AUTO AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2^a N° 87/2026

Expediente:	Nº 6855-RCN-2026
Proceso:	Acción Ambiental Precautoria, Preventiva, Restauradora e Indemnizadora
Partes:	Secretario Departamental de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca contra José Pedro Elías Gómez representante de la Empresa Minera Ámbar Desmontes
Recurrente:	José Pedro Elías Gómez representante legal de la Empresa Minera Ámbar Desmontes
Resolución Recurrida:	Sentencia N° 04/2026 de 13 de marzo de 2026
Distrito:	Chuquisaca
Asiento judicial:	Camargo
Fecha:	Sucre, 03 de junio de 2026
Magistrado Relator:	Richard Cristhian Mendez Rosales

El recurso de casación cursante de fs. 1361 a 1364 de obrados, interpuesto por José Pedro Elías Gómez representante legal de la Empresa Minera Ámbar Desmontes, en contra de la Sentencia N° 04/2026 de 13 de marzo, cursante de fs. 1313 a 1349 vta. de obrados, pronunciada por la Juez Agroambiental de Camargo del departamento de Chuquisaca, que resolvió declarar Improbada la demanda ambiental con relación a la indemnización monetaria, Probada la acción ambiental precautoria y preventiva; y, Probada la acción ambiental restauradora; emitida dentro del proceso referido a la Acción Ambiental Precautoria, Preventiva, Restauradora e Indemnizadora, interpuesta por el Secretario Departamental de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca contra el ahora recurrente; demás actuados procesales; y,   

I. ANTECEDENTES PROCESALES

I.1. Argumentos de la resolución recurrida en casación

La Sentencia N° 04/2026 de 13 de marzo, cursante de fs. 1313 a 1349 vta. de obrados pronunciada por la Juez Agroambiental de Camargo del departamento de Chuquisaca, que resolvió declarar:

1. Improbada la demanda ambiental con relación a la indemnización monetaria.

2. Probada la acción ambiental precautoria y preventiva y

3. Probada la acción ambiental restauradora; emitida dentro del proceso referido a la Acción Ambiental Precautoria, Preventiva, Restauradora e Indemnizadora.

4. Condena a la demandada a adoptar acciones y medidas de prevención, reparación, rehabilitación y restauracion in natura, de las quebradas Pujllu y Quewiña Mayu.

5. Como parte de las acciones y medidas preventivas, de gestión y correctivas destinadas a evitar, mitigar, adecuar, remediar o corregir impactos adversos, a fin de anticiparse a futuros daños ambientales, en sus componentes agua, sedimentos y presa de colas, la demandada debe presentar al Juzgado Agroambiental, copia de los siguientes documentos: i) Reporte de medidas urgentes e inmediatas adoptadas con acciones de prevención y precaución ante el riesgo, posiblidad de contaminación y/o daños que pudieran ser causados a las quebradas de Pujllu y Quewiña Mayu, aguas destinadas al consumo agrícola y humano de los Comunarios de Uturungo, (previo a su tratamiento) y sea dentro del plazo de 3 meses, previa aprobación de la AAC; ii) Plan de Adecuación Ambiental para las quebradas de Pujllu y Quewiña Mayu, aprobada por la AAC, sea dentro del plazo de 3 meses, si es que corresponde y cumple normativa.

6. Recomienda al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y al Gobierno Autónomo Municipal de Camargo, a través de sus instancias técnicas administrativas pertinentes y en cooordinación con la Autoridad Ambiental Competente (AAC), implementar un sistema de fiscalización, vigilancia para el seguimiento, control y cumplimiento de las medidas aprobadas en el Plan de Adecuación Ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental.

7. Realizar el seguimiento, control y fiscalización a cargo del GAM de Camargo, en coordinación con la AAC departamental y nacional, en el marco de sus funciones y atribuciones, bajo responsabilidad, en estricto cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados y vigentes, debiendo presentar Informe Semestral del seguimiento y control ante el Juzgado Agroambiental de Camargo.

Sustentándose en los siguientes razonamientos:

El demandado ha realizado impactos negativos al medio ambiente, producto de actividad minera ilegal, causando contaminación de aguas a las quebradas Pujllu y Quebrada Quewiña Mayu, que utilizan los comunarios de Uturungo y de las Comunidades del distrito 9 de Camargo, afectando al factor abiótico agua y la vegetación, ya que mediante la Inspección Judicial se estableció que las mangueras en la bocamina Gran Poder II tienen salida directa a la quebrada Pujllu, afectando al componente biótico, ecología y flora, incumpliendo de esa manera su deber constitucional de proteger el medio ambiente y la Madre Tierra.

De la inspección judicial se evidenció que existe desecación vegetal y frutas partidas sin color, del recorrido se observó piedras con minerales visibles en las quebradas, por ende, existe disminución de producción agrícola, prueba concordante con el Informe Pericial del equipo multidisciplinario.

De las pruebas producidas refiere que se tiene acreditado que el demandado ha seguido desarrollando actividad minera sin contar con Licencia Ambiental, causando impactos negativos ambientales, incumpliendo las medidas de recomendación y mitigación; ya que, si bien presenta Licencia Ambiental y Amparo Administrativo, en ninguna parte de las resoluciones de la AJAM se deja sin efecto la Resolución Administrativa N° 012/2021, contemplando la licencia sólo Exploración, por lo que correspondería una Licencia Ambiental actualizada de la empresa minera AOP Ámbar Desmontes, conforme a la actividad minera que desarrolla, cumpliendo las normas sin afectar el medio ambiente.

El Informe de laboratorio de BIÓTICA, refiere que existe contaminación en agua, existiendo parámetros que se encuentran por encima de los límites permisibles acorde al Reglamento en materia de Contaminación Hídrica y la Norma Boliviana NB 512.

Con relación al análisis de las muestras tomadas sobre suelos, al no existir una normativa nacional especifica se tomaron datos referenciales y estándares de normativa internacional, teniendo como resultado que no existe contaminación en cuanto a suelos.

Con relación a la indemnización monetaria demandada, refiere que nunca podría disponerse el pago de montos de dinero a título de indemnización por daños ocasionados a la Madre Tierra y sus componentes.

I.2. Argumentos del recurso de casación

Por memorial cursante de fs. 1361 a 1364 de obrados, José Pedro Elías Gómez representante legal de la Empresa Minera Ámbar Desmontes, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma contra la Sentencia N° 04/2026 de 13 de marzo, solicitando que se Case y se declare Improbada la demanda ambiental en todas sus partes, por la inexistencia de daño ambiental probado y la ruptura del nexo causal, por haberse demostrado fehacientemente contaminación natural (arsénico preexistente), mediante prueba pericial de descargo ignorada, vulnerándose el principio de verdad material y la valoración integral de la prueba, con costas y costos, por existir un éxito parcial al declararse Improbada la indemnización, bajo el principio de proporcionalidad y justicia distributiva; o en su caso se Anule la resolución impugnada, disponiéndose la emisión de una nueva sentencia debidamente motivada y con valoración integral de la prueba. Bajo los siguientes argumentos:

I.2.1. Recurso de casación en la forma (error in procedendo)

I.2.1.1. Violación al deber de motivación y estructura de la Sentencia, art. 213.II.2. de la Ley N° 439 y art. 115 de la CPE

Arguye que la Sentencia confutada es una transcripción mecánica de los antecedentes, decretos y normas de competencia, omitiendo una narrativa propia y coherente sobre los hechos en controversia, eludiéndose el deber de fundamentación conforme con el art. 213.II.2 de la Ley N° 439, señalando que la SCP 017/2018-S2, establece que la falta de una estructura lógica y una motivación clara vulnera el derecho al debido proceso, conforme con el art. 115.II de la CPE, ya que una sentencia “transcriptiva” no sería una sentencia motivada, impidiendo conocer al administrado las razones reales de la condena, cuáles son los hechos probados de los que simplemente fueron alegados, dejando en incertidumbre sobre qué hechos se consideraron como ciertos; no existiendo una narrativa propia que conecte los antecedentes con la decisión final, incurriendo en un acto de arbitrariedad donde la conclusión no deriva de un razonamiento, sino de una acumulación de papel, sin una explicación clara y sucinta, del porqué se está condenando o afectando un derecho.

I.2.1.2. Omisión valorativa del nexo causal y contaminación natural, conforme con el art. 145 (deber de valoración integral) y art. 134, ambos de la Ley N° 439 y art. 180 de la CPE

Refiere que la Juez omitió valorar el Informe PCB Ambiental y el punto de control AG-01 (Agua Arriba) donde se probó que el arsénico ya registra 0.09 mg/L antes de entrar a la actividad minera, ignorando así la prueba que demostraría “contaminación natural”, atribuyendo responsabilidad objetiva a la parte demandada, por un fenómeno geológico preexistente; considera el recurrente que dicha omisión valorativa de prueba esencial sería causal de nulidad/casación, ya que se habría condenado ignorando el hecho de que el agua sale de la bocamina con menor carga mineral (0.07 mg/L) de la que entra; vulnerándose su derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE) al hacerse “desaparecer” la prueba de descargo más importante.

Sostiene que la Sentencia impugnada incurriría en un error de derecho sustancial al otorgar al Informe de Biótica (fs. 1165 a 1183 de obrados) un alcance jurídico y técnico que el propio documento descartaría expresamente, conculcando así el art. 145 de la Ley N° 439 y el principio de verdad material del art. 180.I de la CPE, toda vez que el mismo es claro al advertir que “No se realizó comparación normativa”, lo que significaría que los datos obtenidos serían meramente descriptivos careciendo de un juicio de valor sobre su peligrosidad o ilegalidad y que el calificar dichos valores como “contaminación”, el recurrente sostiene que la Juez interpreta datos científicos sin el contraste legal obligatorio que exige el Reglamento en materia de Contaminación Hídrica de la Ley N° 1333, y que la contaminación existe cuando un valor físico-químico excede los límites permisibles fijados en el señalado Reglamento y que al no existir esa comparación en el proceso, la Juez habría fallado ultra vires (más allá de sus facultades), creando una contaminación de hecho que no tendría sustento en la normativa ambiental vigente, siendo que la valoración de la prueba debería ser integral y conforme a las reglas de la sana crítica; por lo que se habría condenado a la parte sobre la base de una presunción de culpabilidad ambiental y no en una prueba de cargo preconstituida, sustituyéndose la certeza científica por una interpretación caprichosa, dejando a la parte en indefensión, frente a un criterio que no podría ser contrastado ni refutado técnicamente.

I.2.2. Recurso de casación en el fondo (error in iudicando)

I.2.2.1. Incongruencia resolutiva y falta de certeza del daño (error in iudicando) art. 213.I y art. 1.16 de la Ley N° 439 (principio de Congruencia) y art. 178.I de la CPE (seguridad jurídica)

Sostiene que el punto 1 de la parte Resolutiva, declara Improbada la indemnización monetaria por no haberse determinado la cuantía del daño, pero el punto 3 declara Probada la restauración in natura, incurriendo en una contradicción lógica insalvable, ya que la restauración es la consecuencia de un daño cierto y probado, si el juzgador admite que el daño no fue cuantificado ni probado en su magnitud (razón por la cual rechazaría la indemnización) no existiría base legal para ordenar una restauración; por lo que, a decir del recurrente, esta incongruencia interna vulneraria la seguridad jurídica (art. 178.I de la CPE) pues se condenaría a reparar un daño que la misma Juez califica como “no cuantificado”.

Agrega que la restauración in natura es una modalidad de reparación civil, y que para toda reparación el presupuesto indispensable es la determinación de la existencia y magnitud del daño y que, al declararse Improbada la indemnización monetaria por no haberse determinado la cuantía del daño, la autoridad jurisdiccional estaría admitiendo que el daño no habría sido plenamente acreditado en el proceso, existiendo una antinomia procesal entre el punto 1 y el 3, ya que si el daño no está probado para la indemnización no podría estar probado para la restauración; por lo que considera que, al emitirse disposiciones excluyentes entre sí, el fallo se convierte en un acto de arbitrariedad, generando inseguridad jurídica, impidiendo conocer el límite y alcance real de la obligación impuesta.

I.2.2.2. Error de derecho en la valoración de la prueba técnica de BIOTICA SRL, respecto al art. 145 de la Ley N° 439 (valoración de la prueba), Reglamento en materia de Contaminación Hídrica (RMCH) de la Ley N° 1333 y art. 180 de la CPE sobre Verdad Material

La Juez habría otorgado valor de “contaminación” al Informe de BIÓTICA SRL, ignorando la advertencia del laboratorio que indica “No se realizó comparación normativa”, calificando como “excedencia”, valores que no tendrían contraste legal con los límites permisibles del RMCH, toda vez que por el principio de Especialidad, un Juez no podría declarar contaminación sin un parámetro legal de comparación, ya que ello sería sustituir la prueba científica por una presunción subjetiva, violando la verdad material (art. 180.I de la CPE), además del art. 145 de la Ley N° 439 en cuanto a la valoración de la prueba integral y conforme a las reglas de la sana crítica; implicando ello que la Juez actuaría como perito, interpretando datos científicos sin el contraste legal obligatorio que exige el RMCH de la Ley N° 1333, lo que implicaría que habría fallado más allá de sus facultades aplicando una presunción de culpabilidad ambiental.

I.2.2.3. Sesgo y valoración fragmentada del Peritaje Judicial, art. 145 de la Ley N° 439 y Principio de Unidad de la Prueba

Sostiene que la Juez utilizó la observación del pH del Informe N° 003/2026 para condenar, pero silenció que el mismo informe concluye que el Suelo estaría limpio y los registros de metales pesados serían normales; empero, refiere que la prueba pericial debe ser indivisible; en el caso concreto, la Juez efectuaría una selección arbitraria de los elementos incriminatorios, descartando de forma dolosa los elementos eximentes, impidiendo una visión real del ecosistema y violando el debido proceso en su vertiente de valoración probatoria, justa y equitativa.

La Sentencia confutada incurriría en una falacia de “supresión de prueba”, al seleccionar discrecionalmente los datos contenidos en el Informe N° 003/2026, afectando la indivisibilidad de la prueba pericial, como cuerpo unitario de conocimiento técnico, ya que al extraer únicamente el dato del “pH” para fundamentar una condena, sin considerar el “suelo limpio” y “metales pesados en niveles normales” desnaturalizaría el dictamen y la valoración de la prueba integral; por lo que, ignorar lo favorable y resaltar solo lo desfavorable sería una muestra de parcialidad y falta de objetividad, implicando incongruencia entre evidencia y fallo. Por lo que a su entender no se habría observado el principio de Unidad de la Prueba, desarrollados por la SCP 1215/2012 y la SCP 0410/2013.

I.3. Argumentos de la contestación al recurso de casación

I.3.1. Contestación al recurso de casación por parte del demandante Secretario Departamental de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca

Mediante memorial de fs. 1369 a 1370 vta. de obrados, el demandante Gonzalo Salazar Ponce, Secretario Departamental de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, responde al recurso de casación interpuesto, solicitando se declare Improcedente e Infundado el recurso de casación en el fondo y en la forma, ratificándose la Sentencia N° 004/2026 de 13 de marzo; bajo los siguientes argumentos:

De la revisión de la Sentencia impugnada, sostiene que se advierte que guarda relación con lo establecido por el art. 213 de la Ley N° 439 y con el art. 115 de la CPE, ya que efectúa una descripción cronológica de los hechos que motivaron el inicio de la acción ambiental precautoria, preventiva, restauradora e indemnizadora en contra de José Pedro Elías Gómez, representante legal de la AOP Concesión Minera Ámbar Desmontes, señalando la causales por las que se dio inicio, la participación de la Comunidad por intermedio de sus representantes legítimos como terceros interesados, la audiencia realizada en el marco de los arts. 82 y 83 de la Ley N° 1715, el señalamiento y presentación de las pruebas tanto de cargo como de descargo y prueba de terceros interesados; asimismo, refiere que la Sentencia señala los fundamentos jurídicos que dieron lugar a la demanda ambiental, el análisis del caso concreto sobre los hechos, la prueba presentada, los informes técnicos emitidos y los análisis de laboratorio realizados de común acuerdo, aceptados antelada y oportunamente por las partes, ordenados por la autoridad jurisdiccional a un laboratorio debidamente acreditado, imparcial e independiente (BIÓTICA SRL), cuyos resultados constituyeron la información base que dio lugar a la emisión de la Sentencia N° 004/2026, ahora impugnada en casación.

Respecto a que el demandado sostendría que no se ha considerado el Informe Técnico realizado por el Laboratorio PCB Ambiental SRL; arguye que el mismo ha sido presentado a la autoridad jurisdiccional de manera unilateral y al margen del proceso, por lo que fue oportunamente rechazado por la parte actora, situación no aceptada por el demandado, quien pretendería ahora hacer valer dicho Informe de interpretación de resultados realizado a pedido suyo, siendo ello el principal motivo del recurso de casación en la forma y en el fondo, donde se acusaría la no consideración del merituado Informe.

En lo concerniente al recurso de casación en el fondo, sostiene que, en materia ambiental, la indemnización y la restauración constituyen obligaciones totalmente distintas, la primera prevista por el art. 102 de la Ley N° 1333 y la segunda por el art. 19.1.32 y el art. 79 de la misma Ley, y por el Principio de Garantía de Restauración de la Madre Tierra previsto por el art. 4.5 de la Ley N° 300; en el caso en concreto, arguye que la Juez en Sentencia dispuso la restauración de los efectos detectados en agua y tierra por presencia de sólidos disueltos en la quebrada de Pujllu y quebrada Quewiña Mayu, de la Comunidad de Uturungo, restauración que implicaría realizar una serie de trabajos debidamente planificados y controlados para reponer y remediar el daño ambiental causado en las zonas ya señaladas, en mérito a los cuales los pobladores de la Comunidad de Uturungo que se sirven de las aguas que discurren por las quebradas mencionadas, hagan uso de las mismas para la producción agrícola de sus alimentos de forma sana y segura.

I.4. Trámite procesal

I.4.1. Auto de concesión del recurso

Mediante Auto de 10 de abril de 2026, cursante a fs. 1374 de obrados, la Juez Agroambiental de Camargo del departamento de Chuquisaca, concede el recurso ante el Tribunal Agroambiental, para su resolución.

I.4.2. Decreto de Autos para Resolución

Remitido el expediente de autos, por providencia de 07 de mayo de 2026, cursante a fs. 1381 de obrados, se decretó Autos para Resolución.

I.4.3. Sorteo

Mediante decreto de 19 de mayo de 2026, cursante a fs. 1383 de obrados, se señaló fecha y hora de sorteo para el día jueves 21 de mayo de 2026, procediéndose al sorteo de la presente causa en la hora y fecha señalada, conforme consta a fs. 1385 de obrados.

I.5. Actos procesales relevantes

I.5.1. De fs. 120 a 126 de obrados, cursa memorial con la suma “Presenta denuncia por contaminación ambiental” suscrita por Jairo Jhosser Gutiérrez Arancibia, entonces Secretario Departamental de medio Ambiente y Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, denunciando a José Pedro Elías Gómez representante legal de la AOP Concesión Minera Ámbar Desmonte, porque habría vulnerado la normativa ambiental haciendo caso omiso de la Resolución Administrativa AACF N° 06/2021 que revocó la Licencia Ambiental paralizando sus actividades, ante el incumplimiento a recomendaciones ambientales expresadas oportunamente y puestas en conocimiento del denunciado, quine habría continuado con actividades de explotación minera, pidiendo se realicen pericias sobre contaminación hídrica y se apliquen medidas y sanciones que establece la normativa vigente ambiental, procurando la reparación de los daños ocasionados.

Para tal efecto, adjunta prueba documental preconstituida de fs. 1 a 119, consistente en lo principal en Resoluciones Administrativas Departamentales CH n° 111/ de 2022 y CH N° 601 de 2023 que acreditan la personería del denunciante, Informes Técnicos, Jurídicos y de Inspecciones a la Concesión Minera Ámbar Desmontes, Informes de Ensayos de Suelos y Agua, Actas de Inspección, Voto Resolutivo de la Comunidad de Uturungo, Subcentral Nazaret, distrito 9 del municipio de Camargo, provincia Nor Cinti del departamento de Chuquisaca , exigiendo a las autoridades municipales y departamentales la inmediata paralización de la explotación minera del denunciado; actuados principales del proceso administrativo sancionador que dio lugar a la emisión de la Resolución Administrativa AACD 060/2021 de 06 de octubre (fs. 52 a 64 de obrados) mediante la cual se impone la sanción administrativa de Revocatoria de Licencia Ambiental de la APO Concesión Minera Ámbar Desmontes, por la comisión de las infracciones de impacto ambiental establecidas en el art. 17.II. incisos b) y j) del D.S. N° 28592, instruyendo la paralización de toda actividad de dicha AOP, debiendo cumplir medidas técnicas y realizar la tramitación y obtención de nueva licencia ambiental cumpliendo con todas las disposiciones legales establecidas para el efecto.

I.5.2. Consta a fs. 128 decreto de observación a la demanda respecto a especificar el tipo de acción que se intentaba interponer, así como la intervención de terceros interesados.

I.5.3. Consta de fs. 134 a 135 de obrados memorial de subsanación de demanda, la cual es finalmente admitida mediante Auto de fs. 150 a 152 como “Acción ambiental precautoria, preventiva, restauradora e indemnizadora”, el cual dispone el traslado a la parte demandada, así como la obtención de prueba documental de oficio respecto a los registros y autorizaciones de la AOP Concesión Minera Ámbar Desmontes, solicitada al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, al Ministerio de Minería y Metalurgia y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la incorporación como tercero interesado al Ministro de Medio Ambiente y Agua.

I.5.4. Cursa a fs. 190 de obrados, Copia de la Licencia actualizada 010701/02/CD-C3/N° 102/2018 de 16 de marzo d 2018, respecto a la Concesión Minera Ámbar Desmontes, que lleva el sello de “Revocado R.A. AACD N° 060/2021”.

I.5.5. Consta de fs. 301 a 305 de obrados, memorial de contestación a la demanda, por parte del representante legal de la AOP demandada, negando los extremos de la demanda y pidiendo que la misma se declare Improbada, adjunta en lo principal como prueba documental copia simple de Certificado de Registro Minero  del Contrato Administrativo Minero por Adecuación de la empresa Minera Piedras Blancas SRL, del área Ámbar Desmontes, con fecha de registro de 13 de marzo de 2020; actuados para la obtención de Licencias Ambiental de la AOP Ámbar Desmontes haciendo referencia que se presentó formulario EMAP ALBA del área Minera Ámbar Desmontes; copias simples de la Resolución Administrativa AJAMD-CH/DD/RES-ADM/75/2023 de 21 de diciembre de 2023, sobre otorgación de Amparo Administrativo Minero respecto al área denominada Ámbar Desmontes.

I.5.6. Cursa de fs. 560 a 566 de obrados, Acta de Audiencia de Inspección Ocular y Pericial, dispuesta por la Juez a efectos de verificar la pertinencia de una eventual Medida Cautelar Ambiental, disponiendo para el efecto la inspección y posterior Informe del Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Camargo.

I.5.7. A fs. 583 de obrados cursa el apersonamiento del Secretario General del Distrito 9 del municipio de Camargo y del Secretario General de la Comunidad de Uturungo, sin efectuar mayor argumentación sobre la Litis, los mismos acreditan su personería y son admitidos en tal calidad mediante decreto de fs. 585 de obrados.

I.5.8. Cursa de fs. 596 a 598 de obrados Informe Técnico N° 18/2024 de 18 de septiembre, emitido por el Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Camargo, el cual identifica tres bocaminas, afectaciones visibles en el suelo como la presencia de roca estéril de operaciones antiguas y de años recientes con fragmentos de metal con exposición a los agentes erosivos como viento y agua, también alteración del paisaje como la remoción de vegetación, identifica desmontes de operaciones antiguas y recientes; de las imágenes satelitales desde 2023 en el sector minero, identifica construcción de caminos, infraestructura, viviendas, cultivos anuales de frutales como durazno y tuna y estanques de depósito de aguas, los cuales serían captados del río de la quebrada.

I.5.9. Cursa Auto de fs. 611 a 614 de obrados, de 8 de octubre de 2024, mediante el cual se adoptan medidas cautelares ambientales de oficio, sobre Prohibición y Paralización de toda actividad y/o operaciones mineras, extracción de minerales o cualquier actuado referente a la actividad minera, respecto a la AOP Concesión Minera Ámbar Desmontes, y Prohibición de la misma de ejercer cualquier tipo de presión o amedrentamiento sobre los comunarios de las zonas afectadas (Comunidad de Uturungo).

I.5.10. Cursa acta de audiencia de fs. 705 a 713 de obrados, en la cual se cumplen los actuados procesales, donde no se instó a la conciliación por tratarse de derechos ambientales indisponibles; se procedió a la fijación del objeto de la prueba, disponiendo la inversión de la carga de la prueba para la parte demandada, se continuó con la recepción y rechazo de la prueba; se dispone la elaboración de un Informe Pericial conjunto con la intervención el Apoyo Técnico de los Juzgados de Camargo y de Sucre para tal efectos se fijan los puntos de Pericia; se dispone Inspección Ocular en el lugar del conflicto, e Informe Pericial a ser ejecutado por los Laboratorios de Ensayo autorizados.  

I.5.11. Cursa de fs. 885 a 892 de obrados, acta de audiencia de Inspección Ocular, con la intervención de los Técnicos de los Juzgados de Sucre y Camargo, quienes a través de la autoridad judicial formularon preguntas a las partes en litigio y a los comunarios en calidad de terceros interesados.

I.5.12. Cursa de fs. 970 a 978 de obrados, Informe Técnico N° 005/2025 de 22 de junio de 2025, emitido por los Apoyos Técnicos de los Juzgados de Sucre y Camargo, cuyas conclusiones en lo pertinente, refieren que podría existir riesgo de contaminación atmosférica, requiriéndose empero, mediciones técnicas específicas de calidad de aire, pero la actividad de encuentra paralizada; en cuanto a la contaminación hídrica refieren que las bocaminas se encontrarían cerca de las quebradas , observándose salida de agua directamente desde el interior de la mina hacia la quebrada con una manguera y contaminación de suelo, afectación a la fauna acuática, cosecha agrícola y paisajismo; que se efectuaron encuestas realizadas en la Comunidad de Uturungo así como a comunidades adyacentes, manifestando todos haber percibido cambios significativos en las quebradas de las que se abastecen, desde aproximadamente la gestión 2018 a la fecha.

I.5.13. Consta de fs. 1161 a 1162 de obrados, acta de audiencia de toma de muestras de agua y suelo por parte del Perito del Laboratorio el cual fue designado por la Juez mediante Auto de fs. 1045 de obrados, cuya copia de Certificado de Acreditación de la Dirección Técnica de Acreditación cursa de fs. 1086 a 1088 de obrados.

I.5.14. Consta de fs. 1165 a 1182 de obrados, Informe de Monitoreo, Incluyendo Certificados de Laboratorio, realizado por Servicios Ambientales BIOTICA SRL, el cual presenta resultados de muestras de agua superficial tomados en tres puntos, así como de muestras de suelo tomados en tres puntos. El cual se corre en traslado a las partes y mediante Auto de fs. 1206 y vta. la Juez dispone que el Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Sucre, a efectos de que realice un análisis e interpretación de acuerdo a los valores obtenidos en la toma de muestras, conforme a la normativa ambiental y/o legislación comparada explicando los límites permisibles de cada anexo.

I.5.15.  Cursa de fs. 1210 a 1212 de obrados, Informe Técnico N° 003/2026 del ingeniero Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Sucre, el cual concluye que, en los parámetros de “agua superficial”, únicamente el parámetro pH presenta valores fuera del rango permitido, es decir por encima del límite máximo permisible, los demás parámetros se encontrarían dentro de los límites permisibles establecidos en la normativa aplicable. En cuanto a la interceptación de los tres resultados correspondientes a los parámetros de “suelo”, refiere que, conforme a la norma Holandesa de Calidad de Suelos, se evidencia que los valores obtenidos en todos los puntos de muestreo se encuentran dentro de los límites establecidos, no superando los valores de intervención.

I.5.16. Mediante memorial de fs. 1253 a 1257 de obrados, la parte demandada presenta de fs. 1232 a 1252 de obrados, Informe Técnico de Interpretación de Resultados realizado por la empresa PCB Ambiental SRL, el cual en la parte pertinente de las conclusiones, sostiene que: “No existe o no se tiene presente un estudio de línea base, en la cual se indique las características del cuerpo de agua de manera natural, No se puede ver un comportamiento histórico del cuerpo de agua, durante los últimos 5 años o antes que se inicie actividad minera, para poder ver las características del agua”.

I.5.17. En atención al memorial de fs. 1253 a 1257 de obrados, se emite decreto disponiendo que los argumentos serán considerados en todo en cuanto a derecho corresponda a momento de dictar sentencia, con noticia de partes.  

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, una vez analizados los argumentos jurídicos del recurso de casación interpuesto, resolverá la problemática jurídica vinculada al caso concreto referente a si en la Sentencia impugnada se ha incurrido en: i) omisión de motivación y estructura en la Sentencia; ii) omisión de valoración de la prueba, no determinándose el nexo causal para establecer la contaminación; iii) incongruencia interna al ser contradictorias las determinaciones de la parte resolutiva; iv) Error de derecho en la valoración de la prueba técnica para establecer la contaminación con relación a los límites permisibles; y, v)  Sesgo y valoración fragmentada del Peritaje Judicial para establecer la responsabilidad por contaminación. Para tal efecto se considerarán los fundamentos jurídicos referidos a: 1) Naturaleza jurídica del recurso de casación en materia agroambiental, distinción entre el recurso de casación en la forma y en el fondo; 2) La competencia de la jurisdicción agroambiental en materia ambiental; 3) Los alcances de los tipos de demandas ambientales de competencia de la jurisdicción agroambiental; 4) El objeto del proceso para establecer la responsabilidad por daño ambiental, en la jurisdicción agroambiental; 5) La prueba del daño ambiental, la inversión de la carga de la prueba y carga dinámica de la prueba en procesos ambientales; 6) El contenido y alcance de la Sentencia en un proceso para establecer la responsabilidad por el daño ambiental; con lo que se procederá al análisis del caso concreto.

FJ.II.1. Naturaleza jurídica del recurso de casación en materia agroambiental, distinción entre el recurso de casación en la forma y en el fondo

Conforme la jurisprudencia sentada por la Jurisdicción Agroambiental, el Tribunal Agroambiental tiene competencia para resolver los recursos de casación contra las sentencias o autos definitivos emitidos por los Jueces Agroambientales, en aplicación de lo preceptuado en los arts. 189.1 de la CPE, 144.I.1 de la Ley Nº 025 y 36.1 de la Ley N° 1715, modificada parcialmente por la Ley N° 3545.

En ese marco normativo, es que el merituado recurso de casación y/o nulidad, se asemeja a una demanda nueva de puro derecho, debido al carácter social de la materia y los derechos involucrados, como son la propiedad agraria, actividad agraria relacionada obviamente al recurso tierra, territorio y medio ambiente.

Que, asimismo en atención a los principios pro homine, pro actione y de acceso a la Justicia, el Tribunal Agroambiental ha tomado conocimiento de impugnaciones, pronunciándose sobre el fondo, aunque las mismas hubieren sido planteadas como “recurso de apelación” medio no previsto en la economía procesal agroambiental en virtud al “per saltum”, como es el caso de AAP S2^a N° 148/2025 de 27 de octubre; ahora bien, en causas ambientales, corresponde con mayor razón, conocer estos recursos pues debe primar el Acceso a la Justicia ambiental, bajo la égida del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, Participación y Justicia en medio ambiente, por lo que concierne a esta instancia de cierre, efectuar un control sobre las actuaciones de los jueces agroambientales, aun cuando la impugnación haya sido formulada como recurso de “apelación” y no así de “casación”, siempre y cuando se den los siguientes presupuestos: 1) Se traten de impugnaciones a Sentencias de fondo y Autos Definitivos sobre los cuales procede el recurso de casación; y, 2) Los agravios expuestos y/o cuestionamientos sobre el fondo y la forma, permitan una revisión y pronunciamiento de fondo de la autoridad casacional.

Asimismo, en esta jurisdicción especializada, es posible la interposición del recurso de casación en la forma y en el fondo; la distinción entre el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo y las formas de resolución ha sido también objeto de criterios jurisprudenciales agroambientales, al establecer que: 1) El recurso de casación en el fondo procede cuando la sentencia recurrida contenga violación de leyes, interpretación errónea o la indebida aplicación de la ley, así como el error de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba. En este caso, de ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, dará lugar a que se case la sentencia recurrida y se modifique la parte resolutiva de la misma (art. 220.IV de la Ley N° 439); de lo contrario, cuando el Tribunal Agroambiental, no encontrare haber sido violada la ley o leyes acusadas, declarará infundado el recurso (art. 220.II de la Ley N° 439). 2) El recurso de casación en la forma, procede por vulneración de las formas esenciales del proceso. De ser ciertas las infracciones de la forma denunciadas o verificadas de oficio, dará lugar a la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo. Es decir, tiene por objeto subsanar los derechos procesales advertidos en la tramitación de la causa. 3) Además de lo precisado, el recurso de casación ya sea interpuesto en el fondo o en la forma, puede ser declarado Improcedente, conforme la previsión establecida en el art. 87.IV de la Ley N° 1715, modificada parcialmente por la Ley N° 3545, correspondiendo en consecuencia, la aplicación supletoria del art. 220.I.3. del Código Procesal Civil que dispone que, corresponde declarar Improcedente el recurso de casación, cuando “La resolución no admita recurso de casación.”, es decir en los casos en virtud de los cuales, por disposición de la norma adjetiva o la jurisprudencia agroambiental, la resolución impugnada no es susceptible de recurso de casación agroambiental.

FJ.II.2. La competencia de la jurisdicción agroambiental en materia ambiental

En lo concerniente a los alcances de la competencia de la jurisdicción agroambiental en materia ambiental se seguirán fundamentos jurídicos desarrollados por el AAP S1^a N° 90/2023 de 30 de agosto, el cual sostiene que la Constitución Política del Estado de 2009, en el art. 9.6, establece que son fines y funciones esenciales del Estado, además de las que señala la Constitución y la ley, las de promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras; asimismo, el art. 33 de la citada Norma Constitucional, con relación del derecho al medio ambiente determina que: “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”; así también, en cuanto a la legitimación activa (facultados y obligados), el art. 34, precisa que, “Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente” (la negrilla y subrayado es agregado).

Asimismo, la Constitución Política del Estado, reitera disponiendo en los arts. 108 numerales 15 y 16 y 342, el deber u obligación estatal y de la población boliviana, es decir, de todos, de conservar, proteger y aprovechar los recursos naturales y la biodiversidad, contribuyendo a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones; así como la de proteger, defender y mantener el equilibrio del medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Por otro lado, con relación a la obligación de adoptar medidas de seguridad para neutralizar posibles efectos por quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente, el art. 347.II de la Ley Fundamental, también prevé que: “Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales.”

En ese mismo lineamiento, el art. 410, de la CPE, también dispone que "...todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución"; esta disposición, permite comprender la fuerza expansiva del mandato del art. 109 de la Norma Suprema, el cual hace un reconocimiento expreso del principio de aplicación eficaz y directa de derechos fundamentales, al establecer que los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución gozan de igual jerarquía y son de aplicación directa; dicho de otro modo, dispone que todos los derechos son directamente aplicables y por ello vinculan sin excusa su cumplimiento, tanto a particulares como a los órganos de poder público.

Por su parte, el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Ley N° 1182 de 03 de junio de 2019, en los arts. 3 y 8, establece que, “cada Parte”, se guiará por los principios establecidos en el mismo y se garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso, con órganos estatales competentes y conocimientos especializados en materia ambiental, con sus respectivos procedimientos, la legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales, medidas que faciliten la producción de la prueba del daño ambiental (inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba); así como mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales; la reparación, restitución, restauración, compensación o resarcimiento, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas, según correspondan; estableciendo medidas para reducir o eliminar barreras y hacer efectivo al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, promoviendo mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales (mediación, conciliación y otros), que permitan prevenir o solucionar dichas controversias, según corresponda.

Asimismo, se tiene la vigente Ley N° 1333, del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, como norma de carácter general, tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones de los seres humanos con relación a la naturaleza y promueve el desarrollo sostenible como tarea global de carácter permanente, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; siendo una obligación estatal y de la sociedad en su conjunto, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades; y determina que, el control de la calidad ambiental es de necesidad y utilidad pública e interés social. Asimismo, ésta norma en el art. 102, dispone que: “La acción civil derivada de los daños cometidos contra el medio ambiente podrá ser ejercida por cualquier persona legalmente calificada como un representante apropiado de los intereses de la colectividad afectada”, asimismo, como aspectos procesales, entre otros, prevé que, “Los informes elaborados por los organismos del Estado sobre los daños causados, serán considerados como prueba pericial preconstituida” (sic); y que, en sentencia se podrá determinar la parte que corresponde de la indemnización y resarcimiento, en beneficio de las personas afectadas y del Estado; no debiendo perderse de vista que, actualmente, dentro del marco constitucional en Bolivia, la acción civil de reparación del daño ambiental señalada por la Ley N° 1333, se constituye ahora, en la acción de responsabilidad por el daño ambiental, de competencia de la jurisdicción agroambiental, con arreglo a lo establecido en el art. 189.1 de la CPE.

La Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, de 15 de octubre de 2012, como norma marco, establece la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien; dispone que el desarrollo integral sustentable debe ser realizado de manera complementaria, compatible e interdependiente con los derechos de la Madre Tierra, los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, con los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano y los derechos de la población rural y urbana. Determina que, son encargadas de proteger los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y sus componentes, las autoridades públicas administrativas y jurisdiccionales en función a sus competencias. Así también, dicha Ley N° 300 determina a los sujetos activos legitimados (obligados y facultados), para exigir la protección y garantía de los derechos de la Madre Tierra, estableciendo en los arts. 34 al 43, normas procesales, aplicables en la tramitación de las causas en la jurisdicción agroambiental.

A efectos de establecer la competencia de la jurisdicción agroambiental en materia ambiental, tenemos como base principal lo prescrito en la CPE, cuyo art. 189, señala que entre las atribuciones del Tribunal Agroambiental están las de resolver recursos de casación y nulidad, entre otras, en acciones ambientales respecto a “…demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales”.

Mandato constitucional que deja claro que, sin perjuicio de la competencia directa de la Sala Plena en materia ambiental, las acciones ambientales las conocen en primera instancia los jueces agroambientales y en vía de casación el Tribunal Agroambiental a través de sus Salas Especializadas, clarificando dichas competencias la Ley N° 025 del Órgano Judicial, toda vez que, el artículo 152 numerales 3 y 4, dispone que los jueces agroambientales podrán:

“3. Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva, o cualquier otra de origen humano, sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia;

4. Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio natural, para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación, o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia;” (las negrillas nos corresponden)

En ese sentido, se puede extraer que existen tres tipos de acciones, las dos primeras, que pueden ser unificadas en una solo denominada “precautoria”, que busca precautelar y prevenir la contaminación o el daño ambiental, a cualquiera de los elementos del medio ambiente, infiriéndose que se interpondría antes de que se produzca la contaminación o el daño ambiental; y la tercera, destinada a establecer una responsabilidad ambiental a efectos de disponerse el resarcimiento, la reparación, rehabilitación o restauración por un daño ambiental que ya se hubiere ocasionado.

Con base en la norma referida y en el marco del art. 131.II de la Ley N° 025, la jurisdicción agroambiental “Desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad; que no sean de competencias de autoridades administrativas” (la negrilla es agregada); consecuentemente, de esta norma se pueden identificar cuatro (4) tipos de acciones ambientales y de protección de los derechos de la Madre Tierra, que las juezas y jueces agroambientales, tienen competencia para conocer, sustanciar y resolver, siendo estas: 1. La acción ambiental para precautelar o precautoria; 2. La acción ambiental preventiva; 3. La acción para establecer la responsabilidad ambiental (resarcimiento reparación, rehabilitación o restauración por el daño surgido o causado); y, 4. Acciones específicas para proteger o tutelar ante vulneración a los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y sus componentes (derechos de la naturaleza conforme a las Leyes N° 071 y Ley N° 300), ésta última acción, podría ser complementaria con cualquiera de las otras tres acciones; en tal sentido, podrán sustanciarse acciones ambientales con pretensiones múltiples, siempre que las mismas no sean contradictoras entre sí. Asimismo, los jueces agroambientales tienen competencia para conocer y tramitar medidas precautorias o cautelares ambientales, diligencias o medidas preparatorias ambientales, y medidas provisionales y anticipadas ambientales, que pueden ser presentadas antes o conjuntamente la demanda principal, durante la sustanciación del proceso e inclusive en ejecución de sentencia, de conformidad a los procedimientos establecidos en la Ley N° 439, de aplicación supletoria a la materia.

FJ.II.3. Los alcances de los tipos de demandas ambientales de competencia de la jurisdicción agroambiental

El establecimiento de los alcances de las demandas ambientales, tramitadas por los jueces agroambientales, adquiere relevancia procesal debido a que el Juzgador, deberá admitir la demanda estableciendo claramente, qué pretensión busca la parte actora, es decir, si solo pretende una acción preventiva o acción precautoria, para lo cual corresponderá aplicar el art. 152 inciso 3) de la Ley N° 025; o si reclama la reparación de un daño ambiental ya ocasionado, es decir una acción para establecer la responsabilidad ambiental, por el daño surgido o causado, que puede ser para el resarcimiento, reparación, rehabilitación o restauración, en cuyo caso el sustento normativo se encuentra el art. 152 inciso 4) de la Ley N° 025.

Del mismo modo, dentro de la acción de responsabilidad por el daño ambiental, contemplada en el art. 152 inciso 4) de la Ley N° 025, corresponderá considerar dos tipos de acciones:

1.- Acción de Responsabilidad por “daño directo a la Madre Tierra” o “daño ecológico puro”

En estos casos, el objeto del proceso es probar la existencia de un daño ambiental que afecta a la Madre Tierra y sus componentes; debiendo considerarse que Madre Tierra está definida por el art. 5.1. de la Ley N° 300 como: “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común”; mientras que los Componentes de la Madre Tierra Para Vivir Bien, “Son los seres, elementos y procesos que conforman los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida, que bajo condiciones de desarrollo sustentable pueden ser usados o aprovechados por los seres humanos, en tanto recursos naturales, como lo establece la Constitución Política del Estado” (art. 5.4 de la Ley N° 300). Correspondiendo en este tipo de acción identificar, en el caso concreto, el daño ambiental, establecer quién es el responsable y disponer una reparación en especie o “in natura”, con obligaciones de hacer o no hacer, dando cumplimiento a lo que establece el art. 152.4 de la Ley N° 025, referido a la “reparación, rehabilitación, o restauración”.

Este derecho de reparación o de restauración de la Madre Tierra, independiente del que por derivación puede afectar a una persona o grupo de personas también se ha tratado en la jurisprudencia comparada, así la SENTENCIA N° 034-16-SIN-CC de 27 de abril de 2016, de la Corte Constitucional de Ecuador señala: “De igual manera, el artículo 72 establece el derecho de la naturaleza a la restauración, el cual es independiente del derecho de las personas afectadas de recibir la indemnización correspondiente. Es decir, ante cualquier evento que genere daño ambiental, la naturaleza tiene derecho a ser restaurada integralmente, sin perjuicio del derecho de las personas que se han visto afectadas a que sean indemnizadas”.

2.- Acción de Responsabilidad por daño ambiental derivado, que afecta a las personas en concreto

Este tipo de acción, busca que una vez identificado un daño ambiental al medio ambiente, la Madre Tierra y sus componentes, demostrar que sus efectos han provocado afectaciones en las personas individuales o colectivas, incidiendo en su salud y su vida (daño moral ambiental), además de su patrimonio, como sus bienes, ganado, cultivos o infraestructura (daño material ambiental), debiendo establecerse quién ha provocado el daño y cómo debe el responsable cubrir su obligación, daños que corresponden sean reparados, en especie o mediante el “resarcimiento” a que hace referencia el art. 152.4 de la Ley N° 025; como ejemplo, se puede citar la Resolución de 30 de mayo de 2007, de la Corte Suprema de Justicia de Chile, que emite Sentencia de reemplazo, respecto a la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de 16 de mayo de 2005, disponiendo ampliar la cantidad de afectados por daño moral a ser indemnizados, señalado que: ““daño moral, consiste, en la especie, en el dolor, pesar o molestia que sufre la persona en su salud por haberse introducido en su organismo elementos intoxicantes, provenientes del acopio de residuos minerales peligrosos, que han perjudicado su calidad de vida, sin saber o conocer las consecuencias que ello puede irrogarles en el transcurso de su existencia a ella o a sus descendientes…”.

Siendo pertinente agregar que, en función a su naturaleza y alcances, las acciones ambientales contempladas en los numerales 3) y 4) del art. 152 de la Ley N° 025 y por ser ambas de competencia del Juez Agroambiental, en una demanda pueden combinarse ambas pretensiones, es decir, pedir se establezca la responsabilidad por el daño ambiental directo a la Madre Tierra y/o particular o derivado, y/o la prevención de mayores daños ambientales, siendo plenamente compatibles tales acciones.

FJ.II.4. El objeto del proceso para establecer la responsabilidad por daño ambiental, en la jurisdicción agroambiental

El AAP S1^a N° 90/2023 de 30 de agosto, ha esclarecido los elementos que hacen al objeto del proceso de responsabilidad por daño ambiental en la jurisdicción agroambiental, precisando que debe:

a) Establecer la existencia de daño ambiental

A la Madre Tierra o a cualquiera de sus componentes, identificando y caracterizando el mismo, es decir, establecer qué tipo de daño es, a que componente biótico o abiótico afecta, cuándo, cómo y dónde afecta dicho daño ambiental, para lo cual deberá ser asistido técnicamente por especialistas e incluso acudir al apoyo de instituciones públicas, científicas y académicas, produciendo prueba pericial idónea, a pedido de parte y de oficio, en resguardo de un interés colectivo. Con lo cual se podrá también establecer un “daño ambiental derivado” que sea provocado por efecto del daño a la Madre Tierra o medio ambiente.

b) Determinar quién es el responsable del daño ambiental identificado

Estableciendo si el responsable es el demandado u otra persona o instancia, determinando si existe una relación de causalidad entre el autor y el daño provocado, identificando una “responsabilidad objetiva”, es decir que, el responsable lo será igualmente, ya sea que se haya producido el daño de manera “accidental o premeditada” conforme lo prevé el Principio de Garantía de Restauración de la Madre Tierra, en el art. 4.5. de la Ley N° 300; en ese marco, con mayor razón será responsable el contaminador, si actuó con negligencia, omitiendo acciones de mitigación u operando sin tener aprobadas sus licencias ambientales, en caso de que sea una Actividad, Obra o Proyecto, riesgosa para el medio ambiente.

c) Señalar de qué manera se deberá reparar el daño ambiental

De acuerdo a los últimos entendimientos de un Derecho Ambiental progresivo, la “reparación in natura” es la que más se ajusta a la materia; el tratadista Juan José Gonzales Márquez, refiere que la “reparación in natura” consistirá en “la restitución del bien ambiental dañado, al estado en que se encontraba antes de sufrir una agresión y por lo tanto la única reparación razonable desde el punto de vista ecológico” o ambiental; visión que corresponde aplicar al Juez Agroambiental ya que se ajusta a la normativa boliviana, art. 11.5 de la Ley N° 300, que dispone: “El responsable directo del daño ocasionado a los componentes o zonas de vida de la Madre Tierra está obligado a restaurar el mismo, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, sea directamente o por medio del Estado, cuando corresponda. El Estado Plurinacional de Bolivia a su vez exigirá la devolución de lo erogado al responsable directo, conforme a Ley específica”.

En ese sentido, deberá el Juez ser asistido técnicamente a efectos de establecer, que:

c.1. En caso de responsabilidad por el daño directo a la Madre Tierra y sus componentes, deberá disponer qué medidas concretas de restauración del componente dañado corresponde realizar, aplicando, en cuanto corresponde, tareas de recomposición, restauración e incluso compensación ecológica, que consiste en compensar el daño en otra área similar cuando el daño provocado sea irreversible, estableciendo una reparación “in natura”, conforme lo establece claramente el Principio de Garantía de Restauración de la Madre Tierra previsto por los arts. 4.5 y 11.5 de la ley N° 300; normas jurídicas que implican que nunca se podría disponer simplemente el pago de montos de dinero a título de indemnización por daños ocasionados a la Madre Tierra y sus componentes.

c.2. En caso de responsabilidad por daño ambiental derivado, que afecta a las personas en concreto, corresponderá que se establezca la reparación o en su caso la indemnización dineraria cuando corresponda por el daño ocasionado a las personas o grupo de personas, a sus derechos patrimoniales y extrapatrimoniales.

F.J.II.5. Consideraciones en cuanto al procedimiento a aplicarse en procesos ambientales, de competencia de la jurisdicción agroambiental

Siguiendo los fundamentos desarrollados por el AAP S1^a N° 90/2023 de 30 de agosto, concretamente, para la tramitación de las acciones ambientales de competencia de la jurisdicción agroambiental, deberá aplicarse el procedimiento por audiencia, establecido para la jurisdicción por ser el más idóneo, con las peculiaridades de las acciones ambientales, debiendo tenerse muy presente que las acciones ambientales que busquen el establecimiento de la responsabilidad ambiental, prevención y/o precaución ante el posible daño ambiental en cualquiera de sus formas, no tratan del clásico ejercicio de derechos individuales contrapuestos, a la manera del tradicional proceso en el cual se dilucida el reconocimiento o no de derechos de las partes en conflicto, sino que en este caso frente a un daño ambiental que afecta a los componentes de la Madre Tierra o el ecosistema, la parte accionante reclama derechos para sí y para la colectividad, es decir, derechos de incidencia colectiva, al margen de que también procede el reclamo por afectaciones al derecho individual de cada quien al medio ambiente, afectado indirectamente por un daño que se provocó al medio ambiente como tal.

Tales características hacen que el procedimiento ambiental se flexibilice, en función a sus particularidades y necesidades, pudiendo el Juez disponer fundadamente medidas cautelares y producción de prueba de oficio en busca de la verdad material, ello bajo las características del proceso ambiental de “oficiosidad cautelar y oficiosidad probatoria”, identificadas por Mabel De los Santos, en su ensayo “Los Principios del Proceso Colectivo Ambiental”, sumando a ello las características de “flexibilización de la congruencia” y “cosa juzgada erga omnes”, que adquiere la Sentencia ambiental, ya que mediante la misma se podrá disponer medidas que van más allá de lo pedido por las partes, imponiendo obligaciones incluso para la parte demandante o para terceros interesados intervinientes. Concretizando de esa manera el derecho de Acceso a la Justicia en materia ambiental, reconocido por el art. 8 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, ratificado y vigente en Bolivia mediante Ley N° 1182 de 3 de junio de 2019.

FJ.II.5. La prueba del daño ambiental, la inversión de la carga de la prueba y carga dinámica de la prueba en procesos ambientales

Según la definición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que considera que daño ambiental es, “un cambio que tiene un impacto adverso considerable sobre la calidad de un particular ambiente o alguno de sus componentes, incluyendo sus valores utilitarios y no utilitarios y su capacidad para soportar una calidad de vida aceptable y sustentable y un equilibrio ecológico viable”. Por su parte el tratadista Peña Chacón, define el daño ambiental como “toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas”.

En el proceso ambiental, los medios de prueba obtenidos en el proceso para evidenciar la existencia del daño ambiental, no solamente serán aquellos que propongan las partes, sino también el Juez podrá disponer prueba de oficio, en función al interés colectivo que revisten la reparación del daño a la Madre Tierra y sus componentes; debiendo producirse todos los medios de prueba idóneos, siendo los principales, la Inspección Judicial y la Prueba Pericial, debiendo esta última, en realizarse, en lo compatible con materia ambiental, con las reglas previstas por los arts. 193 y ss. de la Ley N° 439, de aplicación supletoria en materia agroambiental, no siendo suficientes únicamente las pruebas por Informes Técnicos. Debiendo considerarse que: “En las acciones ambientales, la prueba pericial ha adquirido tal relevancia que no es imaginable el dictado de una sentencia sin ella. Las complicaciones que presentan los temas que se debaten y el carácter técnico científico de las cuestiones que deben ser materia de análisis la han convertido en esencial y por lo tanto insustituible”. (Héctor Jorge Bibiloni, en su obra El Proceso Ambiental).

En ese marco, emerge la necesidad en el proceso ambiental, de la inversión de la carga de la prueba y carga dinámica de la prueba; donde, según Bermúdez Muñoz en su artículo “El futuro de la Carga de la Prueba en materia de Responsabilidad”, “es el juez quien en cada caso concreto, debe determinar cuál de las partes debe correr con las consecuencias de la falta de prueba de determinado hecho, en virtud de que a ésta le resulta más fácil suministrarla”. Criterios doctrinales que se sustentan en el art. 8.3.e. del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, ratificado por Bolivia, mediante Ley N° 1182 de 3 de junio de 2019.

FJ.II.6. El contenido y alcance de la Sentencia en un proceso para establecer la responsabilidad por el daño ambiental

Además de los requisitos de forma establecidos para la Sentencia, por el art. 213 de la Ley N° 439 de aplicación supletoria en la materia, referidos principalmente a la motivación y fundamentación, además de la parte resolutiva conteniendo disposiciones claras positivas y precisas; en atención a las especiales características del proceso ambiental, donde no se juzgan únicamente derechos individuales, sino preponderantemente derechos colectivos y de la Madre Tierra, con un eminente carácter social y de interés público, se debe considerar que: “Una sentencia ambiental dentro de un proceso de responsabilidad por el daño ambiental, vendrá a determinar la existencia de un daño ambiental, ya sea al propio medio ambiente o a los derechos de las personas que tengan un origen en la afectación al medio ambiente, identificando el perjuicio ocasionado, además del responsable o los responsables, estableciendo y ordenando la reparación in natura del daño ocasionado; ya sea por medio de la recomposición, la restauración o la compensación, en mérito a la gravedad del daño y la posible irreversibilidad del mismo, para lo cual también será primordial establecer qué persona individual o colectiva, pública o privada será la acreedora o legitimada para recibir la reparación o la acreedora de las obligaciones de hacer o no hacer, aspecto complejo cuando nos referimos al daño ambiental puro, de la propia naturaleza o daño directo a la Madre Tierra” (Marbel Mark, Acciones de Responsabilidad por el Daño Ambiental, 2022); en ese sentido, siguiendo al AAP S1^a N° 90/2023 de 30 de agosto, la Sentencia de fondo que establezca la responsabilidad por el daño ambiental, debe efectuar un discernimiento sobre los siguientes aspectos:

a) Cómo y con qué prueba o datos concretos, se ha evidenciado la existencia de daño ambiental, sobre qué elementos o componentes de la Madre Tierra y sobre qué personas o bienes específicamente determinados en caso de daño ambiental derivado, además de su gravedad o grado de significancia.

b) Identificar al responsable del daño, estableciendo con qué elementos probatorias o evidencia se ha llegado a establecer el nexo de causalidad entre el acto u omisión del mismo y el daño ambiental ocasionado, determinando el perjuicio, es decir, a quien perjudica, si sólo a los componentes de la Madre Tierra o tiene incidencia colectiva; y también cómo se identificó daño ambiental derivado, que tiene una incidencia o perjuicio concreta en personas o grupo de personas individuales, siempre que éste haya sido demandado.

c) Establecer, en caso de daño directo a la Madre Tierra y sus componentes, de qué manera corresponde reparar el daño ambiental, es decir bajo qué acciones concretas se procederá a la restauración, reparación, recomposición o compensación ecológica; basado siempre en una determinación pericial de los Métodos de Restauración más idóneas, algunos métodos están enumerados en la Guía de Peritaje Ambiental para la Jurisdicción Agroambiental Boliviana. Resultando más idóneo el establecer una reparación in natura, que establezca y fije, para el responsable, una obligación de resultado y en especie, y no así un valor monetario fijo; ya que mediante una reparación in natura se da cabal cumplimiento a los principios de Garantía de Restauración de la Madre Tierra y Principio de Garantía de Regeneración de la Madre Tierra previstos por el art. 4 incisos 5 y 6 de la Ley N° 300. En caso de haberse identificado un daño ambiental particular o derivado, establecer en función a prueba pericial cómo corresponderá reparar dicho daño, si mediante medidas de reparación en especie o mediante una indemnización monetaria.

d) Disponer medidas cautelares preventivas o precautorias, transitorias o permanentes, a los fines de evitar otros daños ambientales futuros, similares a los que se dispone su reparación, debiendo establecerse cuál será la temporalidad de tales medidas o estableciendo una condición suspensiva o resolutoria, según corresponda; considerando además si la pretensión de la demanda principal, es decir, si la misma tiene por objeto o pide que se adopte una medida preventiva que deberá efectivizarse entonces mediante una medida cautelar.

III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

III.1. En cuanto a la omisión de motivación y estructura en la Sentencia

En cuanto a que la Sentencia impugnada sólo sería una transcripción mecánica de los antecedentes, decretos y normas de competencia, omitiendo una narrativa propia y coherente sobre los hechos en controversia, omitiendo la fundamentación y motivación de acuerdo con el art 213.II.2 de la Ley N° 439 y que conforme a la SCP 017/2018-S2, la falta de una estructura lógica y una motivación clara vulneraría el derecho al debido proceso, conforme con el art. 115.II de la CPE, ya que impediría conocer al administrado las razones reales de la condena.

De la revisión de la Sentencia se constata que la misma, si bien efectúa en las partes pertinentes una transcripción de la demanda y contestación, la tramitación del proceso identificando los principales actuados, además del desarrollo de los fundamentos jurídicos en cuanto a las demandas ambientales de competencia de la jurisdicción agroambiental, donde sigue los entendimientos jurisprudenciales y doctrinales adoptados por los fallos ambientales emitidos en la jurisdicción agroambiental, incluyendo además, de manera pertinente, el marco normativo aplicable a las Licencias Ambientales; no resulta cierto que se trate de una mera transcripción de los actuados procesales, toda vez que contiene una parte referida al “Análisis del Caso”, donde inicialmente describe la prueba producida por las partes y los terceros interesados, además de la prueba pericial, de inspección judicial y pericial de laboratorio.

A efectos de establecer la responsabilidad del demandado, en cuanto a los Hechos Probados, la Sentencia refiere claramente que, de acuerdo al Informe Pericial de Biótica, el Ph de las muestras de agua, de los tres puntos, se encuentran elevados, sobrepasando los límites permisibles de acuerdo a la normativa hídrica, agua de la cual se sirven los comunarios de Uturungo, distrito 9 de Camargo, producto de la actividad minera de la demandada empresa minera Ámbar Desmontes; concluyendo que el demandado ha generado daño ambiental como consecuencia de la contaminación acuática por los diques de cola que van a la quebrada Pujllu y quebrada Quewiña Mayu, agua que sirven a los comunarios de Uturungo, teniendo como principal impacto ambiental la afectación del agua. En lo referente a Hechos No Probados, la Sentencia sostiene que no se ha probado la contaminación del suelo por parte de la empresa minera demandada, ya que las tomas de muestras evidencian que se encuentran dentro de los límites permisibles para los parámetros Arsenio, Cadmio, Cobre, Plomo y Zinc; así también, que no existen indicios visibles de contaminación atmosférica, no siendo pertinente realizar una prueba en este momento al ser los contaminantes del aire temporales y se dispersan con el tiempo, además actualmente la empresa minera no estaría desarrollando actividades mineras, al estar vigentes las medidas cautelares; por lo que se llega a constatar que, el fallo confutado, al relacionar los Hechos Probados y no Probados, efectúa un análisis y discernimiento vinculando los medios de prueba producidos y que hechos o aspectos probaron los mismos; por lo que no resulta evidente que el administrado, a la vez demandado, no conozca las razones por las cuales se le condena estableciendo su responsabilidad ambiental, advirtiéndose que la Sentencia contiene más bien una conexión de los antecedentes con la decisión final, por lo que no se constata la conculcación del art. 213.II.2 de la Ley N° 439, menos aún que carezca el fallo cuestionado de una estructura lógica y motivación concordante con los establecido en la SCP 017/2018-S2, evidenciándose más bien que, la Sentencia N° 04/2026 de 13 de marzo, cumple con las previsiones establecidas por el punto FJ.II.7. relativo al contenido y alcance de la Sentencia en un proceso para establecer la responsabilidad por el daño ambiental.

III.2. Omisión de valoración de la prueba, no determinándose el nexo causal para establecer la contaminación

Un primer aspecto en este acápite, se refiere al reclamo de que la Juez en Sentencia habría omitió valorar el Informe PCB Ambiental y el punto de control AG-01 (Agua Arriba) donde se probó que el arsénico (elemento contaminante) ya registra 0.09 mg/L antes de entrar a la actividad minera, ignorando así la prueba que demostraría “contaminación natural”, atribuyendo responsabilidad objetiva a la parte demandada, que según el recurrente sería un fenómeno geológico preexistente y que se le estaría condenando sin considerar que “el agua sale de la bocamina con menor carga mineral (0.07 mg/L) de la que entra”; vulnerándose su derecho a la defensa previsto en el art. 115.II de la CPE por dicha omisión.

En lo concerniente, de la revisión de actuados se constata que habiéndose puesto a consideración de los sujetos procesales el Informe de Monitoreo incluyendo Certificados de Laboratorio, realizado por Servicios Ambientales BIOTICA SRL, que consta de fs. 1165 a 1182 de obrados; en respuesta, la parte demandada, presenta el Informe Técnico de Interpretación de Resultados realizado por la empresa PCB Ambiental SRL que consta de fs. 1232 a 1252 de obrados, mereciendo el decreto de fs. 1253 a 1257 de obrados, que señala que los argumentos de dicho pronunciamiento serán considerados en todo en cuanto a derecho corresponda a momento de dictar sentencia.

Ahora bien, de la revisión del Informe Técnico de Interpretación de Resultados realizado por la empresa PCB Ambiental SRL, en su parte conclusiva y con relación punto de control AG-01 (Agua Arriba), mencionado por el recurso de casación, refiere:

·         “El punto de muestreo, analizado por el Laboratorio Biótica S.R.L., con código AG-01, reporta valores elevados en los parámetros de: Arsénico, Solidos Suspendidos, fosfatos, zinc, DQO, Cianuros y níquel, de acuerdo a los resultados, se puede indicar que el cuerpo de agua (Quebrada Pujllo) presenta contaminación natural aguas arriba de la actividad Minera Piedras Blancas”.

·         Realizando un análisis y comparación de resultados, el punto con código AG-02, ubicado Quebrada Pujllo Bocamina 3, presenta valores mas bajos que el primer punto (Quebrada Pujllo), en los parámetros de arsénico, cianuros, fosfatos, DQO. Entonces se puede afirmar, que el agua de la Quebrada Pujllo se encuentra contaminada de manera natural, por las características de la zona”. (cita textual)

Revisando los Resultados de Laboratorio de BIÓTICA SRL, respecto a la muestra AG-01 (fs. 1177) señala Arsénico mg/L As 0,09; en la muestra AG-02 (fs. 1178) señala Arsénico mg/L As 0.07; resultados que analizados y valorados por el Informe Técnico N° 003/2026 que cursa de fs. 1210 a 1212 de obrados, realizado por el Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Sucre, en la parte de Conclusiones refiere:

“Realizada la interpretación técnica de los resultados de laboratorio, en función de los valores obtenidos en cada punto de muestreo, y conforme a la normativa ambiental vigente, específicamente los límites permisibles establecidos en el Anexo A-2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley N° 1333, se evidencia que, para los parámetros de calidad de agua superficial analizados, únicamente el parámetro pH presenta valores fuera del rango permitido. En ese sentido, los resultados muestran que el pH registrado en los tres puntos de muestreo evaluados se encuentra por encima del límite permisible”.

“Los demás parámetros analizados conforme con el Anexo A-2 se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos por la normativa aplicable, no evidenciándose excedencias en los mismos”. (cita textual)

Es decir que, respecto a los parámetros tomados en las muestras, entre los cuales se encuentra el “Arsénico”, reclamado por el recurrente, el mismo se encuentra dentro de los límites permisibles, por consiguiente, de manera concordante la Sentencia no ha declarado la responsabilidad del demandado por el Arsénico, sino únicamente por el pH elevado en las muestras de “aguas superficiales”, que superan los límites permisibles previstos en el Reglamento en materia de Contaminación Hídrica, de la Ley N° 1333; por consiguiente, los reclamos efectuados por el recurso de casación, con relación al “punto de control AG-01 (Agua Arriba) donde se probó que el arsénico ya registra 0.09 mg/L antes de entrar a la actividad minera, ignorando así la prueba que demostraría ‘contaminación natural’”, resulta irrelevante ya que la Sentencia, de ninguna manera determina que se estaría fijando la responsabilidad del demandado por contaminación del Arsénico, al encontrarse el mismo dentro de los límites permisibles.

Por consiguiente, de la revisión de obrados se constata que la Juez en Sentencia no consideró el Informe PCB Ambiental, realizado a pedido del demandado, en cuanto a los parámetros de Arsénico, porque resulta irrelevante, ya que en Sentencia, no se condena o declara responsable por la presencia de Arsénico a la AOP Ámbar Desmontes, sino solamente por el pH elevado en las “aguas superficiales”; por consiguiente, no se identifica vulneración del derecho a la defensa del demandado de acuerdo al art. 115.II de la CPE, por haberse omitido valorar  prueba de descargo importante, en los términos expuestos por el recurrente, cuyos argumentos no identifican cómo o de qué manera se ha operado la omisión de valoración probatoria determinante o que hubiere cambiado el resultado de la Sentencia, debiendo tomarse en cuenta que la obligación de valoración de la prueba en Sentencia se circunscribe a aquella prueba esencial o determinante para la resolución del caso.

En cuanto al otro punto, referido a que la Sentencia impugnada incurriría en un error de derecho sustancial al otorgar al Informe Pericial de Biótica (fs. 1165 a 1183 de obrados) un alcance jurídico y técnico que el propio documento descartaría expresamente, conculcando el art. 145 de la Ley N° 439 y el principio de Verdad Material del art. 180.I de la CPE, toda vez que dicho Informe sostendría que “No se realizó comparación normativa”, por lo que a decir del recurrente serían datos meramente descriptivos, sin juicio de valor sobre su peligrosidad o ilegalidad; y que la Juez, al calificar en Sentencia dichos valores como “contaminación”, interpretaría datos científicos sin efectuar un contraste legal obligatorio conforme el Reglamento en materia de Contaminación Hídrica de la Ley N° 1333.

Al respecto, si bien el Informe de Monitoreo y Laboratorio, realizado por Servicios Ambientales BIOTICA SRL, cursante de fs. 1165 a 1182 de obrados, establece en las conclusiones que los puntos de calidad de agua superficial AG-01, AG-02 Y AG-03, “no ha sido comparado con ninguna normativa en cuanto a los límites permisibles”, mediante Auto de fs. 1206 y vta. de obrados, se dispuso que tales resultados de Laboratorio, sean objeto de un análisis e interpretación de acuerdo a los valores obtenidos en la toma de muestras, conforme a la normativa ambiental y/o legislación comparada explicando los límites permisibles de cada anexo, por parte del Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Sucre, el cual emite el Informe Técnico N° 003/2026 cursante de fs. 1210 a 1212 de obrados, pronunciándose en sentido de que: de los resultados de laboratorio, sobre los parámetros de “agua superficial”, únicamente el parámetro pH presenta valores fuera del rango permitido, es decir por encima del límite máximo permisible, los demás parámetros se encontrarían dentro de los límites permisibles establecidos en la normativa aplicable. En cuanto a la interceptación de los tres resultados correspondientes a los parámetros de “suelo”, refiere que, conforme a la norma Holandesa de Calidad de Suelos, se evidencia que los valores obtenidos en todos los puntos de muestreo se encuentran dentro de los límites establecidos, no superando los valores de intervención.

De tal constatación, se desprende que los resultados de laboratorio efectuados por BIOTICA SRL, sí fueron objeto de valoración y comparación normativa por parte del Informe Técnico N° 003/2026 señalado, por lo que no es evidente que la Juez hubiera interpretado datos científicos sin el contraste legal obligatorio que exige el Reglamento en materia de Contaminación Hídrica de la Ley N° 1333; menos aún se verifica que la Juzgadora hubiera fallado ultra vires (más allá de sus facultades), toda vez que la contaminación del agua, que presente valores elevados de pH, fue objetivamente comprobada y contrastada con la normativa aplicable, dando lugar a que en Sentencia se haya probado la Acción Ambiental Restauradora, por el daño surgido y causado a las aguas de la quebradas de Pujllu y Quewiña Mayu por la actividad minera del demandado.

En consecuencia, no se evidencia que se hubiere omitido una valoración integral y conforme a las reglas de la sana crítica, en la forma como refiere el recurrente, quien tampoco explica cómo se le habría “condenado” sobre la base de una presunción de culpabilidad ambiental y no en una prueba de cargo preconstituida, siendo que no necesariamente el establecimiento de la verdad jurídica debe ser sólo sobre prueba preconstituida sino también por la obtención de evidencia durante la sustanciación de la causa; por consiguiente, menos podría evidenciarse que en la Sentencia impugnada, se hubiere sustituido la certeza científica por una interpretación caprichosa, dejando a la parte en indefensión. Toda vez que en el proceso de autos se ha dispuesto de manera correcta la producción de prueba de oficio de Inspección Judicial y Pericial, en cumplimiento a los alcances previstos en el punto FJ.II.5. relativo a la prueba del daño ambiental, la inversión de la carga de la prueba y carga dinámica de la prueba en procesos ambientales.

III.3. Incongruencia interna al ser contradictorias las determinaciones de la parte resolutiva

Con relación a que en el punto 1 de la parte Resolutiva, declara Improbada la indemnización monetaria por no haberse determinado la cuantía del daño, pero el punto 3 declara Probada la restauración in natura, incurriendo en contradicción lógica insalvable, ya que la restauración es la consecuencia de un daño cierto y probado, si el juzgador admite que el daño no fue cuantificado ni probado en su magnitud (razón por la cual rechazaría la indemnización) no existiría base legal para ordenar una restauración; incongruencia interna que vulneraria la seguridad jurídica del art. 178.I de la CPE, puesto que se condenaría al demandado a reparar un daño que la misma Juez habría calificado como “no cuantificado”.

De la revisión de la Sentencia N° 04/2026 de 13 de marzo, se verifica que en la parte resolutiva declara “IMPROBADA LA DEMANDA AMBIENTAL CON RELACION AL PUNTO INDEMNIZACIÓN MONETARIA”, aclarando que es en cumplimiento del Principio de: “GARANTÍA DE RESTAURACIÓN DE LA MADRE TIERRA” previsto por los arts. 4.5 y 11.5 de la ley N° 300; normas jurídicas que implican que nunca se podría disponer el pago de montos de dinero a título de indemnización por daños ocasionados a la Madre Tierra y sus componentes”. De dicha determinación judicial se desprende primeramente que, en ningún momento la misma se funda en que es “por no haberse determinado la cuantía del daño” o que se rechazaría la indemnización por no haberse probado ni cuantificado en su magnitud el daño; y en segundo lugar, es que, de manera clara la Sentencia rechaza el pago indemnizatorio porque opta por la forma correcta de reparación ambiental que es la restauración, basada en el Principio de Garantía de Restauración de la Madre Tierra que es citado por la Juez en la parte de los fundamentos jurídicos en la Sentencia, cuyo enunciado es: “Garantía de Restauración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o premeditada a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, está obligada a realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, independientemente de otras responsabilidades que puedan determinarse” (art. 4.5. de la Ley N° 300).

Al respecto corresponde dejar claramente establecido que la forma idónea de reparación por daños ocasionados al medio ambiente como tal o componentes de la Madre Tierra es “in natura”, definida como reparar el daño ambiental volviendo las cosas a un estado similar anterior, es decir reponiendo la naturaleza dañada en especie, constituyendo una forma de reparación que busca “restituir, rehabilitar o recomponer el ecosistema dañado”, en lugar de compensarlo en dinero. El término in natura viene del latín que significa “en la naturaleza misma”, la idea es por tanto: si talaste 100 árboles, plantas 100 árboles, si contaminaste un rio o una quebrada, lo descontaminas; lo que hace concluir de manera categórica es que en la Sentencia impugnada, sí se estableció la responsabilidad ambiental del demandado al declarar “Probada la acción ambiental restauradora” por lo que corresponde la reparación in natura, y no así la simple indemnización monetaria; en tal sentido resultan infundados los reclamos del recurso de casación de que la Sentencia habría incurrido en un contradicción interna o “antinomia procesal”, menos aún que incurriría en arbitrariedad o que afecte la seguridad jurídica conforme al art. 178.I de la CPE.

Se constata que el daño a las aguas en el sector de la AOP Ámbar Desmontes fue cuantificado, por el daño físico químico del agua con pH elevado que supera los limites permisibles, conforme la prueba pericial de laboratorio elaborada por BIÓTICO SRL, así como los otros elementos de prueba relacionados en la Sentencia, como son el Informe Técnico Pericial elaborado por el equipo Mutidisciplinario de los Apoyos Técnicos de los Juzgados de Sucre y Camargo,  (fs. 970 a 978 de obrados) y las diferentes Inspecciones Judiciales, donde entre otros aspectos se evidenció que de la tercera bocamina, sale una manguera que desecha directamente residuos a la quebrada.

Así también a efectos de establecer la cuantificación del daño a las aguas superficiales, debe considerarse que, en aplicación de la inversión de la carga de la prueba, incumbía al demandado ahora recurrente, probar por todos los medios de prueba a su alcance, que no ha provocado la contaminación acusada, empero no ha presentado prueba documental referida a los antecedentes de la tramitación de su Licencia Ambiental que luego fue suspendida, mediante la cual se pueda constatar objetivamente que, antes de entrar en operación la AOP Ámbar Desmontes, presentó una línea de base ambiental (ALBA) determinando pasivos ambientales anteriores, a efectos de deslindar su responsabilidad por contaminación, al no haberlo hecho, se aplica la presunción legal de responsabilidad prevista por el art. 219.II y IV de la Ley N° 535 que señala: “II. Los titulares de derechos mineros bajo cualesquiera de las modalidades previstas en la presente Ley, así como los titulares de licencias de operación, no son responsables por los daños ambientales producidos con anterioridad a la otorgación de sus derechos. Estos daños se determinarán a través de una Auditoría Ambiental de Línea Base - ALBA. Los resultados de ésta auditoría serán parte integrante de la Licencia Ambiental”. 

“IV. De no realizarse dicha auditoría de línea base, los titulares de derechos mineros bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente Ley, así como los titulares de Licencias de Operación, serán responsables de mitigar todos los daños ambientales originados en su área minera.” (las negrillas son añadidas), disposición concordante con el Reglamento Ambiental minero vigente y con lo dispuesto por el art. 347.II de la CPE. Es decir que la parte demandada es responsable de los impactos y daños ambientales identificados en el área minera de la AOP Ámbar Desmontes, aun cuando hayan sido provocados con anterioridad al inicio de sus operaciones; resultando evidente que, al tratarse de explotación de desmontes, han existido pasivos ambientales previos en el área.

III.4.  Error de derecho en la valoración de la prueba técnica para establecer la contaminación con relación a los límites permisibles

En cuanto a que la Juez habría otorgado valor de “contaminación” al Informe de BIÓTICA SRL, ignorando la advertencia del laboratorio que indica “No se realizó comparación normativa”, calificando como “excedencia”, valores que no tendrían contraste legal con los límites permisibles del RMCH, toda vez que por el principio de Especialidad, un Juez no podría declarar contaminación sin un parámetro legal de comparación, ya que ello sería sustituir la prueba científica por una presunción subjetiva, violando la verdad material (art. 180.I de la CPE), además del art. 145 de la Ley N° 439 en cuanto a la valoración de la prueba integral y conforme a las reglas de la sana crítica.

Al respecto, conforme se tiene señalado en el punto III.2. el Informe de BIÓTICA SRL que evidentemente refiere que los resultados obtenidos de las mediciones de parámetros de contaminación en las muestras en laboratorio, no fueron contrastados con normativa ambiental y los límites permisibles, tales resultados sí fueron objeto de valoración por parte del Informe Técnico N° 003/2026 (fs. 1210 a 1212 de obrados) realizados por el ingeniero Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Sucre, el cual concluye que, en los parámetros de “agua superficial”, únicamente el parámetro pH presenta valores fuera del rango permitido, es decir por encima del límite máximo permisible, los demás parámetros se encontrarían dentro de los límites permisibles establecidos en la normativa aplicable. En cuanto a la interceptación de los tres resultados correspondientes a los parámetros de “suelo”, refiere que, conforme a la norma Holandesa de Calidad de Suelos, se evidencia que los valores obtenidos en todos los puntos de muestreo se encuentran dentro de los límites establecidos, no superando los valores de intervención.

Por consiguiente, no es cierto que se haya declarado la contaminación sin un parámetro legal de comparación, ni que los resultados sean subjetivos, conculcando el art. 180.I de la CPE relativo a la Verdad Material y el art. 145 de la Ley N° 439 en cuanto a la valoración de la prueba integral y conforme a las reglas de la sana crítica; al cursar en obrados, y en Sentencia un contraste legal obligatorio con el Reglamento en materia de Contaminación Hídrica de la Ley N° 1333, debiendo considerarse que la observancia del principio de Verdad Material implica que el Juzgador sustenta su decisiones en hechos comprobados por medios de prueba idóneos, en el caso presente, se constata que la contaminación hídrica identificada fue sustentada en elementos cuantitativos y cualitativos, toda vez que el análisis de laboratorio de BIÓTICA SRL, fue objeto de análisis, comparación y valoración por el Informe Técnico N° 003/2026, conforme se tiene precisado.

III.5. Sesgo y valoración fragmentada del Peritaje Judicial para establecer la responsabilidad por contaminación

En cuanto a que en Sentencia se utilizó la observación del pH del Informe N° 003/2026 para condenar, pero no se consideró que el mismo informe concluye que el Suelo estaría limpio y los registros de metales pesados serían normales; arguyendo que la prueba pericial debe ser indivisible sin realizar una selección arbitraria de los elementos incriminatorios, descartando de forma dolosa los elementos eximentes, impidiendo una visión real del ecosistema y violando el debido proceso en su vertiente de valoración probatoria, justa y equitativa.

Lo cuestionado no resulta evidente puesto que en ningún momento la Sentencia declara la responsabilidad ambiental del demandado basado en los resultados de la afectación al suelo, más bien se fundamenta que no se ha probado ello y la responsabilidad se impone solamente por la afectación a las aguas superficiales de la quebrada.

En efecto, la Sentencia impugnada sostiene en “HECHOS NO PROBADOS 1.- No se ha llegado a probar que exista contaminación en cuanto al suelo, toda vez que de folios 1211 vta. 1212 de obrados se tiene que las tomas de muestras de resultados de suelos se encuentran dentro de los límites permisibles, por los parámetros Arsenio, cadmio, cobre, plomo y zinc, estando dentro de los límites permisibles en cuanto a suelo, no se llegó a probar contaminación de suelo por la Empresa Minera AMBAR DESMONTES representada legalmente por JOSÉ PEDRO ELÍAS GOMEZ”. (cita textual)

Por lo que huelgan mayores fundamentos, resultando sin asidero jurídico lo sostenido por el recurrente de que la Sentencia confutada incurriría en una falacia de “supresión de prueba”, al seleccionar discrecionalmente los datos contenidos en el Informe N° 003/2026, afectando la indivisibilidad de la prueba pericial sin considerar el “suelo limpio” y “metales pesados en niveles normales”; no evidenciándose en la Sentencia cuestionada, ninguna parcialidad, falta de objetividad, o incongruencia entre evidencia y fallo; no afectándose por consiguiente los razonamientos de la SCP 1215/2012 y SCP 0410/2013. Correspondiendo pronunciarse.

IV.   POR TANTO:

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, en mérito a la potestad conferida por los arts. 12, 178, 186 y 189.1 de la CPE, arts. 36.1 y 87. IV de la Ley N° 1715, arts. 11, 12, 15, 17, 131.II, 132 numerales 2, 4, 6, 7 y 144.I.1 de la Ley N° 025 y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, de conformidad al art. 220.II de la Ley N° 439, de aplicación supletoria en la materia según el art. 78 de la Ley N° 1715; tras un análisis exhaustivo de los antecedentes procesales, el argumento del recurso interpuesto  y los fundamentos jurídicos expuestos en la presente resolución, DISPONE:

1.- Declarar INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1361 a 1364 de obrados, interpuesto por José Pedro Elías Gómez representante legal de la Empresa Minera Ámbar Desmontes.

2.- Se mantiene firme e incólume la Sentencia N° 04/2026 de 13 de marzo de 2026 cursante de fs. 1313 a 1349 vta. de obrados.

3.- Se impone el pago de costos y costas a la parte recurrente.

4.- Se regula los honorarios profesionales para la fase de casación en la suma de Bs. 1500.- que mandará a hacer efectiva la Juez Agroambiental de Camargo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -