ANA-S1-0032-2016

Fecha de resolución: 10-05-2016
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental indicativa -> Aplicadora

Interpone Recurso de Casaciòn en la forma y en el fondo, contra la Sentencia N° 01/2016 de 4 de marzo de 2016, con base en los siguientes argumentos:

1) Señala que la jueza les ha causado perjuicio con la sentencia emitida porque ha cometido error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, tanto documental, testifical y de la inspección ocular, así como a los hechos materiales verificados en el terreno agrícola, infringiendo la garantía del debido proceso, habiéndose violado el art. 25-I de la CPE.

2) Indica que se violaron los siguientes artículos 93 del CC., que regula el régimen de la posesión de buena fe, art. 1286 CC., concordante con el art. 145 de la Ley N° 439, art 1296 del CC, respecto a la apreciación de la prueba y del valor de las certificaciones que hubieren sido obtenidas conforme lo dispone el art. 1523, 1311 y 1330 del citado CC.

3) Refiere que al haber,  la jueza, declarado IMPROBADA su demanda ha hecho un uso indebido e equivocado, errando su facultad de apreciar la prueba conforme a su prudente criterio y sana critica vulnerando de esta manera el art. 397 del Cód. Proc. Civil.

4) Señalan que existe un afán de la juzgadora e invalidar la prueba testifical de cargo, para haber sido considerador positivamente en sentencia, sin embargo esa prueba que era esencial no fue apreciada y que las pruebas literales ofrecidas como prueba o demuestran nada ya que de la misma no se tiene una sentencia ejecutoriada que demuestre autoría de los demandado.

5) Refieren que no se tomò en cuenta que se habría probado que los demandantes tienen el amparo jurisdiccional en su condición de cuidadores de una casa y un terreno con mejoras agrícolas y que fueron despojados sin violencia por parte de los demandados.

"(...) se ha probado en el proceso de referencia que no existió la citada relación laboral que argumentan los accionantes, sin que se identifique prueba alguna que permita determinar que la jueza a quo hubiera incurrido en una errónea apreciación de dicho aspecto, por consiguiente la violación del debido proceso no es evidente en el caso citado, dado que no han probado los accionantes con elementos contundentes la violación de la citada garantía, en razón a que más al contrario de la relación de la Sentencia analizada se evidencia que la Jueza brindo las garantías necesarias para el efectivo derecho a la defensa de ambas partes y no se identifica que en su análisis hubiere cometido violación al debido proceso".

"(...) En la conclusión referida la Juez ha realizado un análisis integral de todos los medios probatorios recurriendo a la valoración de la prueba documental, testifical y la inspección ocular, evidenciando por una parte que los demandantes ingresaron al predio a ocupar un ambiente cedido por los propietarios de manera momentánea, sin que medie ningún otro acuerdo que les hubiera permitido a los ahora accionantes demandar la protección jurídica para retener un bien inmueble a su favor cuando los mismos propietarios a través del Sindicato San Rafael les solicito su devolución. Por otra parte desde el inicio de la demanda los ahora accionantes han reconocido su situación jurídica de detentadores del predio, al señalar textualmente "....Posesión que fue pública por el hecho que hemos asistido a las reuniones del Sindicato San Rafael en representación de Edwar Hugo Angulo López, quien dijo ser propietario del fundo agrario...", es decir siempre hubo un reconocimiento expreso al titular del predio y por otra que ellos ejercían actividades en el predio y en algunas de las reuniones del Sindicato, pero en nombre del propietario Edwar Hugo Angulo López, teniendo así que los actos de posesión que demandan a su favor fueron ejecutados por cuenta ajena y no así con el ánimo de sentirse dueños del predio, situación jurídica que disiente con el alcance de la protección legal de la posesión que es lo que protegería el interdicto de recobrar la posesión, por lo que la jueza de instancia ha obrado correctamente en el punto precedentemente analizado, sin que se identifique la violación de los artículos señalados".

"(...) no demuestran fehacientemente que la jueza hubiera incurrido en violación de hecho o derecho de la citada prueba y menos aún que no hubiera analizado alguna de ellas, aspecto diferente es el hecho de que analizadas estas pruebas en ejercicio pleno de sus competencias, hubiera determinado aceptarlas o rechazarlas o no darles el valor probatorio que pretenden los accionantes, más aún cuando en la sentencia recurrida, en el considerando V, la Jueza de instancia, realiza una extensa valoración de la prueba presentada, tanto por la parte actora como la parte demandada, no evidenciándose la existencia de errónea valoración de prueba, como acusan los recurrentes".

"(...) en realidad los actos de posesión fueron ejercidos por los demandados, quienes insertaron las mejoras y quienes incluso cubrieron a nombre propio las cuotas correspondientes a su condición de afiliados al Sindicato San Rafael. En tal circunstancia se tiene que lo determinado por la Jueza en cuanto a la valoración del cumplimiento de la Función Social, en el predio, se enmarca a los hechos evidenciados dentro del caso de autos, no existiendo violación a la normativa invocada por los recurrentes".

"(...) así como los antecedentes del proceso se tiene que al pronunciar la Sentencia recurrida, se valoró en forma adecuada los hechos que permitieron comprobar la inexistencia de los presupuestos legales para determinar declarar improbada la demanda de Interdicto de Recobrar la Posesión, decisión que es asumida por la Jueza de instancia, conforme la sana crítica y prudente arbitrio, realizando un análisis fáctico y legal con decisión expresa, positiva y precisa sobre lo litigado, resolviendo congruentemente las pretensiones deducidas a cabalidad, en estrecha relación con los hechos que fueron objeto de la prueba, conforme se evidencia de los antecedentes y medios probatorios en el presente caso; de lo expuesto no se evidencia que la Jueza de instancia hubiere incurrido en nulidades que interesen al orden público, efectuando una interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, menos haber incurrido en error de derecho en la valoración de la prueba y tampoco haber infringido la normativa acusada en el recurso, por lo que corresponde dar estricta aplicación al art. 87-IV de la Ley N° 1715".

El Tribunal Agroambiental declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma e INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, con base en los siguientes fundamentos:

1) Se evidencia que la Jueza brindó las garantías necesarias para el efectivo derecho a la defensa de ambas partes y no se identifica que en su análisis hubiere cometido violación al debido proceso.

2) La Juez ha realizado un análisis integral de todos los medios probatorios recurriendo a la valoración de la prueba documental, testifical y la inspección ocular, evidenciando por una parte que los demandantes ingresaron al predio a ocupar un ambiente cedido por los propietarios de manera momentánea, sin que medie ningún otro acuerdo que les hubiera permitido a los ahora accionantes demandar la protección jurídica para retener un bien inmueble a su favor cuando los mismos propietarios a través del Sindicato San Rafael les solicito su devolución.

3) La Jueza de instancia realizó una extensa valoración de la prueba presentada, tanto por la parte actora como la parte demandada, no evidenciándose la existencia de errónea valoración de prueba, como acusan los recurrentes.

4) Se tiene que lo determinado por la Jueza en cuanto a la valoración del cumplimiento de la Función Social, en el predio, se enmarca a los hechos evidenciados dentro del caso de autos, no existiendo violación a la normativa invocada por los recurrentes.

5) No se evidencia que la Jueza de instancia hubiere incurrido en nulidades que interesen al orden público, efectuando una interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, menos haber incurrido en error de derecho en la valoración de la prueba y tampoco haber infringido la normativa acusada en el recurso, por lo que corresponde dar estricta aplicación al art. 87-IV de la Ley N° 1715.

La posesión debe distinguirse de la detentación; el detentador (arrendatario rural, inquilino, depositario), sin ser propietario ni titular de un derecho real, tiene sobre la cosa un poder de derecho, poder que se le ha conferido por el propietario o por la ley. Mientras que el poseedor, cuando no es propietario, desconoce los derechos del dueño; el detentador (arrendatario, inquilino, depositario), reconoce esos derechos.

La doctrina ha señalado que las características de la detentación o también conocida como posesión precaria establece entre otras: b) El detentador nunca podrá comportarse como poseedor y hacer valer sus derechos en tal calidad, ya que únicamente posee la cosa por cuenta ajena, a no ser que cambie su condición de detentador a poseedor. Esto a diferencia de la posesión que sí puede originar la adquisición del Derecho de propiedad.