SAN-S1-0056-2017

Edmundo Antelo Ruiz, interpone demanda Contencioso Administrativa impugnando la Resolución Suprema N° 15222 de 22 de junio de 2015, emitida dentro del proceso Integrado al Catastro (CAT-SAN) respecto al polígono N° 013, correspondiente al predio “Jurutungo”, ubicado en el municipio de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, dirigida contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, bajo los siguientes argumentos:

1. Manifiesta que la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento RES ADM 151/93 de 14 de octubre de 1999, fue anulada por la Resolución  Administrativa RES-ADM-RA-CAT SAN N° 074/2014, por  no contar con coordenadas para identificar la zona geográfica, superficie y límites, previo análisis de las Comisiones Agrarias Departamentales,  existiendo nulidad de las Pericias de Campo, ya que las resoluciones nombradas no cuentan con objeto determinado. Igualmente manifiesta inexistencia de Resolución Instructoria.

2.- Manifiesta que el 3 de octubre de 1993 adquirió de René Mendisaval Jordán, el fundo rústico “Jurutungo” con una superficie de 273 has., ubicado a 16 Kms. al sur este de la localidad de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, predio del que tomó posesión, sin embargo por existir un saldo deudor no suscribió la respectiva minuta de transferencia, dejando al vendedor vivir en el lugar y completó lo adeudado el año 1998, habiendo otorgado el año 2000 una carta poder a favor de su cuidante René Mendisaval Jordán, a efectos de que lo represente ante el INRA en el proceso de saneamiento a realizarse, habiéndose enterado el 2005 que su apoderado habría hecho sanear el  predio a su nombre. LA Minuta se suscribió el 27 de junio de 2005, momento en que se le entregó toda la documentación original, permitiendo su mandante, por consideración a la edad y estado de salud que su vendedor René Mendisaval Jordán, se quede viviendo en el predio.

3.- Fraude en la verificación de la Función Social, pues la marca de ganado “AR”  que cursa en las fichas catastrales, correspondiente a las iníciales de los apellidos de EDMUNDO ANTELO RUIZ, registrado en octubre de 1998 ante la Policía Nacional de Concepción, lo que constituye un fraude en el saneamiento, pues el  ganado no era de propiedad de René Medisaval Jordán.  

4.- Inexistencia de Resolución Instructoria; por tanto todos los actuados resultan nulos, pues mediante ésta, se intima a propietarios, subadquirentes y beneficiarios a participar del saneamiento, por lo que  con esta omisión se habría vulnerado su derecho a la defensa  ya que no se le permitió participar en el proceso de saneamiento, ocultado maliciosamente por René Mendisaval Jordán.       

5.- La Resolución impugnada no se pronuncia sobre el conflicto suscitado entre Edmundo Antelo Ruiz y Arlin Viera Castedo, a pesar de la existencia de la Resolución Administrativa DDSC-UDAJ N° 024/2013 de 13 de junio de 2013.

6.- Denuncia contravención del art. 190 del Decreto Supremo N° 24784, ya que los Títulos Ejecutoriales N° PT004564 y PT004565, se encuentran a nombre de René Mendisaval Jordán y Ricardo Ferrufino Saavedra en la superficie de 71.2275 has. registrados en Derechos Reales bajo la partida computarizada N° 7.11.1.01.0001143 de 16 de agosto de 2007, pretendiendo desconocer el derecho de Ricardo Ferrufino Saavedra, que al igual que su persona ignoraba la realización del proceso, pues  ante la omisión de la Resolución Instructoria, no se les notificó, vulnerando su derecho a la defensa; señalando que su casero René Mendisaval Jordán al hacerse pasar como propietario, negó que el predio se encontraba inscrito en Derechos Reales.

7.- Describiendo los actuados cursantes  como ser Resolución Determinativa RES 151/99 de 14 de octubre de 1999, Resolución Instructoria (no existente), Pericias de Campo, Exposición Pública de Resultados, remisión a titulación y Resolución Suprema impugnada, manifiesta que no se cumplieron lcon ninguno de los plazos establecidos en los Decretos Supremos N° 25763 y 29215, incumpliendo así el art. 90 del Cód. Pdto. Civ. ya que las normas procesales son de orden público.

8.-  Al no existir Resolución Instructoria, tampoco se cumplió con las publicaciones mediante edicto y radio emisora local, por lo que jamás se enteró del proceso de saneamiento por ningún conducto regular, contraviniendo lo establecido por el art. 170 del Decreto Supremo N° 25673 entonces vigente.

El codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria responde negativamente a la presente demanda.

El codemandado Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras responde negativamente a cada uno de los puntos vertidos en la presente demanda pidiendo se declare improbada y subsistente la resolución impugnada.     

Declara IMPROBADA la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por Edmundo Antelo Ruiz, en su mérito, se declara firme y subsistente, con todos sus efectos legales la Resolución Suprema N° 15222 de 22 de junio de 2015.

Son fundamentos centrales y puntuales para esta decisión:

1.- No estando comprendido el predio “Jurutungo”, dentro los alcances de la Resolución Administrativa RES-ADM-RA-CAT SAN N° 074/2014 de 11 de noviembre de 2014 que anula la RES ADM 151/93 de 14 de octubre de 1999 correspondiente a otro predio, resultan valederos los actuados, con relación al predio en saneamiento, no siendo evidente lo acusado por el actor. 

Asimismo, no se advirtió la vulneración del art. 190 del DS 24784, al existir la constancia de que la Resolución Instructoria se puso en conocimiento de las partes y tampoco puede alegarse indefensión de parte del actor, pues éste participó durante el proceso de saneamiento.

2.- El INRA realizó una debida valoración de los documentos de compraventa puestos a su consideración, en función a las fechas consignadas, valoración que no implicó declarar la nulidad de ningún documento, si no analizar su valor para fines del saneamiento y si bien la parte actora señala que compró dicho predio con anterioridad, no suscribió el documento definitivo en su oportunidad como el mismo refiere en su demanda.

3.-  No es evidente el fraude acusado en la verificación de la Función Social porque se evidenció en campo su cumplimiento por parte de que René Mendisaval Jordán, en la totalidad de la superficie mensurada, no existiendo razones y argumentos  que hagan presumir lo contrario en aplicación del principio de la Función Social plasmado en el art. 76 de la Ley N° 1715, modificado por Ley N° 3445, que establece que el derecho de propiedad y de la posesión agraria se basa precisamente en su cumplimiento. Sobre la Marca de Ganado presentada por el demandante, se advierte que tiene registro de enero de 2014 y  no podría ser la misma registrada en Pericias de Campo.

4.- Se evidencia que, en el proceso de saneamiento, se cumplió con todo el procedimiento agrario, no siendo evidente la vulneración del art. 190 del Decreto Supremo N° 24784 acusada por el actor, al existir constancia de que la indicada Resolución Instructoria se puso en conocimiento de las partes interesadas.  

5.- Que, en base a lo señalado precedentemente, en lo que respecta a que la Resolución Suprema impugnada no se pronuncia sobre el conflicto suscitado; se tiene que lo acusado por la parte actora no resulta evidente, pues el INRA contempló tales aspectos, los cuales se encuentran descritos en los informes referidos, no teniendo porque la Resolución Final de saneamiento individualizar el aspecto acusado.

6.- Se concluye que la mala valoración de la prueba de los documentos de transferencias del predio “Jurutungo” acusada por el actor, no resulta ser evidente, ya que ante la problemática planteada, el INRA con anterioridad a disponer las referidas medidas precautorias, por Informe Legal DD-SC-JS CAT SAN INF 1194/2007 de 26 de octubre de 2007, emitió criterio y valoró los documentos de transferencia efectuadas por René Mendisaval Jordán a favor de Arlin Viera Castedo y Edmundo Antelo Ruiz (originales y simples), por lo que al disponer dentro del proceso de saneamiento las Medidas Precautorias señaladas supra, el ente administrativo actuó conforme lo establecido por el art. 10-I y II inc. a), b), c) y d) del Decreto Supremo N° 29215.

7.- Resulta inatendible lo denunciado por el demandante. conforme a la amplia jurisprudencia de éste Tribunal que asumiendo el criterio del extinto Tribunal Agrario Nacional, ha expresado que por el carácter social de la materia, los plazos en el proceso de saneamiento no son fatales ni perentorios ni hay pérdida de competencia en sede administrativa por incumplimiento de plazos .

8.- El hoy demandante  se apersonó al proceso mediante su apoderado, participando del mismo, solicitando cambio de nombre, fotocopias e Inspección Ocular; habiendo sido respondido mediante Informe Legal DD-SC-JS CAT SAN INF. N° 1194/2007 de 26 de octubre de 2007, no pudiendo alegar por tanto desconocimiento o indefensión, pues contó con  todos los mecanismos legales para hacer efectivos sus derechos, no habiéndose vulnerado el art. 170 del Decreto Supremo N° 25673 (vigente en su momento).                  

La parte  demandante en proceso contencioso administrativo, no  puede alegar desconocimiento o indefensión generada por el INRA cuando se verifica que participó del proceso de saneamiento, al margen del resultado de su intervención en el mismo.

Edmundo Antelo Ruiz, interpone demanda Contencioso Administrativa impugnando la Resolución Suprema N° 15222 de 22 de junio de 2015, emitida dentro del proceso Integrado al Catastro (CAT-SAN) respecto al polígono N° 013, correspondiente al predio “Jurutungo”, ubicado en el municipio de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, dirigida contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, bajo los siguientes argumentos:

1. Manifiesta que la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento RES ADM 151/93 de 14 de octubre de 1999, fue anulada por la Resolución  Administrativa RES-ADM-RA-CAT SAN N° 074/2014, por  no contar con coordenadas para identificar la zona geográfica, superficie y límites, previo análisis de las Comisiones Agrarias Departamentales,  existiendo nulidad de las Pericias de Campo, ya que las resoluciones nombradas no cuentan con objeto determinado. Igualmente manifiesta inexistencia de Resolución Instructoria.

2.- Manifiesta que el 3 de octubre de 1993 adquirió de René Mendisaval Jordán, el fundo rústico “Jurutungo” con una superficie de 273 has., ubicado a 16 Kms. al sur este de la localidad de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, predio del que tomó posesión, sin embargo por existir un saldo deudor no suscribió la respectiva minuta de transferencia, dejando al vendedor vivir en el lugar y completó lo adeudado el año 1998, habiendo otorgado el año 2000 una carta poder a favor de su cuidante René Mendisaval Jordán, a efectos de que lo represente ante el INRA en el proceso de saneamiento a realizarse, habiéndose enterado el 2005 que su apoderado habría hecho sanear el  predio a su nombre. LA Minuta se suscribió el 27 de junio de 2005, momento en que se le entregó toda la documentación original, permitiendo su mandante, por consideración a la edad y estado de salud que su vendedor René Mendisaval Jordán, se quede viviendo en el predio.

3.- Fraude en la verificación de la Función Social, pues la marca de ganado “AR”  que cursa en las fichas catastrales, correspondiente a las iníciales de los apellidos de EDMUNDO ANTELO RUIZ, registrado en octubre de 1998 ante la Policía Nacional de Concepción, lo que constituye un fraude en el saneamiento, pues el  ganado no era de propiedad de René Medisaval Jordán.  

4.- Inexistencia de Resolución Instructoria; por tanto todos los actuados resultan nulos, pues mediante ésta, se intima a propietarios, subadquirentes y beneficiarios a participar del saneamiento, por lo que  con esta omisión se habría vulnerado su derecho a la defensa  ya que no se le permitió participar en el proceso de saneamiento, ocultado maliciosamente por René Mendisaval Jordán.       

5.- La Resolución impugnada no se pronuncia sobre el conflicto suscitado entre Edmundo Antelo Ruiz y Arlin Viera Castedo, a pesar de la existencia de la Resolución Administrativa DDSC-UDAJ N° 024/2013 de 13 de junio de 2013.

6.- Denuncia contravención del art. 190 del Decreto Supremo N° 24784, ya que los Títulos Ejecutoriales N° PT004564 y PT004565, se encuentran a nombre de René Mendisaval Jordán y Ricardo Ferrufino Saavedra en la superficie de 71.2275 has. registrados en Derechos Reales bajo la partida computarizada N° 7.11.1.01.0001143 de 16 de agosto de 2007, pretendiendo desconocer el derecho de Ricardo Ferrufino Saavedra, que al igual que su persona ignoraba la realización del proceso, pues  ante la omisión de la Resolución Instructoria, no se les notificó, vulnerando su derecho a la defensa; señalando que su casero René Mendisaval Jordán al hacerse pasar como propietario, negó que el predio se encontraba inscrito en Derechos Reales.

7.- Describiendo los actuados cursantes  como ser Resolución Determinativa RES 151/99 de 14 de octubre de 1999, Resolución Instructoria (no existente), Pericias de Campo, Exposición Pública de Resultados, remisión a titulación y Resolución Suprema impugnada, manifiesta que no se cumplieron lcon ninguno de los plazos establecidos en los Decretos Supremos N° 25763 y 29215, incumpliendo así el art. 90 del Cód. Pdto. Civ. ya que las normas procesales son de orden público.

8.-  Al no existir Resolución Instructoria, tampoco se cumplió con las publicaciones mediante edicto y radio emisora local, por lo que jamás se enteró del proceso de saneamiento por ningún conducto regular, contraviniendo lo establecido por el art. 170 del Decreto Supremo N° 25673 entonces vigente.

El codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria responde negativamente a la presente demanda.

El codemandado Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras responde negativamente a cada uno de los puntos vertidos en la presente demanda pidiendo se declare improbada y subsistente la resolución impugnada.     

Declara IMPROBADA la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por Edmundo Antelo Ruiz, en su mérito, se declara firme y subsistente, con todos sus efectos legales la Resolución Suprema N° 15222 de 22 de junio de 2015.

Son fundamentos centrales y puntuales para esta decisión:

1.- No estando comprendido el predio “Jurutungo”, dentro los alcances de la Resolución Administrativa RES-ADM-RA-CAT SAN N° 074/2014 de 11 de noviembre de 2014 que anula la RES ADM 151/93 de 14 de octubre de 1999 correspondiente a otro predio, resultan valederos los actuados, con relación al predio en saneamiento, no siendo evidente lo acusado por el actor. 

Asimismo, no se advirtió la vulneración del art. 190 del DS 24784, al existir la constancia de que la Resolución Instructoria se puso en conocimiento de las partes y tampoco puede alegarse indefensión de parte del actor, pues éste participó durante el proceso de saneamiento.

2.- El INRA realizó una debida valoración de los documentos de compraventa puestos a su consideración, en función a las fechas consignadas, valoración que no implicó declarar la nulidad de ningún documento, si no analizar su valor para fines del saneamiento y si bien la parte actora señala que compró dicho predio con anterioridad, no suscribió el documento definitivo en su oportunidad como el mismo refiere en su demanda.

3.-  No es evidente el fraude acusado en la verificación de la Función Social porque se evidenció en campo su cumplimiento por parte de que René Mendisaval Jordán, en la totalidad de la superficie mensurada, no existiendo razones y argumentos  que hagan presumir lo contrario en aplicación del principio de la Función Social plasmado en el art. 76 de la Ley N° 1715, modificado por Ley N° 3445, que establece que el derecho de propiedad y de la posesión agraria se basa precisamente en su cumplimiento. Sobre la Marca de Ganado presentada por el demandante, se advierte que tiene registro de enero de 2014 y  no podría ser la misma registrada en Pericias de Campo.

4.- Se evidencia que, en el proceso de saneamiento, se cumplió con todo el procedimiento agrario, no siendo evidente la vulneración del art. 190 del Decreto Supremo N° 24784 acusada por el actor, al existir constancia de que la indicada Resolución Instructoria se puso en conocimiento de las partes interesadas.  

5.- Que, en base a lo señalado precedentemente, en lo que respecta a que la Resolución Suprema impugnada no se pronuncia sobre el conflicto suscitado; se tiene que lo acusado por la parte actora no resulta evidente, pues el INRA contempló tales aspectos, los cuales se encuentran descritos en los informes referidos, no teniendo porque la Resolución Final de saneamiento individualizar el aspecto acusado.

6.- Se concluye que la mala valoración de la prueba de los documentos de transferencias del predio “Jurutungo” acusada por el actor, no resulta ser evidente, ya que ante la problemática planteada, el INRA con anterioridad a disponer las referidas medidas precautorias, por Informe Legal DD-SC-JS CAT SAN INF 1194/2007 de 26 de octubre de 2007, emitió criterio y valoró los documentos de transferencia efectuadas por René Mendisaval Jordán a favor de Arlin Viera Castedo y Edmundo Antelo Ruiz (originales y simples), por lo que al disponer dentro del proceso de saneamiento las Medidas Precautorias señaladas supra, el ente administrativo actuó conforme lo establecido por el art. 10-I y II inc. a), b), c) y d) del Decreto Supremo N° 29215.

7.- Resulta inatendible lo denunciado por el demandante. conforme a la amplia jurisprudencia de éste Tribunal que asumiendo el criterio del extinto Tribunal Agrario Nacional, ha expresado que por el carácter social de la materia, los plazos en el proceso de saneamiento no son fatales ni perentorios ni hay pérdida de competencia en sede administrativa por incumplimiento de plazos .

8.- El hoy demandante  se apersonó al proceso mediante su apoderado, participando del mismo, solicitando cambio de nombre, fotocopias e Inspección Ocular; habiendo sido respondido mediante Informe Legal DD-SC-JS CAT SAN INF. N° 1194/2007 de 26 de octubre de 2007, no pudiendo alegar por tanto desconocimiento o indefensión, pues contó con  todos los mecanismos legales para hacer efectivos sus derechos, no habiéndose vulnerado el art. 170 del Decreto Supremo N° 25673 (vigente en su momento).                  

Quien demanda tener un derecho sobre la propiedad saneada a nombre de otra persona, no demuestra documentalmente con la suscripción de documento definitivo y en su oportunidad lo aseverado, existiendo además la valoración respectiva de parte del INRA en la que se advierte que existe otro derecho documentado sobre el predio que en orden de prelación tiene prioridad, no puede alegar posteriormente mala valoración de la prueba sin demostrarlo.

SAN S1ª Nº 12/2002 (20-09-2002) (fundadora)

SAN S1º Nº001/2006 (5-01-2006) (seguidora)

SAN S2ª Nº 011/2010 ( 11-06-2010) (seguidora)

SAN S2ª Nº 046/2016 (20-05-2016) (seguidora)

Edmundo Antelo Ruiz, interpone demanda Contencioso Administrativa impugnando la Resolución Suprema N° 15222 de 22 de junio de 2015, emitida dentro del proceso Integrado al Catastro (CAT-SAN) respecto al polígono N° 013, correspondiente al predio “Jurutungo”, ubicado en el municipio de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, dirigida contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, bajo los siguientes argumentos:

1. Manifiesta que la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento RES ADM 151/93 de 14 de octubre de 1999, fue anulada por la Resolución  Administrativa RES-ADM-RA-CAT SAN N° 074/2014, por  no contar con coordenadas para identificar la zona geográfica, superficie y límites, previo análisis de las Comisiones Agrarias Departamentales,  existiendo nulidad de las Pericias de Campo, ya que las resoluciones nombradas no cuentan con objeto determinado. Igualmente manifiesta inexistencia de Resolución Instructoria.

2.- Manifiesta que el 3 de octubre de 1993 adquirió de René Mendisaval Jordán, el fundo rústico “Jurutungo” con una superficie de 273 has., ubicado a 16 Kms. al sur este de la localidad de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, predio del que tomó posesión, sin embargo por existir un saldo deudor no suscribió la respectiva minuta de transferencia, dejando al vendedor vivir en el lugar y completó lo adeudado el año 1998, habiendo otorgado el año 2000 una carta poder a favor de su cuidante René Mendisaval Jordán, a efectos de que lo represente ante el INRA en el proceso de saneamiento a realizarse, habiéndose enterado el 2005 que su apoderado habría hecho sanear el  predio a su nombre. LA Minuta se suscribió el 27 de junio de 2005, momento en que se le entregó toda la documentación original, permitiendo su mandante, por consideración a la edad y estado de salud que su vendedor René Mendisaval Jordán, se quede viviendo en el predio.

3.- Fraude en la verificación de la Función Social, pues la marca de ganado “AR”  que cursa en las fichas catastrales, correspondiente a las iníciales de los apellidos de EDMUNDO ANTELO RUIZ, registrado en octubre de 1998 ante la Policía Nacional de Concepción, lo que constituye un fraude en el saneamiento, pues el  ganado no era de propiedad de René Medisaval Jordán.  

4.- Inexistencia de Resolución Instructoria; por tanto todos los actuados resultan nulos, pues mediante ésta, se intima a propietarios, subadquirentes y beneficiarios a participar del saneamiento, por lo que  con esta omisión se habría vulnerado su derecho a la defensa  ya que no se le permitió participar en el proceso de saneamiento, ocultado maliciosamente por René Mendisaval Jordán.       

5.- La Resolución impugnada no se pronuncia sobre el conflicto suscitado entre Edmundo Antelo Ruiz y Arlin Viera Castedo, a pesar de la existencia de la Resolución Administrativa DDSC-UDAJ N° 024/2013 de 13 de junio de 2013.

6.- Denuncia contravención del art. 190 del Decreto Supremo N° 24784, ya que los Títulos Ejecutoriales N° PT004564 y PT004565, se encuentran a nombre de René Mendisaval Jordán y Ricardo Ferrufino Saavedra en la superficie de 71.2275 has. registrados en Derechos Reales bajo la partida computarizada N° 7.11.1.01.0001143 de 16 de agosto de 2007, pretendiendo desconocer el derecho de Ricardo Ferrufino Saavedra, que al igual que su persona ignoraba la realización del proceso, pues  ante la omisión de la Resolución Instructoria, no se les notificó, vulnerando su derecho a la defensa; señalando que su casero René Mendisaval Jordán al hacerse pasar como propietario, negó que el predio se encontraba inscrito en Derechos Reales.

7.- Describiendo los actuados cursantes  como ser Resolución Determinativa RES 151/99 de 14 de octubre de 1999, Resolución Instructoria (no existente), Pericias de Campo, Exposición Pública de Resultados, remisión a titulación y Resolución Suprema impugnada, manifiesta que no se cumplieron lcon ninguno de los plazos establecidos en los Decretos Supremos N° 25763 y 29215, incumpliendo así el art. 90 del Cód. Pdto. Civ. ya que las normas procesales son de orden público.

8.-  Al no existir Resolución Instructoria, tampoco se cumplió con las publicaciones mediante edicto y radio emisora local, por lo que jamás se enteró del proceso de saneamiento por ningún conducto regular, contraviniendo lo establecido por el art. 170 del Decreto Supremo N° 25673 entonces vigente.

El codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria responde negativamente a la presente demanda.

El codemandado Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras responde negativamente a cada uno de los puntos vertidos en la presente demanda pidiendo se declare improbada y subsistente la resolución impugnada.     

Declara IMPROBADA la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por Edmundo Antelo Ruiz, en su mérito, se declara firme y subsistente, con todos sus efectos legales la Resolución Suprema N° 15222 de 22 de junio de 2015.

Son fundamentos centrales y puntuales para esta decisión:

1.- No estando comprendido el predio “Jurutungo”, dentro los alcances de la Resolución Administrativa RES-ADM-RA-CAT SAN N° 074/2014 de 11 de noviembre de 2014 que anula la RES ADM 151/93 de 14 de octubre de 1999 correspondiente a otro predio, resultan valederos los actuados, con relación al predio en saneamiento, no siendo evidente lo acusado por el actor. 

Asimismo, no se advirtió la vulneración del art. 190 del DS 24784, al existir la constancia de que la Resolución Instructoria se puso en conocimiento de las partes y tampoco puede alegarse indefensión de parte del actor, pues éste participó durante el proceso de saneamiento.

2.- El INRA realizó una debida valoración de los documentos de compraventa puestos a su consideración, en función a las fechas consignadas, valoración que no implicó declarar la nulidad de ningún documento, si no analizar su valor para fines del saneamiento y si bien la parte actora señala que compró dicho predio con anterioridad, no suscribió el documento definitivo en su oportunidad como el mismo refiere en su demanda.

3.-  No es evidente el fraude acusado en la verificación de la Función Social porque se evidenció en campo su cumplimiento por parte de que René Mendisaval Jordán, en la totalidad de la superficie mensurada, no existiendo razones y argumentos  que hagan presumir lo contrario en aplicación del principio de la Función Social plasmado en el art. 76 de la Ley N° 1715, modificado por Ley N° 3445, que establece que el derecho de propiedad y de la posesión agraria se basa precisamente en su cumplimiento. Sobre la Marca de Ganado presentada por el demandante, se advierte que tiene registro de enero de 2014 y  no podría ser la misma registrada en Pericias de Campo.

4.- Se evidencia que, en el proceso de saneamiento, se cumplió con todo el procedimiento agrario, no siendo evidente la vulneración del art. 190 del Decreto Supremo N° 24784 acusada por el actor, al existir constancia de que la indicada Resolución Instructoria se puso en conocimiento de las partes interesadas.  

5.- Que, en base a lo señalado precedentemente, en lo que respecta a que la Resolución Suprema impugnada no se pronuncia sobre el conflicto suscitado; se tiene que lo acusado por la parte actora no resulta evidente, pues el INRA contempló tales aspectos, los cuales se encuentran descritos en los informes referidos, no teniendo porque la Resolución Final de saneamiento individualizar el aspecto acusado.

6.- Se concluye que la mala valoración de la prueba de los documentos de transferencias del predio “Jurutungo” acusada por el actor, no resulta ser evidente, ya que ante la problemática planteada, el INRA con anterioridad a disponer las referidas medidas precautorias, por Informe Legal DD-SC-JS CAT SAN INF 1194/2007 de 26 de octubre de 2007, emitió criterio y valoró los documentos de transferencia efectuadas por René Mendisaval Jordán a favor de Arlin Viera Castedo y Edmundo Antelo Ruiz (originales y simples), por lo que al disponer dentro del proceso de saneamiento las Medidas Precautorias señaladas supra, el ente administrativo actuó conforme lo establecido por el art. 10-I y II inc. a), b), c) y d) del Decreto Supremo N° 29215.

7.- Resulta inatendible lo denunciado por el demandante. conforme a la amplia jurisprudencia de éste Tribunal que asumiendo el criterio del extinto Tribunal Agrario Nacional, ha expresado que por el carácter social de la materia, los plazos en el proceso de saneamiento no son fatales ni perentorios ni hay pérdida de competencia en sede administrativa por incumplimiento de plazos .

8.- El hoy demandante  se apersonó al proceso mediante su apoderado, participando del mismo, solicitando cambio de nombre, fotocopias e Inspección Ocular; habiendo sido respondido mediante Informe Legal DD-SC-JS CAT SAN INF. N° 1194/2007 de 26 de octubre de 2007, no pudiendo alegar por tanto desconocimiento o indefensión, pues contó con  todos los mecanismos legales para hacer efectivos sus derechos, no habiéndose vulnerado el art. 170 del Decreto Supremo N° 25673 (vigente en su momento).                  

No corresponde al Tribunal Agroambiental dilucidar en demanda contencioso administrativa respecto de denuncias de falsificación, simulación, estelionato y otros delitos de caracter penal que deben ser resueltos por otra jurisdicción. 

SAP-S1-0031-2019

SAN S1a N° 06/2017 (26 de enero de 2017)

SAP S2ª. Nº 58/2013 (21 de noviembre de 2013)

Edmundo Antelo Ruiz, interpone demanda Contencioso Administrativa impugnando la Resolución Suprema N° 15222 de 22 de junio de 2015, emitida dentro del proceso Integrado al Catastro (CAT-SAN) respecto al polígono N° 013, correspondiente al predio “Jurutungo”, ubicado en el municipio de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, dirigida contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, bajo los siguientes argumentos:

1. Manifiesta que la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento RES ADM 151/93 de 14 de octubre de 1999, fue anulada por la Resolución  Administrativa RES-ADM-RA-CAT SAN N° 074/2014, por  no contar con coordenadas para identificar la zona geográfica, superficie y límites, previo análisis de las Comisiones Agrarias Departamentales,  existiendo nulidad de las Pericias de Campo, ya que las resoluciones nombradas no cuentan con objeto determinado. Igualmente manifiesta inexistencia de Resolución Instructoria.

2.- Manifiesta que el 3 de octubre de 1993 adquirió de René Mendisaval Jordán, el fundo rústico “Jurutungo” con una superficie de 273 has., ubicado a 16 Kms. al sur este de la localidad de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, predio del que tomó posesión, sin embargo por existir un saldo deudor no suscribió la respectiva minuta de transferencia, dejando al vendedor vivir en el lugar y completó lo adeudado el año 1998, habiendo otorgado el año 2000 una carta poder a favor de su cuidante René Mendisaval Jordán, a efectos de que lo represente ante el INRA en el proceso de saneamiento a realizarse, habiéndose enterado el 2005 que su apoderado habría hecho sanear el  predio a su nombre. LA Minuta se suscribió el 27 de junio de 2005, momento en que se le entregó toda la documentación original, permitiendo su mandante, por consideración a la edad y estado de salud que su vendedor René Mendisaval Jordán, se quede viviendo en el predio.

3.- Fraude en la verificación de la Función Social, pues la marca de ganado “AR”  que cursa en las fichas catastrales, correspondiente a las iníciales de los apellidos de EDMUNDO ANTELO RUIZ, registrado en octubre de 1998 ante la Policía Nacional de Concepción, lo que constituye un fraude en el saneamiento, pues el  ganado no era de propiedad de René Medisaval Jordán.  

4.- Inexistencia de Resolución Instructoria; por tanto todos los actuados resultan nulos, pues mediante ésta, se intima a propietarios, subadquirentes y beneficiarios a participar del saneamiento, por lo que  con esta omisión se habría vulnerado su derecho a la defensa  ya que no se le permitió participar en el proceso de saneamiento, ocultado maliciosamente por René Mendisaval Jordán.       

5.- La Resolución impugnada no se pronuncia sobre el conflicto suscitado entre Edmundo Antelo Ruiz y Arlin Viera Castedo, a pesar de la existencia de la Resolución Administrativa DDSC-UDAJ N° 024/2013 de 13 de junio de 2013.

6.- Denuncia contravención del art. 190 del Decreto Supremo N° 24784, ya que los Títulos Ejecutoriales N° PT004564 y PT004565, se encuentran a nombre de René Mendisaval Jordán y Ricardo Ferrufino Saavedra en la superficie de 71.2275 has. registrados en Derechos Reales bajo la partida computarizada N° 7.11.1.01.0001143 de 16 de agosto de 2007, pretendiendo desconocer el derecho de Ricardo Ferrufino Saavedra, que al igual que su persona ignoraba la realización del proceso, pues  ante la omisión de la Resolución Instructoria, no se les notificó, vulnerando su derecho a la defensa; señalando que su casero René Mendisaval Jordán al hacerse pasar como propietario, negó que el predio se encontraba inscrito en Derechos Reales.

7.- Describiendo los actuados cursantes  como ser Resolución Determinativa RES 151/99 de 14 de octubre de 1999, Resolución Instructoria (no existente), Pericias de Campo, Exposición Pública de Resultados, remisión a titulación y Resolución Suprema impugnada, manifiesta que no se cumplieron lcon ninguno de los plazos establecidos en los Decretos Supremos N° 25763 y 29215, incumpliendo así el art. 90 del Cód. Pdto. Civ. ya que las normas procesales son de orden público.

8.-  Al no existir Resolución Instructoria, tampoco se cumplió con las publicaciones mediante edicto y radio emisora local, por lo que jamás se enteró del proceso de saneamiento por ningún conducto regular, contraviniendo lo establecido por el art. 170 del Decreto Supremo N° 25673 entonces vigente.

El codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria responde negativamente a la presente demanda.

El codemandado Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras responde negativamente a cada uno de los puntos vertidos en la presente demanda pidiendo se declare improbada y subsistente la resolución impugnada.     

Declara IMPROBADA la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por Edmundo Antelo Ruiz, en su mérito, se declara firme y subsistente, con todos sus efectos legales la Resolución Suprema N° 15222 de 22 de junio de 2015.

Son fundamentos centrales y puntuales para esta decisión:

1.- No estando comprendido el predio “Jurutungo”, dentro los alcances de la Resolución Administrativa RES-ADM-RA-CAT SAN N° 074/2014 de 11 de noviembre de 2014 que anula la RES ADM 151/93 de 14 de octubre de 1999 correspondiente a otro predio, resultan valederos los actuados, con relación al predio en saneamiento, no siendo evidente lo acusado por el actor. 

Asimismo, no se advirtió la vulneración del art. 190 del DS 24784, al existir la constancia de que la Resolución Instructoria se puso en conocimiento de las partes y tampoco puede alegarse indefensión de parte del actor, pues éste participó durante el proceso de saneamiento.

2.- El INRA realizó una debida valoración de los documentos de compraventa puestos a su consideración, en función a las fechas consignadas, valoración que no implicó declarar la nulidad de ningún documento, si no analizar su valor para fines del saneamiento y si bien la parte actora señala que compró dicho predio con anterioridad, no suscribió el documento definitivo en su oportunidad como el mismo refiere en su demanda.

3.-  No es evidente el fraude acusado en la verificación de la Función Social porque se evidenció en campo su cumplimiento por parte de que René Mendisaval Jordán, en la totalidad de la superficie mensurada, no existiendo razones y argumentos  que hagan presumir lo contrario en aplicación del principio de la Función Social plasmado en el art. 76 de la Ley N° 1715, modificado por Ley N° 3445, que establece que el derecho de propiedad y de la posesión agraria se basa precisamente en su cumplimiento. Sobre la Marca de Ganado presentada por el demandante, se advierte que tiene registro de enero de 2014 y  no podría ser la misma registrada en Pericias de Campo.

4.- Se evidencia que, en el proceso de saneamiento, se cumplió con todo el procedimiento agrario, no siendo evidente la vulneración del art. 190 del Decreto Supremo N° 24784 acusada por el actor, al existir constancia de que la indicada Resolución Instructoria se puso en conocimiento de las partes interesadas.  

5.- Que, en base a lo señalado precedentemente, en lo que respecta a que la Resolución Suprema impugnada no se pronuncia sobre el conflicto suscitado; se tiene que lo acusado por la parte actora no resulta evidente, pues el INRA contempló tales aspectos, los cuales se encuentran descritos en los informes referidos, no teniendo porque la Resolución Final de saneamiento individualizar el aspecto acusado.

6.- Se concluye que la mala valoración de la prueba de los documentos de transferencias del predio “Jurutungo” acusada por el actor, no resulta ser evidente, ya que ante la problemática planteada, el INRA con anterioridad a disponer las referidas medidas precautorias, por Informe Legal DD-SC-JS CAT SAN INF 1194/2007 de 26 de octubre de 2007, emitió criterio y valoró los documentos de transferencia efectuadas por René Mendisaval Jordán a favor de Arlin Viera Castedo y Edmundo Antelo Ruiz (originales y simples), por lo que al disponer dentro del proceso de saneamiento las Medidas Precautorias señaladas supra, el ente administrativo actuó conforme lo establecido por el art. 10-I y II inc. a), b), c) y d) del Decreto Supremo N° 29215.

7.- Resulta inatendible lo denunciado por el demandante. conforme a la amplia jurisprudencia de éste Tribunal que asumiendo el criterio del extinto Tribunal Agrario Nacional, ha expresado que por el carácter social de la materia, los plazos en el proceso de saneamiento no son fatales ni perentorios ni hay pérdida de competencia en sede administrativa por incumplimiento de plazos .

8.- El hoy demandante  se apersonó al proceso mediante su apoderado, participando del mismo, solicitando cambio de nombre, fotocopias e Inspección Ocular; habiendo sido respondido mediante Informe Legal DD-SC-JS CAT SAN INF. N° 1194/2007 de 26 de octubre de 2007, no pudiendo alegar por tanto desconocimiento o indefensión, pues contó con  todos los mecanismos legales para hacer efectivos sus derechos, no habiéndose vulnerado el art. 170 del Decreto Supremo N° 25673 (vigente en su momento).                  

Los plazos en el proceso de saneamiento no son fatales ni perentorios ni hay pérdida de competencia en sede administrativa por incumplimiento de los mismos,  no siendo un vicio de nulidad tal incumplimiento, puesto que no causan perjuicio ni dejan en estado de indefensión a las partes en el proceso de saneamiento.

SAN S1ª N° 054/2010 (1º de noviembre de 2010)

SCP N° 106/2003 (10 de noviembre de 2003)