ANA-S2-0028-2016

" (...) En esa línea es preciso aclarar que en materia agraria, ahora agroambiental, el derecho propietario de bienes inmuebles agrarios se acreditada mediante título idóneo, consistente en Título Ejecutorial u otro documento traslativo de dominio con antecedente en Título Ejecutorial y/o tradición agraria debidamente registrada en Derechos Reales, en éste ámbito se cita el D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, cuyo art. 393 precisa: "El Título Ejecutorial es un documento público a través del cual el Estado reconoce el derecho de propiedad agraria a favor de sus titulares " concordante con el art 395 de la misma norma legal que, a la letra indica: "I. Los Títulos Ejecutoriales tendrán el siguiente contenido: a) Clasificación y actividad (es) en la propiedad; b) Modalidad de adquisición de la propiedad agraria y número de trámite; c) Individualización de la resolución que respalda su otorgamiento; d) Nombre de la persona física o jurídica en favor de la cual se extiende el título ; e) Ubicación geográfica, superficie y colindancias de la propiedad agraria; f) Régimen jurídico especial aplicable a la clasificación de la propiedad agraria y de restricciones de uso, según corresponda; g) Se hará referencia al código que identifica el predio y h) Otras especificaciones (...)".

En éste ámbito doctrinal y normativo, de la revisión de antecedentes, se tiene que:

De fs. 2 a 3 cursa, Título Ejecutorial PPD-NAL-322113 de 13 de junio de 2014, emitido a favor de Sabino Cadena Gareca, Ricardo Cadena jurado, Rogelio Enildo Cadena Ortiz y María Gareca Cazón.

De fs. 185 a 187 vta. cursa, Acta de Audiencia Principal y Publica de 13 de enero de 2016, en la que, la autoridad jurisdiccional admite como pruebas de cargo el Título Ejecutorial y el Certificado de Propiedad de 11 de febrero de 2015 emitido por la oficina de Derechos Reales de Tarija; identificando los puntos de hecho a ser probados por la parte actora "(...) 1. Demostrar el derecho como propietario del predio denominado Parcela 043 dentro la comunidad Campesina lazareto, ubicada en el municipio de cercado con una superficie de 4.1281 has, mediante título autentico de dominio (...)", concluyéndose que, en el caso en análisis el demandante presentó, en calidad de prueba, Título Ejecutorial y Certificado de Propiedad emitido por Derechos Reales, esto a efectos de demostrar los puntos de hecho a probar, aspecto que fue correctamente valorado por la autoridad jurisdiccional, conforme se tiene desarrollado en el parágrafo II de la sentencia recurrida (II. Fundamentación Fáctica), concluyéndose que la autoridad jurisdiccional, a tiempo de valorar el derecho de propiedad de la parte actora, ha dado una correcta aplicación del art. 596 del Cód. de Pdto. Civ., resultando sin sustento lo acusado por los ahora recurrentes."

"(...) En éste orden, se tiene que, de fs. 208 a 211, cursa Sentencia N° 04/2016 que en lo pertinente, en relación a la prueba testifical, señala: "(...) Las deposiciones de los testigos de descargo Nilda Carolina Velásquez de fs. 192 a 193, Alberto Gareca Gareca de fs. 193 a 194, Yenny Lili Gallardo Cadena de Jurado, de fs. 194 a 195, no son contestes y conducentes en cuanto a hechos, tiempo y lugar para la averiguación de los hechos (...)" , concluyéndose que, la autoridad jurisdiccional efectuó la valoración de la prueba ofrecida y/o producida durante la sustanciación del proceso y cuidó que lo decidido guarde correspondencia con lo demandado y lo probado por las partes."

"(...) de la revisión de antecedentes se tiene que si bien el recurrente en su memorial de responde a la demanda cursante de fs. 176 a 178, hace referencia a que Rogelio Enildo Cadena Ortiz sería ciudadano Argentino y tendría su domicilio en la ciudad de Córdova, motivo por el cual no podría adquirir tierras del Estado, conforme dispone el art. 396-II de la C.P.E., dicho aspecto no fue introducido al proceso como un elemento a ser probado, es decir, no fue integrado a la demanda y mucho menos a la discusión fáctica y/o jurídica, motivo por el cual no mereció ser analizado en la tramitación del proceso y mucho menos resuelto en la sentencia a mas de que, si el demandado hubiese considerado que este aspecto resultaba fundamental a efectos de resolverse la demanda principal, debió ingresar dicha pretensión en el momento procesal oportuno, es decir, en la audiencia principal del proceso oral agrario, en el momento en el que la autoridad jurisdiccional procedió a fijar los puntos de hecho a ser probados y, al no hacerlo precluye su derecho, máxime si, como se tiene analizado los interdictos de adquirir la posesión se centran en la valoración de otros elementos y no precisamente en la doble nacionalidad que pueda tener la parte actora."

"(...) conforme se tiene precisado, la naturaleza del interdicto de adquirir la posesión, tiene por finalidad adquirir una posesión que nunca se ha tenido y se sustenta en el derecho (de propiedad) que ostenta quien demanda la participación de la autoridad jurisdiccional y en suma se busca que sea ésta quien le ministre la posesión solicitada, en tanto que, la nulidad de título ejecutorial busca extinguir un derecho, a través de un trámite particular que el ordenamiento jurídico se encarga de precisar, en éste marco, el tribunal de casación debe limitarse a revisar la decisión del juez y su pertinencia con los demandado, lo contestado y los actuados y pruebas introducidas, oportunamente, al proceso, en este sentido, revisados los antecedentes no se identifica que éste elemento haya formado parte del proceso, por lo mismo, a más de que la excepción de litispendencia fue resuelta, conforme a derecho, en el momento procesal oportuno por tratarse de una demanda que, por esencia, difiere diametralmente del interdicto de adquirir la posesión, éste Tribunal se ve impedido de ingresar en mayores consideraciones de orden legal."