SAN-S1-0102-2017

Lorgio Masai Umpi, interpone demanda contencioso administrativa contra el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, impugnando la Resolución Administrativa RT-ST N° 0182/2015 de 9 de octubre de 2015, emitida dentro del proceso de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) respecto al polígono N° 504, correspondiente al predio denominado “YOMOMITO”, ubicado en el municipio de Ascensión de Guarayos, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. Bajo los siguientes argumentos.

1.- Las ilegalidades incurridas en la Resolución Final de Saneamiento, haciendo referencia a Resolución Instructoria N° R-DM-TCO-005/2000 de 12 de octubre de 2000, la cual fue modificada por la Resolución Administrativa RES-ADM-RA-TCO N° 016/2013 de 28 de agosto de 2013, que Resuelve Reiniciar y Ampliar el plazo dispuesto por dicha Resolución Instructoria; refiere que Hilda Peredo Guzmán recién apareció después de más de 14 años, solicitando saneamiento y pretendiendo se le consolide derecho propietario, estando además dentro de la Reserva Forestal de Guarayos.

2.- La incompetencia del INRA para sanear en área urbana, ya que en el proceso cursa certificación en la que se indica que el sector del predio “Yomomito” se encontraría en área urbana; aspecto que determinaría que no tenía competencia para sanear dicha propiedad y que desde hace más de 8 años atrás, un grupo de indígenas guarayos se encuentra en quieta y pacifica posesión de un terreno de 33 has. donde tienen construidas más de 400 viviendas y habitan con sus familias, cumpliendo la Función Social por lo que se vulneró el art. 283-II del Reglamento citado.

3.- La mala valoración de la prueba, indicando que Hilda Peredo Guzmán presentó ante el INRA la minuta de 12 de marzo de 1981  y en su valoración, no tomó en cuenta que: a)  No cuenta con reconocimiento de firmas, b) La testigo Yrene Yamaruca Vaca, con C.I. Nº 7848493-SC firma al pie del documento con una cédula de identidad que no estaba vigente, c) El supuesto precio consignado en el documento de compra venta (60.000 Bs.), sería falso, d) No se verificó que la minuta de 12 de marzo de 1981 fue redactaa en un papel sellado que corresponde a octubre de 1981, demostrando así fraude sobre la antiguedad dela posesión.  

4.- El INRA debió realizar el control de calidad por que se deberían haber identificado las irregularidades o errores de fondo en el proceso de saneamiento ya que, en la fase de diagnóstico y planificación, no se  habría tomado en cuenta estos aspectos en perjuicio de muchas familias.

5.- La verificación de la FES, errónea aplicación de la Ley y falta de notificación, donde se manifiesta que los funcionarios del INRA, no tomaron en cuenta su posesión quieta y pacífica desde muchos años atrás, no pudiendo consolidarse el referido Barrio a una sola persona, que jamás estuvo en posesión, que nunca cumplió con la FS y FES ni se apersonó en el año 2000 al saneamiento de la TCO, además de que  nunca fueron citados con los actuados de saneamiento, incumpliéndose el art. 70 inc. c) y 73 del DS Nº 29215.

6.- Como consideraciones generales de orden jurídico, manifiesta que en el presente proceso el INRA, vulneró el principio de Seguridad Jurídica y Legalidad; debiendo aplicarse al presente caso, la Sentencia Constitucional 0006/2010-R de 6 de abril de 2010 (principio pro homine), art. 5 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art.13-IV, 256 y 122 de la CPE.

La autoridad demandada en el presente caso responde de manera negativa a todo lo expuesto por la parte actora.

Como tercer interesado se tiene a Hilda Peredo Guzmán la cual niega todos y cada uno de los puntos antes mencionados, Daniel Yaquena Yubanore representante de la TCO Guarayos el cual pese a ser notificado no se apersona al presente proceso.

El Tribunal, declaró IMPROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesto por Lorgio Masai Umpi, contra la Directora Nacional a.i. del INRA; en consecuencia se tiene firme y subsistente la Resolución Administrativa RA-ST N° 0182/2015 de 9 de octubre de 2015.

Son fundamentos centrales y puntuales para esta decisión.

1.- La beneficiaria del predio “Yomomito” demostró tener posesión sobre dicho predio antes de la vigencia de la L. N° 1715; siendo estos aspectos plenamente valorados en el Informe en Conclusiones, no encontrándose físicamente el predio en el área saneada el año 2000, motivo que dispuso la ampliación  del plazo dispuesto en la Instructoria de entonces. No corresponde se elabore un Informe de Necesidades Espaciales como erradamente acusa la parte actora al no ser un predio colectivo y sobre la Reserva Forestal de Guayaros a la que se encuentra sobrepuesta, siendo una pequeña propiedad agrícola, en cumplimiento del art- 309.II del DS 29215, corresponde su reconocimiento.

2.- Los antecedentes acreditan que el predio, no corresponde a una propiedad colectiva; constándose de la misma manera que no se transgredió el art. 283-II del Reglamento citado, porque en el expediente de saneamiento cursa Certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal que acredita que dicho predio se encuentra fuera del radio urbano; en consecuencia, el INRA asumió el proceso de saneamiento con plena competencia al encontrarse en área rural.

3.-  Se acredita que no existe mala valoración de la prueba en que haya incurrido la entidad administrativa y sobre los demás hechos acusados respecto a la valoración de la minuta de transferencia presentadas, no compete su valoración a la jurisdicción agroambiental; a más de que no existe constancia o prueba alguna que compruebe la falsedad de las mismas.

4.- Se verifica que el ente administrativo sí cumplió con todas las etapas del proceso de saneamiento; no evidenciándose la existencia de errores de forma y de fondo que ameriten ser subsanados o anulados en virtud a que la entidad administrativa clasificó al predio “Yomomito” como poseedores, aspectos que no ameritan la realización del control de calidad o fiscalización conforme los arts. 266 y 267 del D.S. N° 29215.

5.- El predio “Yomomito” tiene actividad antrópica a partir del año 1996; comprobando que el referido predio cumple con la Función Social y la parte actora sí tuvo conocimiento de todo el proceso de saneamiento y en ningún momento se la dejó en indefensión,  consecuentemente, no se ha vulnerado los arts. 70 inc. c), 71 y 73 del DS Nº 29215, como erradamente arguye la parte demandante. 

6.- Las normativas y Sentencias Constitucionales citadas por la parte demandante, no se enmarcan dentro de los fundamentos expuestos en la resolución, ya que la entidad administrativa valoró conforme a normativa administrativa agraria, la documentación presentada al proceso y cumplió con todas las etapas previstas en el reglamento agrario.

Si en demanda contencioso administrativa se argumenta fraude sobre la antigüedad de la posesión de quien se benefició en saneamiento argumentando falsedad de pruebas presentadas en dicho proceso, sin que exista constancia o prueba alguna de lo aseverado, estando por el contrario acreditada la posesión legal de la persona beneficiaria, no  compete valorar los hechos acusados a la jurisdicción agroambiental

SAN S1a N° 06/2017 (26 de enero de 2017)

SAP S2ª. Nº 58/2013 (21 de noviembre de 2013)

SAN S1a N° 56/2017 (31 de mayo de 2017)

Lorgio Masai Umpi, interpone demanda contencioso administrativa contra el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, impugnando la Resolución Administrativa RT-ST N° 0182/2015 de 9 de octubre de 2015, emitida dentro del proceso de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) respecto al polígono N° 504, correspondiente al predio denominado “YOMOMITO”, ubicado en el municipio de Ascensión de Guarayos, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. Bajo los siguientes argumentos.

1.- Las ilegalidades incurridas en la Resolución Final de Saneamiento, haciendo referencia a Resolución Instructoria N° R-DM-TCO-005/2000 de 12 de octubre de 2000, la cual fue modificada por la Resolución Administrativa RES-ADM-RA-TCO N° 016/20123 de 28 de agosto de 2013, que Resuelve Reiniciar y Ampliar el plazo dispuesto por dicha Resolución Instructoria; refiere que Hilda Peredo Guzmán recién apareció después de más de 14 años, solicitando saneamiento y pretendiendo se le consolide derecho propietario, estando además dentro de la Reserva Forestal de Guarayos.

2.- La incompetencia del INRA para sanear en área urbana, ya que en el proceso cursa certificación en la que se indica que el sector del predio “Yomomito” se encontraría en área urbana; aspecto que determinaría que no tenía competencia para sanear dicha propiedad y que desde hace más de 8 años atrás, un grupo de indígenas guarayos se encuentra en quieta y pacifica posesión de un terreno de 33 has. donde tienen construidas más de 400 viviendas y habitan con sus familias, cumpliendo la Función Social por lo que se vulneró el art. 283-II del Reglamento citado.

3.- La mala valoración de la prueba, indicando que Hilda Peredo Guzmán presentó ante el INRA la minuta de 12 de marzo de 1981  y en su valoración, no tomó en cuenta que: a)  No cuenta con reconocimiento de firmas, b) La testigo Yrene Yamaruca Vaca, con C.I. Nº 7848493-SC firma al pie del documento con una cédula de identidad que no estaba vigente, c) El supuesto precio consignado en el documento de compra venta (60.000 Bs.), sería falso, d) No se verificó que la minuta de 12 de marzo de 1981 fue redactaa en un papel sellado que corresponde a octubre de 1981, demostrando así fraude sobre la antiguedad dela posesión.  

4.- El INRA debió realizar el control de calidad por que se deberían haber identificado las irregularidades o errores de fondo en el proceso de saneamiento ya que, en la fase de diagnóstico y planificación, no se  habría tomado en cuenta estos aspectos en perjuicio de muchas familias.

5.- La verificación de la FES, errónea aplicación de la Ley y falta de notificación, donde se manifiesta que los funcionarios del INRA, no tomaron en cuenta su posesión quieta y pacífica desde muchos años atrás, no pudiendo consolidarse el referido Barrio a una sola persona, que jamás estuvo en posesión, que nunca cumplió con la FS y FES ni se apersonó en el año 2000 al saneamiento de la TCO, además de que  nunca fueron citados con los actuados de saneamiento, incumpliéndose el art. 70 inc. c) y 73 del DS Nº 29215.

6.- Como consideraciones generales de orden jurídico, manifiesta que en el presente proceso el INRA, vulneró el principio de Seguridad Jurídica y Legalidad; debiendo aplicarse al presente caso, la Sentencia Constitucional 0006/2010-R de 6 de abril de 2010 (principio pro homine), art. 5 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art.13-IV, 256 y 122 de la CPE.

La autoridad demandada en el presente caso responde de manera negativa a todo lo expuesto por la parte actora.

Como tercer interesado se tiene a Hilda Peredo Guzmán la cual niega todos y cada uno de los puntos antes mencionados, Daniel Yaquena Yubanore representante de la TCO Guarayos el cual pese a ser notificado no se apersona al presente proceso.

El Tribunal, declaró IMPROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesto por Lorgio Masai Umpi, contra la Directora Nacional a.i. del INRA; en consecuencia se tiene firme y subsistente la Resolución Administrativa RA-ST N° 0182/2015 de 9 de octubre de 2015.

Son fundamentos centrales y puntuales para esta decisión.

1.- La beneficiaria del predio “Yomomito” demostró tener posesión sobre dicho predio antes de la vigencia de la L. N° 1715; siendo estos aspectos plenamente valorados en el Informe en Conclusiones, no encontrándose físicamente el predio en el área saneada el año 2000, motivo que dispuso la ampliación  del plazo dispuesto en la Instructoria de entonces. No corresponde se elabore un Informe de Necesidades Espaciales como erradamente acusa la parte actora al no ser un predio colectivo y sobre la Reserva Forestal de Guayaros a la que se encuentra sobrepuesta, siendo una pequeña propiedad agrícola, en cumplimiento del art- 309.II del DS 29215, corresponde su reconocimiento.

2.- Los antecedentes acreditan que el predio, no corresponde a una propiedad colectiva; constándose de la misma manera que no se transgredió el art. 283-II del Reglamento citado, porque en el expediente de saneamiento cursa Certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal que acredita que dicho predio se encuentra fuera del radio urbano; en consecuencia, el INRA asumió el proceso de saneamiento con plena competencia al encontrarse en área rural.

3.-  Se acredita que no existe mala valoración de la prueba en que haya incurrido la entidad administrativa y sobre los demás hechos acusados respecto a la valoración de la minuta de transferencia presentadas, no compete su valoración a la jurisdicción agroambiental; a más de que no existe constancia o prueba alguna que compruebe la falsedad de las mismas.

4.- Se verifica que el ente administrativo sí cumplió con todas las etapas del proceso de saneamiento; no evidenciándose la existencia de errores de forma y de fondo que ameriten ser subsanados o anulados en virtud a que la entidad administrativa clasificó al predio “Yomomito” como poseedores, aspectos que no ameritan la realización del control de calidad o fiscalización conforme los arts. 266 y 267 del D.S. N° 29215.

5.- El predio “Yomomito” tiene actividad antrópica a partir del año 1996; comprobando que el referido predio cumple con la Función Social y la parte actora sí tuvo conocimiento de todo el proceso de saneamiento y en ningún momento se la dejó en indefensión,  consecuentemente, no se ha vulnerado los arts. 70 inc. c), 71 y 73 del DS Nº 29215, como erradamente arguye la parte demandante. 

6.- Las normativas y Sentencias Constitucionales citadas por la parte demandante, no se enmarcan dentro de los fundamentos expuestos en la resolución, ya que la entidad administrativa valoró conforme a normativa administrativa agraria, la documentación presentada al proceso y cumplió con todas las etapas previstas en el reglamento agrario.

Existiendo certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal respectivo acreditando la ubicación de un predio fuera del radio urbano del municipio, el INRA tiene plena competencia para efectuar el proceso de saneamiento en el área.

SAN S1ª Nº 66/2017

SAN S1ª Nº 41/2011