ANA-S2-0037-2016

Fecha de resolución: 24-05-2016
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial -> Aplicadora

Interpone Recurso de Casación, contra la Sentencia Agroambiental N° 01/2016 de 8 de marzo de 2016, pronunciada por el Juez Agroambiental de Bermejo del Distrito Judicial de Tarija, con base en los siguientes argumentos:

1) Refiere que el juez, en base a la doctrina, el daño emergente y lucro cesante provienen de un hecho ilícito, por lo que la sentencia no tuviese motivación ni respaldo jurídico y vulneraria el art. 300.I.7 de la CPE.

2) Atribuye a la sentencia N° 01/2016 hoy recurrida de vulnerar lo establecido en los arts. 397 y 476 del Cód. Pdto. Civ. puesto que no se habría considerado las pruebas de descargo de fs. 85 y 86 consistentes en certificados de posesión emitidas por autoridades del lugar del año 2012 y 2013, valorando únicamente la certificación de la autoridad comunal de 2014 de fs. 2 la cual estaría respaldado por declaraciones testificales imprecisas y ambiguas como consta de fs. 122 a 126 vta., violando así el art. 463 del Cód. Pdto. Civ.

3) Refiere que existe contradicción entre la fundamentación y parte resolutiva de la sentencia, pues el juez admite en el punto 4 la colocación de los buzones, lo cual era de conocimiento, aceptación y autorización del demandante conforme el acta de fs. 104 y declaraciones de fs. 124 a 125 de la autoridad del lugar en los años 2010-2012.

4) Señala que la sentencia hoy impugnada, tiene errónea e indebida aplicación de la ley, pues reconoce legitimidad activa inclusive a tercera persona desconociendo la existencia de documento público que demuestra la cancelación por concepto de afectación; además el SEDECA pertenece al Estado por lo que no podría ser condenado al pago de costas conforme señala el art. 39 de la ley N° 1178.

"(...) el juez de instancia, a momento de dictar sentencia no observó las connotaciones que implícitamente plantea el demandante, que no es más que el desconocimiento de la "minuta de indemnización por concepto de afectación de mejoras con la liberación del derecho de vía, por causa de utilidad pública (Cod.PBSA 039) " y la Escritura Pública N° 36/2014 suscrito por las partes ante la Notaria de Gobierno del Distrito de Bermejo-Tarija., teniéndose como resultado la emisión de la sentencia N° 01/2016 de 8 de marzo de 2016, soslayando por completo el referido documento de indemnización; más aun si el mismo, emerge de un acto administrativo; en cuyo caso nuestro sistema jurídico establece instancias en las que se deben ejercer los derechos, teniéndose en sede administrativa el recurso de revocatoria y jerárquico conforme a la ley N° 2341 y el contencioso administrativo ante la jurisdicción que corresponda".

Se resuelve ANULAR obrados hasta a fs. 112 inclusive, debiendo el juez de instancia pronunciar nueva resolución declinando competencia por ante la autoridad llamada por ley, en observancia del art. 122 de la C.P.E., arts. 775, 776 y 777 del Cód. Pdto. Civ., con base en los siguientes argumentos:

1) El juez de instancia no observó las connotaciones que implícitamente plantea el demandante, que no es más que el desconocimiento de la "minuta de indemnización por concepto de afectación de mejoras con la liberación del derecho de vía, por causa de utilidad pública (Cod.PBSA 039) " y la Escritura Pública N° 36/2014 suscrito por las partes ante la Notaria de Gobierno del Distrito de Bermejo-Tarija., teniéndose como resultado la emisión de la sentencia N° 01/2016 de 8 de marzo de 2016, soslayando por completo el referido documento de indemnización; más aun si el mismo, emerge de un acto administrativo; en cuyo caso nuestro sistema jurídico establece instancias en las que se deben ejercer los derechos, teniéndose en sede administrativa el recurso de revocatoria y jerárquico conforme a la ley N° 2341 y el contencioso administrativo ante la jurisdicción que corresponda.

Nuestro sistema jurídico establece instancias en las que se deben ejercer los derechos, teniéndose en sede administrativa el recurso de revocatoria y jerárquico conforme a la ley N° 2341 y el contencioso administrativo ante la jurisdicción que corresponda.
 

Alfonso Nava Negrete citado en el Auto Supremo N° 405 de 1 de noviembre de 2012 señala: "El contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público".

Auto Supremo  N° 292 de 22 de agosto de 2012:  "La nulidad como anulabilidad de los actos administrativos, sólo pueden ser invocadas mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la ley y dentro del plazo para ello establecido".

Sentencia Constitucional Plurinacional N°874/2014: "la competencia de las autoridades resulta ser determinante para un debido procesamiento, de manera que, si una determinada controversia fuere resuelta o sometida a una autoridad que no tiene competencia, la consecuencia inmediata sería la franca vulneración del debido proceso".