriales de fs. 416 a 420 vta. y 510 a 513 dentro del plazo establecido, se apersonan Jorge Gomez Chumacero, en representación del Excmo. Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, en calidad de Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en mérito al testimonio de poder 313/2014 de 17 de junio de 2014 y Nemesia Achacollo Tola Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, respondiendo negativamente a la demanda bajo los siguientes argumentos:

Indica el representante del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que de la lectura del art. 398 de la C.P.E. se establece que en primer orden la superficie máxima que puede llegar a tener una persona natural o jurídica no puede exceder las cinco mil hectáreas sin importar la modalidad, y en segundo orden, que el parámetro para la determinación de la superficie máxima rige a partir de la vigencia de la C.P.E (07 de febrero de 2009), en consecuencia el INRA aplicó las normas con razonabilidad, entendida esta como la facultad en virtud de la cual el ser humano es capaz de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia y contradicción entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que ya conoce, tomando como punto de partida conceptos o premisas predefinidas. -continúa- Dicha actividad humana causa-efecto-solución y el empleo de dicho patrón permite descubrir las relaciones que existe entre los elementos de una estructura que forman parte de un acto administrativo, como en el presente caso lo cual nos conduce a un entendimiento y a la comprensión del acto administrativo estudiado, en consecuencia se evidencia que en el caso de autos al haberse aplicado el contexto del art. 398 de la C.P.E. a la Resolución ahora impugnada se actuó con legalidad y razonabilidad, máxime si cursan en el expediente de saneamiento Informes de control de calidad del predio La Unión y al haberse procedido al recorte del referido predio en la superficie de 32547.6142 ha, no se ha vulnerado el debido proceso instituido en el art. 115-II de la Ley Suprema.

Explica que el Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE N° 193/2013 de 05 de marzo de 2013 concluye que habiéndose efectuado el control de calidad y habiéndose identificado errores en la sustanciación del proceso de saneamiento del predio La Unión corresponde subsanar el Informe en Conclusiones e Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 139/2012, señalando que el recorte a la superficie que excede las 5,000.0000 ha, ha sido realizado en estricta aplicación del art. 398 de la Constitución Política del Estado.

Con referencia al control de calidad posterior en aplicación del artículo 266 señala que la Dirección Naci onal del INRA puede disponer controles de calidad con el objeto de precautelar el cumplimiento de normas vigentes como se procedió en este caso aplicando al proceso de saneamiento del predio La Unión la supervisión y seguimiento correspondiente reconduciendo el mismo de acuerdo a los preceptos establecidos por la C.P.E. las Leyes Nos. 1715 y 3545 y el D.S. N° 29215 consolidando únicamente la superficie máxima de 5000.000 hectáreas establecida en el ordenamiento jurídico vigente.

Referente a las nulidades señaladas por la parte demandante cita la Sentencia Constitucional 0242/2011-R de 16 de marzo de 2011 e indica que se puede evidenciar ninguno de los presupuestos referidos en la Sentencia invocada fueron cumplidos por la parte demandante, sin tener argumentos de hecho y de derecho al haberse determinado la inexistencia de vínculo directo de la invocación del derecho lesionado y las supuestas omisiones del INRA durante el proceso de saneamiento del predio La Unión ya que se aplicó dentro la sustanciación del proceso de saneamiento los controles de calidad necesarios para reconducir el mismo dentro los parámetros establecidos en la Ley N° 1715 D.S. N° 29215 y la Constitución Política del Estado Plurinacional. Continúa - En este entendido y en aplicación de los artículos 266 y 267 del D.S. N° 29215 es elaborado el Informe DGS-JRLL-SCZ-NORTE N° 193/2013 de 05 de marzo de 2013 habiéndose realizado el respectivo control de calidad supervisión y seguimiento al proceso de saneamiento del predio LA UNION corrigiéndose errores u omisiones en la sustanciación del proceso de saneamiento e identificando errores de fondo, aspecto que permitió una mejor valoración de los antecedentes agrarios corrigiendo a través del control de calidad omisiones que puedan afectar la sustanciación del proceso de saneamiento en las subsiguientes etapas del proceso en apego y cumplimiento a la normativa vigente señalada y aplicable en el proceso de saneamiento en curso, sin que exista infracción a las normas conforme señalaría erróneamente la parte recurrente.

Con relación al recorte realizado en el predio, citando los arts. 395, 396, 397, 398 y 399 de la C.P.E. indica que en el Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ NORTE N° 193/2013 de 05 de marzo de 2013, se consideró, el recorte a la superficie que excede las 5,000.0000 ha, que ha sido realizado en estricta aplicación del art. 398 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que correspondiese en esta instancia señalar al respecto que, el análisis realizado que concluye y sugiere consolidar la superficie de 5865.9074 ha al predio "LA UNION", identificando como Tierra Fiscal la superficie de 32547.6142 ha, fue realizado en apego y cumplimiento a la normativa vigente señalada y aplicable en el proceso de saneamiento en curso, sin que exista infracción a las normas conforme señala erróneamente la parte demandante.

Con relación al control de calidad efectuado en aplicación del art. 266 refiere que la Dirección Nacional del INRA puede disponer controles de calidad con el objeto de precautelar el cumplimiento de normas vigentes como se procedió en este caso, reconduciendo el proceso de acuerdo a los preceptos establecidos por la C.P.E. las Leyes Nos. 1715 y 3545 y el D.S. N° 29215 consolidando únicamente la superficie máxima de 5865.9074 ha establecida en el ordenamiento jurídico vigente.

Con estos argumentos pide declarar improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por Fulvio Libero Antonio Ferrero Mantovani y otros sobre el predio denominado LA UNION, manteniendo en consecuencia firme y subsistente la Resolución Suprema N° 11864 de 15 de abril de 2014, con expresa imposición de costas.

Por su parte, la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemecia Achacollo Tola responde a la demanda bajo los siguientes argumentos:

Con relación a la falta de fundamentación y argumentación de la Resolución final impugnada, refiere que la parte Resolutiva de una Resolución cualquiera sea el tipo de Resolución, solo va a contener la decisión o fallo en base a lo argumentado en su parte Considerativa; que Las circunstancias de hecho que hacen a la resolución son precisamente los informes a los que se hace mención en la Resolución Suprema N° 11864 de 15 de abril de 2014, resolución esta que hace una relación fáctica primero de las Resoluciones que hacen al proceso de saneamiento y luego a los informes emitidos para la emisión de la Resolución ahora impugnada descritos en el párrafo décimo sexto de la parte considerativa.

Respecto de las incongruencias entre los informes emitidos, mencionadas por el demandante indica que dichos informes fueron emitidos habiéndose identificado errores y/u omisiones en el proceso y que fueron subsanados en aplicación del numeral I del art. 267 concordante con la Disposición Transitoria Primera ambos del D.S. N° 29215 y que si bien es evidente que existen diferencias entre los informes, se debe a que precisamente se realizaron las correcciones necesarias para la emisión de la Resolución Suprema, en tal sentido, cuando se habla de incongruencia, se debe hablar de una incongruencia en la resolución misma o en el proceso mismo y no así como el demandante pretende hacer ver, que existiese incongruencia en los informes, cuando estos únicamente corrigen errores u omisiones encontrados en el proceso dentro el marco de de los dispuesto en la normativa que rige el saneamiento de la propiedad agraria.

Con relación a la existencia de vicios procedimentales en la elaboración de los informes o en el procedimiento posterior a los mismos, vulnerando lo establecido en los arts. 266, 267 y la Disposición Transitoria Primera de la L. N° 1715, indica que la referida Ley no contiene esos artículos. Sin embargo explica que no es evidente que el informe en conclusiones y los restantes informes aludidos en la demanda fueron elaborados por el mismo funcionario, puesto que el Informe en Conclusiones fue elaborado por otros profesionales del INRA. Del mismo modo refiere que el control de calidad tal cual lo establece el art. 266 del D.S. N° 29215 estuviese destinado a verificar el cumplimiento de las normas mediante el relevamiento de información fidedigna y estándares de calidad de las actuaciones cumplidas regulados en disposiciones internas, además el demandante no refiere al art. 267 el mismo que establece la subsanación de errores u omisiones de forma, técnicos o jurídicos identificados antes de la emisión de las resoluciones finales de saneamiento, los que pueden ser subsanados a través de un informe, es decir, que dicha norma abre la posibilidad de realizar de oficio las correcciones al proceso de saneamiento en cualquier etapa del proceso hasta antes de la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, como en el caso de autos.

Concluye indicando que el proceso de saneamiento del predio La Unión fue llevado a cabo en el marco de la normativa vigente, sin vulnerar derecho alguno libre de causales de nulidad, por lo que pide declarar improbada la demanda y subsistente la resolución Suprema 11864 de 15 de abril de 2014.

Que, por memorial de fs. 514 a 519 vta. el tercero interesado responde la demanda indicando que los informes aludidos por el demandante fueron emitidos habiendo identificado errores y/u omisiones de fondo en el proceso de saneamiento del predio "La Unión", en tal sentido estos fueron corregidos en aplicación de la normativa agraria en vigencia y en especial del art. 266 del D.S. N° 29215 y que los mismos no son actos recurribles, por tanto no se ha vulnerado el debido proceso y la legítima defensa además que aplicando el art. 398 de la C.P.E. se actuó con legalidad, razonabilidad y en estricta aplicación de la norma constitucional y la norma especial que rige la materia, máxime si cursan en antecedentes los informes de control de calidad elaborados, como se dijo, en apego al art. 266 del reglamento. Respecto de las nulidades invocadas por el demandante, reitera los argumentos planteados en el responde de fs. 416 a 420 vta. de obrados.

Que demandante y demandado hicieron uso del derecho de réplica y dúplica respectivamente.

Que, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental emitió la Sentencia Agroambiental Nacional S2a N° 033/2015, misma que cursa de fs. 622 a 637 declarando improbada la demanda y por lo mismo, subsistente la Resolución Suprema 11864 de 15 de abril de 2014, resolución contra la que se interpuso Acción de Amparo Constitucional que fue de conocimiento de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que constituida en Tribunal de Garantías emite la Sentencia de 26 de noviembre de 2015, que en lo principal conforme a los argumentos sustentados en el considerando sexto, en su parte dispositiva resuelve otorgar la tutela solicitada, anulando la precitada sentencia agroambiental y ordenando que este Tribunal dicte nueva resolución considerando los aspectos extrañados.

CONSIDERANDO: Que, el proceso contencioso administrativo, en un Estado Constitucional de Derecho, tiene el propósito de lograr un equilibrio entre la actividad de la administración y la debida protección de los administrados a fin de reparar los perjuicios que puedan derivar de los actos, eventualmente arbitrarios, del administrador, precautelando los intereses de los administrados, cuando éstos son lesionados o perjudicados en sus legítimos derechos.

Que, conforme a lo previsto por el art. 36-3 de la L. N° 1715 modificada por L. N° 3545, con relación a los arts. 778 y siguientes del Cód. Pdto. Civ., arts. 7, 186 y 189-3) de la C.P.E. y art. 13 de la L. N° 212 de 23 de diciembre de 2011, corresponde a este Tribunal efectuar la revisión del procedimiento y proceso administrativo que dio mérito a la emisión de la Resolución Suprema Nº 00665 de 17 de julio de 2009.

CONSIDERANDO: Que, en este contexto, cabe a este Tribunal ingresar al análisis del memorial de fs. 337 a 356 vta., subsanado por memorial de fs. 361 vta., en los términos y en relación a los puntos acusados en el mismo, en tal sentido, de la compulsa de antecedentes, fundamentos de hecho y de derecho desarrollados en el memorial de demanda, memoriales de contestación, réplica, dúplica y el examen del ámbito normativo en el cual se desarrollaron los actos de la autoridad administrativa se tiene que el proceso de saneamiento que dio lugar a la emisión de la Resolución Suprema 11864 de 15 de abril de 2014, se sujetó a las normas contenidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley N° 1715 modificada por Ley N° 3545, y Decreto Supremo Nº 29215 de 2 de agosto de 2007 por lo que la cita de éstas disposiciones legales será realizada en relación al desarrollo cronológico de los actos de la entidad administrativa y la vigencia de aquellas.

Con relación a la acusación de que se cometieron errores de forma dentro el proceso de saneamiento se tiene:

Respecto de que el mismo profesional jurídico hubiese realizado el control de calidad siendo que el art. 266 establece b) "La convalidación de actuados de saneamiento, por errores u omisiones subsanados", corresponde mencionar que la norma reglamentaria no especifica qué funcionarios deben realizar la identificación y posterior corrección de errores u omisiones sin embargo, como se explicó previamente, los informes de control de calidad aludidos fueron elaborados en consideración a la Disposición Transitoria Primera del reglamento agrario aprobado por D.S. N° 29215 que faculta al ente administrativo, a realizar la revisión de oficio de los procesos de saneamiento para garantizar la legalidad del procedimiento y como resultado de esta actividad permite convalidar actuados de saneamiento por errores u omisiones subsanados y determinar la prosecución del proceso previa subsanación de errores u omisiones, que en el presente caso, habiéndose subsanado los errores y omisiones a través de los informes de control de calidad, los mismos llevan, el visto bueno de los superiores jerárquicos, quienes con su firma aprueban dichos actuados, convalidando de este modo las correcciones efectuadas por el inferior jerárquico, conforme a normativa aplicable al caso, no encontrándose fundamento respecto de las acusaciones vertidas en este sentido por los demandantes, más cuando los mismos son referidos como fundamento de la Resolución final de saneamiento hoy impugnada, ratificándose una vez más con este hecho la convalidación de las subsanaciones efectuadas a los errores y omisiones identificados en la sustanciación del proceso.

Respecto del incumplimiento del parág. IV inc. d) del art. 266 concordante con la Disposición Transitoria Primera que regula "El inicio de procesos administrativos, civiles o penales para los funcionarios responsables", no corresponde emitir pronunciamiento por parte de este Tribunal toda vez que lo denunciado corresponde a una facultad potestativa del ente administrativo quién queda encargado de ponderar el trabajo efectuado por sus funcionarios y establecer si corresponde iniciar los procesos previstos en la norma. Del mismo modo, la norma agraria contenida en la L. N° 1715 y L. N° 3545 así como el reglamento agrario aprobado mediante D.S. N° 29215 no contienen preceptos referidos a que un mismo funcionario se encuentre impedido de efectuar reiterados controles de calidad a los procesos de saneamiento con la finalidad de, justamente, efectuar la revisión de los mismos, identificando errores u omisiones, cuya actividad conlleva la subsanación de vicios, evitando nulidades posteriores y convalidándose trabajos realizados para ser considerados como fundamento principal de las resoluciones finales de saneamiento, razón por la que obliga al discernimiento de que lo acusado por la parte actora en este punto, carece de fundamento.

Con relación al Incumplimiento de lo previsto por el parágrafo IV, inc. a) del art. 266 del D.S. N° 29215 que dispone: "Como resultado de la aplicación del control de calidad, supervisión y seguimiento, se podrá disponer a) La anulación de actuados de saneamiento por irregularidades, graves faltas o errores de fondo", se tiene que la misma norma también faculta al ente administrativo a b) "convalidación de actuados de saneamiento por errores u omisiones subsanados" concordante con la Disposición Transitoria Primera del mismo cuerpo normativo, que como se explicó previamente, a través de los informes de control de calidad se subsanaron omisiones y errores identificados en el proceso, habiendo merecido los mismos, el visto bueno de los superiores jerárquicos y en definitiva fueron considerados como sustento y fundamento de la Resolución Final hoy impugnada,

En éste contexto, si bien los demandantes consideran que el ente administrativo debía retrotraer etapas anulando actuados por irregularidades graves, faltas o errores de fondo, corresponde citar la Sentencia Constitucional 0242/2011-R de 16 de marzo de 2011, que en relación a las nulidades procesales ha expresado: "En cuanto a la nulidad de los actos procesales, el Tribunal Constitucional en la SC 0731/2012-R de 26 de julio estableció: "...los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD O LEGALIDAD, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determina formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa y específica (...); b) PRINCIPIO DE FINALIDAD DEL ACTO , 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto' (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho Procesal Civil' T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada ; c) PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA , este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. Cit. P. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir, demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable y d) PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN (...)"

En este sentido, de la revisión de antecedentes citados por los demandantes, por los cuales INRA debía haber procedido a anular actuados, se evidencia que no concurren los presupuestos que podrían motivar la nulidad invocada y que simplemente correspondía disponer que el proceso continúe conforme a lo sugerido, que en esencia contenía la subsanación de errores, puesto que la misma norma invocada, art. 266 del D.S. N° 29215 y la Disposición Transitoria Primera del mismo reglamento, facultan al ente administrativo a subsanar errores u omisiones conforme a normativa vigente, más aun si lo sugerido fue puesto en conocimiento de los ahora demandantes, es decir, el último informe en el que se establece la superficie definitiva a reconocerse en su favor, permitiéndoseles de este modo ejercer su derecho a la irrestricta defensa, razón por la que resulta infundada la acusación formulada por los demandantes en este punto.

Respecto a la acusación de no haberse elaborado un nuevo informe de cierre, del examen de la norma, en cuya consideración se elaboraron los informes de control de calidad, art. 266 y Disposición Transitoria Primera del D.S. N° 29215, se establece que, en ningún apartado se identifica disposición que conmine a la entidad administrativa a que, habiendo efectuado el control de calidad y subsanados los errores u omisiones identificados, se deba (necesariamente) elaborar un nuevo Informe de Cierre (principio de Legalidad).

No obstante, con la finalidad de no vulnerar el derecho que asiste a los beneficiarios del predio La Unión, en el último informe de control de calidad Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE N° 193/2013, aparte de sugerirse la superficie que debe reconocerse a favor de los beneficiarios del predio, también se sugiere poner a conocimiento suyo el precitado informe, sugerencia cumplida conforme se evidencia de la diligencia de notificación cursante a fs. 1670 y que permitió sentar el reclamo planteado por los impetrantes a través de su memorial de Recurso de Revocatoria resuelto a través del Auto cursante a fs. 1681 de la carpeta de saneamiento, evidenciándose de este modo que el ente administrativo dio a conocer en todo momento, los alcances del proceso a los beneficiarios, no habiéndoseles privado por ende de su derecho constitucional a la defensa.

Con relación a la posibilidad de que se presente fraude procesal al subsanarse el Informe el Conclusiones sin anular el Informe de Cierre puesto que este último publicita y socializa los resultados y datos del proceso de saneamiento, corresponde enfatizar que este último, conforme a lo preceptuado en el art. 305, expresa "de manera resumida los datos y resultados preliminares de los predios objeto de saneamiento. Este documento deberá ser puesto en conocimiento de propietarios, beneficiarios, poseedores y terceros interesados, asimismo, de las personas representantes o delegadas de las organizaciones sociales o sectoriales acreditadas, a objeto de socializar sus resultados y recibir observaciones o denuncias", es decir, que el objetivo principal del documento es hacer conocer los resultados preliminares del proceso a efectos de que los interesados puedan plantear observaciones o denuncias.

Sin embargo, como se explicó previamente, las normas que disponen el control de calidad del proceso no establecen que a objeto de subsanar errores u omisiones de fondo se deba proceder a anular el informe de cierre, sino, por el contrario, convalidar los actuados por errores u omisiones subsanados. No obstante, también como se explicó en un acápite precedente, con la finalidad de no vulnerar el derecho a la defensa que asiste a los beneficiarios del predio La Unión, el ente administrativo, habiendo realizado la subsanación de omisiones y errores a través del Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE N° 193/2013 en el que se sugirió la superficie final a reconocerse, fue puesto a conocimiento de los beneficiaros, quienes pudieron plantear su reclamo a través del memorial de recurso de revocatoria referido supra. En tal circunstancia, no resulta evidente el reclamo planteado en este punto por los demandantes.

Respecto a la falta de motivación y/o fundamentación de la Resolución Suprema impugnada e inexistencia de congruencia en los actos de la entidad administrativa , corresponde de manera preliminar, revisar y contextualizar la normativa vigente en torno a lo acusado:

Con relación a las resoluciones administrativas, el art. 2 del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, prescribe: "El presente Reglamento se aplicará exclusivamente a los procedimientos agrarios administrativos; cuando no exista norma expresa se aplicarán supletoriamente las normas del procedimiento administrativo (...)", en ésta línea, el art. 48 parágrafo I de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 (Ley de Procedimiento Administrativo) señala: "Para emitir la resolución final del procedimiento, se solicitaran aquellos informes que sean obligatorios por disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para dictar la misma (...)" , en similar sentido, el art. 62, inc. m) del Decreto Reglamentario de la L. N° 2341 dispone: "En el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba", concluyéndose que el ente administrativo se encuentra facultado para solicitar informes que considere necesarios, a fin de fundamentar en ellos, las conclusiones de las resoluciones a emitirse, en ésta línea, el art. 52.III de la Ley de Procedimiento Administrativo (L. N° 2341 de 23 de abril de 2002) prescribe: "La aceptación de informes o dictámenes servirá de fundamentación a la resolución cuando se incorporen al texto de ella" resultando que toda entidad administrativa, a tiempo de emitir sus resoluciones, podrá citar los informes que tuvo a bien considerar a efectos de emitir su decisión, mismos que constituirán los fundamentos y razones de la decisión que se asume en el conocimiento de determinado asunto, no siendo necesario desarrollar, "nuevamente", las consideraciones de hecho y/o de derecho que precisamente (ya) fueron consideradas en los informes que se citan en la resolución correspondiente.

En torno a los contenidos del Informe en Conclusiones , el art. 304 inc. a) del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, señala: "Los contenidos del Informe en Conclusiones, son: a) Identificación de antecedentes del derecho propietario en los procesos agrarios en trámite o titulados y de la existencia de vicios de nulidad relativa y/o absoluta en los mismos (...) b) Consideración de la documentación aportada por las partes interesadas relativa a su identificación personal, el derecho propietario o la posesión ejercida" (las negrillas fueron añadidas).

En éste contexto, el art. 334 del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, ordena: "I. La Resolución Suprema anulatoria, se emitirá cuando el Título Ejecutorial esté afectado por vicios de nulidad absoluta , o cuando el Título Ejecutorial esté afectado por vicios de nulidad relativa y no exista cumplimiento de la función social o económico social de la tierra; y dispondrá: a) La nulidad del (los) Título (s) Ejecutorial (es) y proceso agrario que sirvió de antecedente y calidad fiscal de las tierras a nombre del Estado , si corresponde (...) d) El desalojo conforme lo dispuesto en los Artículos 453 y 454 del presente Reglamento" (las negrillas nos corresponden).

En éste ámbito normativo se concluye que, el Informe en Conclusiones, conforme al D.S. N° 29215, es el documento en el que se ingresa al análisis del cumplimiento de la función social y/o función económico social, la preexistencia de derechos reconocidos mediante título ejecutorial o resoluciones cursantes en procesos agrarios en trámite o derechos emergentes de la posesión de predios agrarios y la existencia de vicios de nulidad absoluta o relativa, sin perjuicio de que sus resultados y conclusiones puedan ser revisados de forma posterior y previa a la emisión de la Resolución Final de Saneamiento.

De la revisión de antecedentes, en relación a los informes emitidos por la entidad administrativa y la resolución final de saneamiento; de fs. 1577 a 1588 cursa Informe en Conclusiones de 28 de noviembre de 2011 cuyo numeral 5. Conclusiones y Sugerencias, sugiere se emita Resolución Suprema a través de la cual se reconozcan derechos sobre un total de 38.413,5216 ha, que corresponden al predio denominado LA UNIÓN, 13521,8841 ha (vía conversión de títulos ejecutoriales), 3517.4239 ha (vía modificación de resoluciones cursantes en expedientes agrarios) y 21374.2136 ha (vía adjudicación), precisando que el derecho tiene como antecedente y/o se sustenta en los expedientes agrarios 17278, 8334, 24965, 37368, 57547, 58239, 56998 , en la posesión y cumplimiento de la Función Económico Social identificada en el predio, sugerencia replicada en el Informe de Cierre cursante a fs. 1591 y en el Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 139/2012 de 13 de marzo de 2012, cursante de fs. 1604 a 1608 en el que, en todo caso, se efectúan correcciones a favor de los administrados.

De fs. 1632 a 1633 cursa Informe Legal DGS-JRLL-SC- NORTE INF. N° 942/2012 de 25 de septiembre cuyo parágrafo II en lo pertinente expresa: "(...) Cumplidas las diferentes etapas y actividades dentro el proceso de saneamiento del referido predio "LA UNIÓN"; Se encuentra conforme nuestra normativa agraria vigente, para la elaboración de Proyecto de Resolución final de Saneamiento, de acuerdo al artículo 325 parágrafo I Decreto Supremo No. 29215 de la Ley No. 1715 y su modificatoria Ley No 3545 (...)", sin embargo de ello, es preciso remarcar que las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, en relación a los controles de calidad señalan:

"Los procedimientos de saneamiento en curso que se encuentren pendientes de firma de Resoluciones Finales de Saneamiento, cuando exista denuncia o indicios o duda fundada , sobre sus resultados, será objeto de revisión de oficio por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, para garantizar la legalidad del procedimiento (...)", y;

"(...) El presente Reglamento será aplicable a partir de la fecha (...), respetando actos cumplidos aprobados y las resoluciones ejecutoriadas, salvo los efectos de la aplicación de controles de calidad, supervisión y seguimiento " (las negrillas fueron añadidas)

Contexto normativo que nos permite concluir que los controles de calidad, a efectos de garantizar la legalidad de los actos de la entidad administrativa, son susceptibles de iniciarse y sustanciarse de oficio , a sola existencia de duda fundada sobre la legalidad de los actos administrativos ejecutados, no existiendo norma legal que restrinja ésta facultad , identificándose, tan sólo, una limitante, "que las resoluciones finales de saneamiento no se encuentren firmadas" salvo las excepciones que fija el art. 267, parágrafo I, párrafo segundo del D.S. N° 29215.

De fs. 1647 a 1654 cursa Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE N° 193/2013 de 5 de marzo de 2013 cuya parte introductoria precisa: "Revisados los antecedentes del proceso de saneamiento correspondiente al predio "LA UNIÓN" (...), el cual fue remitido a esta Unidad a los efectos de control de calidad, elevamos a su consideración el presente Informe Legal " (el subrayado es nuestro), entendiéndose que el mismo fue emitido con la permisión y facultad contenida en las precitadas Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, concordantes con el art. 266 del mismo cuerpo normativo, no existiendo incompatibilidad o contradicción con el Informe en Conclusiones de 28 de noviembre de 2011, en razón a que el Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE N° 193/2013, en su epígrafe III. observa: "En el Informe en Conclusiones se omite considerar que la sobreposición a la zona F norte de colonización, del título ejecutorial N° 390171 correspondiente al expediente N° 17278 A (LA UNIÓN) y los títulos de los expedientes agrarios N° 24965 (EL ENCANTO) y N° 37368 (VENECIA), tienen vicios de nulidad absoluta, al haberse sustanciado la Dotación ante el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria el cual carecía de jurisdicción y competencia en ésta área (...). Por otro lado el Informe Legal DG-JRLL SC NORTE N° 139/2012 de fecha 13 de marzo de 2012, no observa el art. 398 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que dispone: 'Se prohíbe el latifundio (...) En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas'", y posteriormente, en resguardo del principio de legalidad, el precitado informe arribó a las siguientes conclusiones que guiaron el proceder de la entidad administrativa: "Habiéndose efectuado el control de calidad e identificado el error corresponde subsanar el Informe en Conclusiones de fecha 28 de noviembre de 2011 e Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 139/2012 de fecha 13 de marzo de 2012 (...) "

En razón a esto se efectuó un nuevo análisis, técnico y legal de la información generada en ejecución del proceso de saneamiento, que subsanó errores u omisiones identificados en etapas e informes anteriores, y aplicó medidas correctivas que vienen de las sugerencias del informe en análisis que, en definitiva consideró que los títulos con antecedente en los expedientes agrarios N° 17278, 24965 y 37368 se encuentran afectados de nulidad absoluta , por lo que no los consideró como antecedentes del derecho de propiedad de los administrados y que conforme a lo regulado por el art. 398 de la CPE asumió aquella decisión, concluyéndose que:

i) El Instituto Nacional de Reforma Agraria, conforme al análisis previo y lo establecido en los precitados arts. 2 de la L. N° 1715, 48-I de la L. N° 2341, 62 inc. m) del Decreto Reglamentario de la L. N° 2341, 304 y 334 del D.S. N° 29215, de forma previa a emitirse la Resolución Final de Saneamiento, se encontraba facultado para realizar y emitir informes de control de calidad a efectos de garantizar la legalidad de sus actos, no identificándose normas que restrinjan o limiten ésta potestad administrativa.

ii) El Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE N° 193/2013 fue emitido en mérito a las facultades otorgadas por las Disposiciones Primera y Segunda y art. 266 del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, estando desarrolladas las razones por las que se considera que las sugerencias del Informe en Conclusiones deben ser modificadas por no haberse considerado la restricción contenida en el art. 398 de la CPE y que los expedientes agrarios 17278 (LA UNIÓN), 24965 (EL ENCANTO) y 37368 (VENECIA) se encuentran afectados por vicios de nulidad absoluta y no por vicios de nulidad relativa como se razonó (previamente) en el Informe en Conclusiones, evaluación que si bien debió ser efectuada en el Informe en Conclusiones conforme a lo preceptuado por el precitado art. 304 del D.S. N° 29215, su omisión no impedía que la entidad administrativa la realice en momentos posteriores conforme a los precitados arts. 2 de la L. N° 1715, 48-I de la L. N° 2341 y 62 inc. m) del Decreto Reglamentario de la L. N° 2341.

Sin embargo, si bien el INRA, como se vio, se encuentra facultado para efectuar correcciones hasta antes de la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, en el caso concreto, el Informe Técnico Legal DGS-JRLL-SCZ-NORTE N° 193/2013 adolece de observaciones que oportunamente correspondía a la autoridad administrativa aclarar, es decir, por una parte, debía haberse procedido a fundamentar respecto a la aseveración de que en el Informe en Conclusiones se hubiese omitido considerar la sobreposición con la zona F; y por otro lado, la falta de argumentos convincentes, técnicos o legales acerca del por qué ya no se debían considerar o descartar las consideraciones arribadas respecto a la sobreposición con la zona de Colonización "F" en el Informe en Conclusiones.

Estas observaciones, que debían ser objeto de explicación suficiente, clara y precisa por el INRA, adquieren relevancia cuando de por medio se evidencia que la superficie reconocida en el Informe en Conclusiones a favor de los beneficiarios del predio La Unión, se ve disminuida considerablemente producto del control de calidad efectuado a través del Informe Técnico Legal DGS-JRLL SC NORTE INF. N° 193/2013, en el que si bien se identificaron las omisiones en las que se hubiese incurrido en informes precedentes, brindando una explicación escueta al respecto, sin embargo, al margen referir equivocadamente que en el Informe en Conclusiones no se consideró la sobreposición con la zona "F" de Colonización, se vuelve a incurrir en la omisión de no fundamentar convincentemente a cerca del por qué no resultarían ya válidos los argumentos del Informe Técnico Legal BID 1512 N° 1568/2010 de 2 de agosto de 2010, que sirvió de base para considerar plenamente válidos los expedientes agrarios que constituyen el respaldo del derecho propietario del predio La Unión, vulnerándose con esta omisión el derecho al debido proceso en su vertiente debida fundamentación, entendiéndose que la debida fundamentación guarda correspondencia con la exposición de los hechos, expresados en forma clara y precisa por parte de la autoridad encargada de emitir el criterio definitorio, relacionando los mismos con la normativa aplicable, de manera tal que permita inobjetablemente al interesado, conocer las razones que se consideraron para haber pronunciado criterio en uno u otro sentido por parte de la autoridad, en este caso, administrativa, así también se tiene entendido de la línea jurisprudencial establecida en la SCP N° 1621/2013 de 4 de octubre y SC 1289/2010R, puesto que a la postre, en el caso concreto, el Informe Técnico Legal DGS-JRLL SC NORTE INF. N° 193/2013, constituyó el fundamento para la toma de decisiones de la autoridad administrativa plasmada en la Resolución Final de Saneamiento impugnada, razones que obligan al ente administrativo a elaborar un informe complementario al precitado informe de control de calidad, en el que se fundamente debidamente la sobreposición con la zona "F" de colonización, explicando al mismo tiempo en forma precisa, con argumentos tanto técnicos y legales convincentes.

Por las razones expuestas, corresponde aclarar que si bien el Tribunal de Garantías, al conceder la tutela a la parte actora en la acción de amparo constitucional, precisó que este Tribunal realizó una inadecuada aplicación de los artículos 393 y 399 de la C.P.E., corresponderá al ente administrativo, una vez establecidos a ciencia cierta los argumentos concernientes a la sobreposición con la zona "F" de Colonización, considerar los alcances de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Garantías en lo inherente a los precitados preceptos constitucionales.

Respecto al Informe Técnico Legal AVC-SCZ N° 221/2011 de 5 de diciembre de 2011 cursante de fs. 1597 a 1599, Informe Técnico Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 254/2012 de 17 de abril de 2012 cursante de fs. 1625 a 1627 e Informe Legal DGS-JRLL SC NORTE N° 942/2012 de 25 de septiembre de 2012 cursante de fs. 1632 a 1633, no corresponde efectuar mayores consideraciones en razón a que los mismos no modifican los resultados insertos en el Informe en Conclusiones, no estando acreditada la forma en la que los mismos hubiesen causado menoscabo o vulneración de los derechos o garantías de los ahora demandantes escapando, por lo mismo, de los límites de los principios de legalidad y trascendencia.

POR TANTO: La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, administrando justicia en única instancia, en virtud de la jurisdicción y competencia que le otorgan los arts. 7, 186 y 189-3) de la C.P.E., art. 36-3 de la L. N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por el art. 21 de la L. Nº 3545, concordante con lo dispuesto por el artículo 68 de la referida Ley, arts. 11 y 12 de la L. Nº 25 del Órgano Judicial y 13 de la L. N° 212 de 23 de diciembre de 2011, FALLA declarando PROBADA EN PARTE la demanda contenciosa administrativa de fs. 337 a 356 vta., subsanada por memorial de fs. 361 vta., interpuesta por Fulvio Libero Antonio Ferrero Mantovani, María Nadia Ferrero de Voss, María Elva Isabel Landivar de Ferrero, Hans Werner Voss Soruco, Marco Enrico Ferrero Mantovani, Carla Paola Sattori de Ferrero, Paolo Michele Ferrero Mantovani, Verónica Harb Méndez, Nancy Ribera Gorbal, Norma Roxana Méndez de Harb, contra Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Nemesia Achacollo Tola, Ministra de Desarrollo Rural y Tierras; en consecuencia, nula la Resolución Suprema 11864 de 15 de abril de 2014, asimismo se dispone la nulidad de obrados del proceso de saneamiento hasta fs. 1700, debiendo disponerse que, previo a la emisión de la resolución final de saneamiento, se emita informe complementario al informe de control de calidad, que conforme a derecho, valore la información que fue integrada al proceso, conforme al razonamiento efectuado en la presente resolución.

Notificadas que sean las partes con la presente sentencia, devuélvase los antecedentes remitidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria en el plazo máximo de 30 días, toda vez que ya se encuentran radicadas en este Tribunal, fotocopias del expediente de saneamiento.

No firma el magistrado Dr. Javier Peñafiel Bravo por ser de voto disidente

Regístrese, notifíquese y archívese.

Fdo.

Magistrada Sala Segunda Dra. Deysi Villagomez Velasco.

Magistrado Sala Segunda Dr. Bernardo Huarachi Tola.