SAN-S2-0021-2016

Interpone demanda contenciosa administrativa, impugnando la Resolución Administrativa RA SS N° 1361/2010 de 17 de diciembre de 2010, emitida en el proceso de Saneamiento Simple de Oficio SAN-SIM ejecutado en el polígono N° 020, propiedad denominada MONTE VERDE, con base en los siguientes argumentos:

1. Señala, que del Informe Legal BID Nro. 2556/2010 de 27 de septiembre de 2010 del INRA, con base en el informe técnico de 17 de septiembre de 2010, el predio no se encuentra sobrepuesto a los antecedentes agrarios 54703, 54705 y 54706 , por lo que no corresponde considerar los documentos acompañados, debiendo considerarse al beneficiario en calidad de poseedor, razón por la que se resolvió emitir resolución administrativa de adjudicación sobre una superficie de 1833.0235 ha. a favor de Neiva Lucía Tenfen Wazilewski y Clovis Wazilewski; informe que señala se encuentra corroborado por el Informe Técnico INF/VT/DGT/UTNIT/0070-2013 de 23 de agosto de 2013 evacuado por el Viceministerio de Tierras, sobre Mosaico de Antecedentes Agrarios, concluyéndose que los expedientes agrarios 54703 (Monte Verde), 54705 (La Envidia) y 54706 (Paisaje), no se sobreponen al predio Monte Verde, encontrándose los mismos, a una distancia de 62 km. del área de saneamiento aproximadamente.

2. Transcribiendo los arts. 46 de la Ley No. 1715 y 396 de la C.P.E. señala que el INRA omitió considerar dichas disposiciones a momento de emitir la Resolución Administrativa RA SS N° 1361/2010 de 17 de septiembre de 2010 y reconocer derechos a favor de Neiva Lucia Tenfen Wazilewski y Clovis Wazilewski de nacionalidad brasilera, nacionalidad que es corroborada por información de la Dirección General de Migración mediante Certificación N° 17894 y 17893 de 8 de septiembre de 2011 cursante a fs. 241 y 242, por lo que no correspondía reconocer ningún derecho, menos la superficie de 1833.0235 ha, ya que el reconocimiento de derechos sobre propiedad agraria se encuentra condicionada a que la misma emerja de un derecho consolidado y titulado por el Estado como establece el art. 46-IV de la Ley No. 1715, incurriendo en error, omisión e ilegalidad, al no realizar una adecuada valoración sobre la nacionalidad de los beneficiarios del predio y su condición de poseedores, transgrediendo lo dispuesto en los arts. 303 y 304 inc. b) del D.S. No. 29215, vulnerándose los arts. 46-III y IV y 64 de la Ley No. 1715 y art. 396-II de la C.P.E., al emitir la Resolución Administrativa RA SS Nro. 1361/2010 de 17 de diciembre de 2010 , al igual que el Informe de Evaluación Técnico Jurídica, Informe en Conclusiones de EPR, e Informe de Control de Calidad ., aspecto que fue observado por el INRA mediante Informes de 2 de diciembre de 2011 y 10 de enero de 2012 cursantes a fs. 247 y 250 de la carpeta de saneamiento, indicando: "La resolución emitida va contra la Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos reconocidos a ciudadanos extranjeros"

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, declara PROBADA la demanda contenciosa administrativa, en consecuencia nula la RA SS N° 1361/2010 de 17 de diciembre de 2010, con base en los siguientes argumentos:

1. El Viceministerio de Tierras cumplió con su rol de fiscalización, en cuya consecuencia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, conforme a lo regulado por la Disposición Final Vigésima del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007 procedió a notificar, el 14 de mayo de 2014, con la Resolución Administrativa RA SS No. 1361/2012 de 17 de diciembre de 2010, conforme consta de la diligencia de fs. 269 del expediente de saneamiento y fs. 4 del contencioso administrativo, quedando identificado el momento a partir del cual inicia el plazo fijado por el art. 68 de la L. N° 1715, resultando sin sustento el afirmarse que la demanda fue presentada fuera del plazo otorgado por la precitada norma legal, no siendo aplicables al caso en examen los arts. 1289.I. y 1290.I. del Cód. Civ., por no existir correlación con lo regulado por la Disposición Final Vigésima del D.S. N° 29215 y las diligencias de notificación con la resolución impugnada que, como se tiene señalado, se efectuaron conforme a lo regulado por la pre nombrada disposición legal, norma especial en la que no se identifica vacios que subsanar bajo el régimen de supletoriedad o conforme a casos análogos.

2. Conforme a los términos de la demanda, la parte actora no cuestiona el cumplimiento o incumplimiento de la Función Económico Social, sino en la existencia de una norma prohibitiva que, de acuerdo a los términos de la demanda, no fue considerada por la entidad administrativa, resultando irrelevante ingresar al análisis de éste elemento, máxime si bajo el principio de autonomía de la voluntad, la decisión de la autoridad jurisdiccional debe enmarcarse en los límites de lo demandado.

3. No habiéndose acreditado que lo acusado ingrese en los límites de los principios de trascendencia y/o legalidad, no haberse identificado de forma adecuada los actuados que les causaron agravios, menos haberse probado la forma en que dichos actos, por sí mismos, vulneran sus derechos y garantías constitucionales, corresponde remarcar que el Informe Técnico INF/VT/DGT/UTNIT/0070-2013 cursante de fs. 9 a 13 del contencioso administrativo (citado en el memorial de contestación en examen), efectúa el análisis de dos elementos: a) Cumplimiento de la FES que, como se tiene dicho, no constituye un fundamento de la demanda y b) Inexistencia de sobreposición del predio con expedientes agrarios cuyas conclusiones no son rebatidas por los terceros interesados, quienes aceptan éste hecho conforme a los términos del memorial de fs. 64 a 71 vta. en el que, entre otros aspectos, se señala: "no es menos cierto que el Sr. Wazilewski, no hizo uso de su derecho de observar tal informe , con el fin de lograr de la manera más pronta la titulación de su predio" y "En otras palabras señores Magistrados la mención del "desplazamiento" de predios no sustenta ningún vicio de fondo en el procedimiento de saneamiento, por lo que su análisis y consideración es totalmente irrelevante a los fines de la nulidad solicitada por el recurrente" (las negrillas nos corresponden), resultando sin sustento lo acusado en éste punto.

4. Conforme al análisis efectuado en el numeral I.5. de la presente sentencia, los interesados, a tiempo de acreditar su identidad, presentaron a la entidad administrativa los documentos con números de control 4653024 y 4705538 de cuyo contenido se acredita que Clovis Wazilewski y Neiva Lucia Tenfen Wazilewski tienen la nacionalidad brasilera, no habiéndose analizado éste hecho, positiva o negativamente, incurriendo la autoridad administrativa en omisión en razón a que, a tiempo de sustanciarse el proceso de saneamiento, se encontraban vigentes normas imperativas que obligan, al Instituto Nacional de Reforma Agraria, a valorar éste aspecto, en éste sentido, conforme a lo considerado por éste Tribunal en la Sentencia Nacional Agroambiental S2° N° 01/2015 de 5 de enero de 2015, cuya parte pertinente se encuentra transcrita en el acápite I.2. de ésta resolución y conforme a la conclusión arribada en el numeral II.1. que antecede, el Instituto Nacional de Reforma Agraria no sólo se encontraba facultado sino en el deber de considerar si los administrados, conforme a las normas vigentes al momento de sustanciarse el proceso de saneamiento podían beneficiarse con la adjudicación de tierras, toda vez que, como se tiene desarrollado en los numerales I.2. y 1.4. de la presente sentencia, el art. 46 de la L. N° 1715 desarrolla un precepto imperativo negativo de cumplimiento obligatorio y al apartarse del mismo sin la debida fundamentación quedan viciados los actos de la autoridad emisora de la resolución impugnada

5. Conforme al análisis efectuado por la entidad administrativa y no cuestionado y menos desacreditado por los terceros interesados, éstos, ostentan la calidad de poseedores del predio, es decir se resguardan bajo una situación de hecho, en tal razón, a la entrada en vigencia de la CPE de 2009, no se tenía reconocido un derecho (vía adjudicación o dotación) y/o como se señala en el art. 64 de la L. N° 1715 no se tenía regularizado o reconocido un derecho de propiedad agraria, en ésta línea, a esta "situación de hecho" correspondió aplicar los alcances del art. 396 de la CPE promulgada en febrero de 2009, en sentido de que esta norma constitucional, de aplicación inmediata, no modifica sustancialmente el art. 46 de la L. N° 1715 que, como se tiene analizado ya contenía un precepto prohibitivo expreso que no fue valorado positiva o negativamente conforme a lo desarrollado en el numeral II.2. de ésta sentencia, no existiendo un desconocimiento del derecho de propiedad, en mérito a que, los ahora terceros interesados solo acreditaron una "situación de hecho" que debe ser valorada conforme a normas permisivas y prohibitivas que se encuentran inmersas en el ordenamiento jurídico vigente, aspecto que no puede ser considerado como una violación de normas legales y/o constitucionales o normas insertas en Convenciones, Declaraciones, etc. del derecho internacional.

PROPIEDAD AGRARIA / LÍMITES DE LA PROPIEDAD AGRARIA / RÉGIMEN DE EXTRAJEROS

A la entrada en vigencia de la CPE de 2009, no se tenía reconocido un derecho (vía adjudicación o dotación) y/o como se señala en el art. 64 de la L. N° 1715 no se tenía regularizado o reconocido un derecho de propiedad agraria, en ésta línea, a esta "situación de hecho" correspondió aplicar los alcances del art. 396 de la CPE promulgada en febrero de 2009, en sentido de que esta norma constitucional, de aplicación inmediata, no modifica sustancialmente el art. 46 de la L. N° 1715 que ya contenía un precepto prohibitivo expreso que no fue valorado positiva o negativamente, no existiendo un desconocimiento del derecho de propiedad, en mérito a que, los ahora terceros interesados solo acreditaron una "situación de hecho" que debe ser valorada conforme a normas permisivas y prohibitivas que se encuentran inmersas en el ordenamiento jurídico vigente, aspecto que no puede ser considerado como una violación de normas legales y/o constitucionales o normas insertas en Convenciones, Declaraciones, etc. del derecho internacional.

"(...) cabe remarcar que, conforme al análisis efectuado por la entidad administrativa y no cuestionado y menos desacreditado por los terceros interesados, éstos, ostentan la calidad de poseedores del predio, es decir se resguardan bajo una situación de hecho, en tal razón, a la entrada en vigencia de la CPE de 2009, no se tenía reconocido un derecho (vía adjudicación o dotación) y/o como se señala en el art. 64 de la L. N° 1715 no se tenía regularizado o reconocido un derecho de propiedad agraria, en ésta línea, a esta "situación de hecho" correspondió aplicar los alcances del art. 396 de la CPE promulgada en febrero de 2009, en sentido de que esta norma constitucional, de aplicación inmediata, no modifica sustancialmente el art. 46 de la L. N° 1715 que, como se tiene analizado ya contenía un precepto prohibitivo expreso que no fue valorado positiva o negativamente conforme a lo desarrollado en el numeral II.2. de ésta sentencia, no existiendo un desconocimiento del derecho de propiedad, en mérito a que, los ahora terceros interesados solo acreditaron una "situación de hecho" que debe ser valorada conforme a normas permisivas y prohibitivas que se encuentran inmersas en el ordenamiento jurídico vigente, aspecto que no puede ser considerado como una violación de normas legales y/o constitucionales o normas insertas en Convenciones, Declaraciones, etc. del derecho internacional".

"(...) Mabel Goldstein, en su Diccionario Jurídico "CONSULTOR MAGNO", Edición 2013, Pág. 40, precisa que la adjudicación es el "Acto por el cual una autoridad, con atribuciones legales para hacerlo , concede, atribuye u otorga un bien a una persona, le reconoce un derecho (...)" (las negrillas son nuestras), asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, Tomo I, Vigésima Séptima Edición, Pág. 165, define a la adjudicación como la "Declaración de que algo concreto pertenece a una persona (...) La adjudicación, que constituye uno de los modos de adquirir la propiedad (...)" y precisa que la Adjudicación de Bienes consiste en la "Asignación y entrega de un conjunto de bienes a las personas que les corresponden según ley (...)" (las negrillas fueron añadidas), entendiéndose que la adjudicación, por esencia, se forma en base a dos elementos sustanciales, la inexistencia (previa) de un derecho y la creación de uno, en tal razón quien se adjudica un bien, obtiene para sí, el reconocimiento de un derecho, declaración que en sí, nace de la decisión de una autoridad con facultades expresas para ello".

"(...) Mabel Goldstein, quien en su Diccionario Jurídico "CONSULTOR MAGNO", Edición 2013, Págs. 281 y 282, ingresando a la definición de "Fiscal" precisa: "Calificativo de lo perteneciente al Fisco (...)" y haciendo referencia al vocablo "Fisco" señala: "Denominación del Estado cuando desenvuelve su personalidad en el campo del derecho (...)" (las negrillas fueron añadidas), facilitando la comprensión de lo que ha de entenderse por "tierras fiscales", aquellas que pertenecen al Estado, correlativo a lo desarrollado en el numeral I.2. que antecede, en tal sentido tierras sobre las que no se tienen reconocidos derechos a favor de particulares".

"(...) el autor José Antonio Ribera Santivañez en su libro "JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL", segunda edición, pág. 80, refiere: "En definitiva, este principio significa que el interprete no debe limitarse en su labor interpretativa al análisis y cotejo de uno o varios artículos (...), sino debe basar sus decisiones teniendo en cuenta la concordancia o armonización con todas aquellas normas que tengan relación al caso o asunto a resolver" (las negrillas nos corresponden), por lo que éste Tribunal concluye que, la prohibición contenida en el art. 46.III de la L. N° 1715, proyecta sus alcances a todos los procesos de adjudicación y/o dotación de tierras, sea vía proceso de saneamiento u otras formas reguladas por ley".

"(...) la Sentencia Nacional Agroambiental S2° N° 01/2015 de 5 de enero de 2015, cuya parte pertinente fue desarrollada en el numeral I.2. de la presente resolución; "el reconocimiento, protección y extinción de derechos individuales o colectivos debe ser encarado en un marco amplio y no restrictivo, sustentando cualesquier toma de decisiones no solo en el cumplimiento o incumplimiento de la función social o función económica social , sino también en el análisis de normas que contienen preceptos prohibitivos de observancia obligatoria aspecto ya reconocido, implícitamente, en la C.P.E. de 1967 (...), cuyo art. 165, de forma imperativa expresaba: "Las tierras son del dominio originario de la Nación y corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural", en sentido de que no se podrá permitir que éstos procesos (distribución, reagrupamiento y redistribución) se realicen al margen de la ley. Asimismo, de acuerdo al análisis efectuado en el numeral I.3. de ésta sentencia, la regularización del derecho de propiedad agraria, proceso de saneamiento, implícitamente regula procesos de distribución de tierras sobre las que no se hayan reconocido derechos, en tal sentido, el art. 205 del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000 (vigente al momento de ejecutarse los trabajos de campo) prescribía: "Los pueblos o comunidades indígenas u originarias y comunidades campesinas (...), adquirirán la propiedad de las superficies que poseen mediante dotación , y otras personas individuales o colectivas mediante adjudicación " habiéndose concluido en la presente sentencia (numeral I.3. ) que la "dotación" y "adjudicación", sea vía proceso de saneamiento u otro trámite regulado por ley, constituyen formas de distribuir las tierras sobre las que (el interesado) no tiene reconocido un derecho es decir mecanismos que permiten reconocer derechos (sobre tierras disponibles) a favor de particulares, en este contexto, el art. 46, parágrafo III de la L. N° 1715 (vigente durante la sustanciación del proceso de saneamiento) de forma textual señala: "Las personas extranjeras naturales o jurídicas no podrán ser dotadas ni adjudicadas de tierras fiscales en el territorio nacional" (las negrillas fueron agregadas) norma expresa que no admite distinciones como las que tratan de introducir los terceros interesados, no siendo admisible que se trate de otorgar alcances diferenciados a los mecanismos de dotación y/o adjudicación que en esencia, como se tiene analizado en el numeral I.3. de ésta resolución se sustentan en dos elementos que se complementan: a) Inexistencia de un derecho reconocido a favor del interesado o, dicho de otra forma, existencia de tierras sobre las que el particular (interesado) no tiene reconocido un derecho (tierras disponibles) y b) Reconocimiento de un derecho a favor de particulares y, si bien las formas procesales y/o el trámite pueden sufrir variables, el sustento y fin de la dotación y la adjudicación de tierras disponibles no difieren sustancialmente, en tal razón las normas sustantivas, como la contenida en el art. 46.III de la L. N° 1715 proyectan sus efectos a todas las formas o mecanismos de "dotación" o "adjudicación" de tierras".