ANA-S2-0084-2016

Interpone  Recursos de Casación contra los Autos Interlocutorios Definitivos N° 29/2016 de 14 de septiembre de 2016 y N° 30/2016 de 14 de septiembre de 2016, pronunciados por la Juez Agroambiental de La Paz, en el proceso de Desalojo por Avasallamiento, con base en los siguientes argumentos:

1. La autoridad jurisdiccional argumenta que la demanda fue dirigida contra tres personas y el ahora recurrente no estaría identificado como avasallador, argumento que vulnera la naturaleza jurídica del proceso de avasallamiento ya que la sentencia tiene dos efectos a) impone una sanción de carácter personal con la prohibición de ser beneficiado con procesos de distribución de tierras y b) el desalojo del predio, siendo el segundo efecto el que le causa perjuicio y lesiona su derecho fundamental a la defensa y el debido proceso ya que en ejecución de sentencia se ha librado mandamiento de desapoderamiento del predio avasallado y su vivienda se encuentra dentro de las 3 Has. a ser desalojadas, en ese contexto su persona resulta directamente afectada por lo que la autoridad jurisdiccional le priva de su vivienda sin haber sido oído y vencido en juicio, asimismo refiere que nunca fue citado en el juicio de avasallamiento, porque si hubiera sido citado habría demostrado que el no es avasallador y que compró legalmente el inmueble que posee desde el 28 de diciembre de 1993, a mas de ello indica que en dicha vivienda no existe actividad agrícola ya que es una zona destinada a vivienda sin embargo como no fue citado con la demanda nunca pudo asumir defensa, por otro lado, refiere que la autoridad jurisdiccional argumenta que la sentencia solo sanciona los actos de avasallamiento y no los actos que se sustentan en títulos de propiedad, sin embargo pese a que la misma autoridad reconoce que no está identificado como avasallador en el expediente existe la sentencia y el mandamiento de lanzamiento, por lo que, queda demostrado la vulneración de sus derechos.

2. La jueza pretende inducir en error al argumentar que en un proceso de avasallamiento no se dirimen derechos, sin embargo jamás solicito que se dilucide el derecho propietario, al contrario solo se pide la nulidad por no haber sido incluido en el juicio de avasallamiento, sin embargo al exhibir su titulo se genera un efecto fundamental que ha sido omitido por la autoridad jurisdiccional ya que afecta su posesión y el uso y goce del bien objeto de litis, en otras palabras su derecho propietario.

3. La ilegalidad del fallo se centra en no haberlo incluido en el proceso de avasallamiento lo que demuestra un desconocimiento absoluto de las leyes y, efectuando una trascripción de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0014/2014-S1 de 6 de noviembre de 2014, indica que ningún ciudadano puede sufrir pena sin haber sido oído y juzgado en un debido proceso ya que en el presente caso existe una orden de lanzamiento en 3 Has. estando afectado su derecho propietario que, por otro lado no será cancelado en derechos reales, perjuicio que es cierto e irreparable, por otro lado indica que no puede esperar a ser desalojado para presentar el incidente y que basta la existencia de mandamiento de lanzamiento y que los actos delincuenciales perpetrados por terceros atenidos a la relación de matrimonio que existe entre la abogada de los demandados y el juez agroambiental están siendo denunciados en la vía que corresponde.

4. Que, la juez rechaza la nulidad por incompetencia alegando que al ser un tercero su persona no podria reclamar la competencia del juzgado y, efectuando una transcripción de la Sentencia Constitucional N° 1823/2010-R de 25 de octubre de 2010, afirma que se viola flagrantemente la naturaleza de la competencia que es de orden público, más aún, cuando su persona no desarrolla actividad agrícola, por lo que, al emitirse una orden de lanzamiento sobre una vivienda resulta inequívoca la manifiesta incompetencia en razón de materia y, haciendo mención a la Sentencia Constitucional N° 050/2015, indica que la competencia no la define la ubicación del predio sino la función que desarrolla, por lo que no puede emitir acto procesal alguno ya que, la consideración del caso corresponde a la vía civil.

5. La autoridad jurisdiccional incurre en una errónea valoración de la prueba al negar la eficacia de las fotografías (presentadas) en franca violación de los arts. 1311 y 1312 del Código Civil porque la ley no exige la presencia del juez para la (toma de) fotos, más al contrario corresponde a la parte contraria negar el valor probatorio de las mismas debiendo considerarse que nunca fueron negadas o desconocidas como tampoco las fotografías tomadas en la anterior inspección judicial en las cuales claramente se identifican los predios, aspectos que debieron ser considerados, asimismo las facturas de energía eléctrica que demuestran su posesión sobre el inmueble.

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos contra los Autos Interlocutorios Definitivos N° 29/2016 de 14 de septiembre de 2016 y N° 30/2016 de 14 de septiembre de 2016, pronunciados por la Juez Agroambiental de La Paz, con base en los siguientes argumentos:

1. La Jueza Agroambiental de La Paz dejó claramente establecido que la sentencia emitida en ejecución del proceso de Desalojo por Avasallamiento, en sus efectos no alcanza a los ahora recurrentes, precisando, de forma reiterativa, que los supuestos actos de hecho que habrían afectado la posesión o derecho propietario de éstos últimos no tienen base o sustento en la decisión de la autoridad jurisdiccional estando abiertas las puertas legales que corresponda iniciar, debiendo entenderse que la sentencia que puso fin al proceso de Desalojo por Avasallamiento no perjudica a los señores Adrian Huanca Bautista, Daniel Vera Quispe y María Isabel López de Vera ni restringe las acciones que les corresponda iniciar en defensa de sus derechos, resultando sin fundamento el acusarse que la decisión de la a quo implica que, en contra de sus personas se tenga que aplicar las sanciones establecidas por el art. 5 de la L. N° 477 de 30 de diciembre de 2013, debiendo entenderse que conforme a los arts. 115.I. y 117.I. de la CPE.

2. En el caso que se examina, como se tiene ampliamente desarrollado y además reconocido por la autoridad jurisdiccional de instancia, el proceso de Desalojo por Avasallamiento y de manera particular la sentencia emitida a la finalización del mismo no proyecta sus efectos contra los ahora recurrentes, por lo mismo no les son aplicables las sanciones fijadas por la Jueza Agroambiental de La Paz, en tal razón no se acredita el perjuicio cierto e irreparable que de curso a la nulidad solicitada, estando abiertas las vías legales que corresponda ejercer en defensa de su derecho, correspondiendo fallar conforme al art. 220-II del Cód. Procesal Civil.

ACCIONES EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD / Proceso de desalojo por avasallamiento / Presupuestos de procedencia / Valoración integral de la prueba

Con anterioridad a la vigencia de la L. N° 477 los tribunales de garantías constitucionales y por lo mismo el Tribunal Constitucional Plurinacional asumían el conocimiento, tramitación y resolución de acciones interpuestas contra actos de avasallamiento, desarrollando líneas que deben ser consideradas a tiempo de considerarse "medidas de hecho", reconociendo que las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones contra actos o medidas de hecho, en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso, se encuentran facultadas para ejercer su derecho a la defensa, debiendo las autoridades jurisdiccionales garantizar su derecho a ser oídos y por lo mismo a que los medios de prueba aportados sean debidamente considerados en cualquier instancia procesal.

"(...) con anterioridad a la vigencia de la L. N° 477 los tribunales de garantías constitucionales y por lo mismo el Tribunal Constitucional Plurinacional asumían el conocimiento, tramitación y resolución de acciones interpuestas contra actos de avasallamiento, desarrollando líneas que deben ser consideradas a tiempo de considerarse "medidas de hecho", reconociendo que las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones contra actos o medidas de hecho, en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso , se encuentran facultadas para ejercer su derecho a la defensa, debiendo las autoridades jurisdiccionales garantizar su derecho a ser oídos y por lo mismo a que los medios de prueba aportados sean debidamente considerados en cualquier instancia procesal". "Teniéndose que la autoridad jurisdiccional de instancia, en momento alguno del proceso, llegó a determinar que "los ahora recurrentes hayan participado, material o intelectualmente, en los actos de avasallamiento " emitiendo los autos N° 29/2016 de 14 de septiembre de 2016 cursante de fs. 1599 a 1602 vta. y N° 30/2016 de 14 de septiembre de 2016 cursante de fs. 1603 a 1606 vta. en los que, de forma clara se precisa, que: (...) Que además en este proceso se ha juzgado únicamente los actos de avasallamiento los mismo (s) han sido cumplidos y la demanda se ha dirigido únicamente contra Justo López Condori, Elías Quispe Cuiza y Francisco Condori Fernández. respecto de los hechos de avasallamiento objeto del proceso, en este caso no se ha dilucidado aspecto alguno sobre los títulos que ahora los incidentistas señalan tener, teniendo la vía para oponerlos a la autoridad competente donde podrán oponer sus títulos contra los demandantes (...), los actos que acusan de haberles privado de su posesión no provienen de actuación de esta causa, porque en este proceso no se ha ejecutado ningún mandamiento y que de la revisión del proceso no cursa el acta respectiva sobre desapoderamiento entonces si se acusa a que determinadas personas los privaron de su posesión atentando el derecho de propiedad que no proviene de esta causa entonces deben acudir a la autoridad competente para hacer valer su posesión y los títulos que ostentan (...)".

"(...) la Sentencia Constitucional Plurinacional 0998/2012 de 5 de septiembre que, en relación a la flexibilización excepcional de la legitimación pasiva en vías de hecho refiere: "La flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva y la flexibilización de la actividad probatoria de las personas no expresamente demandadas en peticiones de tutela referente a vías de hecho". La acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de naturaleza constitucional al cual le son aplicables criterios propios de Teoría Procesal General, siempre en el marco de la naturaleza jurídica de este mecanismo oportuno y pronto de tutela de derechos fundamentales y de acuerdo a los postulados propios del Derecho Procesal Constitucional, cuyos presupuestos procedimentales rigen el ejercicio de la justicia constitucional. (...) En coherencia con lo señalado, se tiene que la legitimación pasiva , ha sido definida por el órgano contralor de constitucionalidad como la directa relación de causalidad entre las personas o autoridades demandadas y los actos u omisiones denunciadas como lesivas a derechos. (...) En este entendido, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte accionante deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva ; empero este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso , tanto para la parte accionante como para la parte demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa. En consecuencia, la acción de amparo en su tramitación debe asegurar la equidad procesal de las partes; por tal razón, para consolidar un equilibrio procesal armónico que respete las reglas de un debido proceso y que asegure la vigencia de una justicia material, la flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para vías de hecho debe asegurar en la mayor medida posible un amplio derecho a la defensa de todas las personas que sin haber sido demandadas expresamente o citadas como terceros interesados, pudieran ser afectadas por los efectos de la concesión de tutela. Por lo señalado, se tiene que la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho; en ese orden, para asegurar una equidad procesal, a las personas que no hayan sido expresamente citadas como demandados y que pudieran ser afectados con los efectos de una eventual concesión de tutela por vías de hecho, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa. En mérito a lo señalado, las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. En efecto, el entendimiento antes indicado, tiene la finalidad esencial de asegurar un equilibrio procesal, ya que si bien para asegurar el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva, de manera excepcional y cuando no sea posible la identificación de personas para supuestos de vías de hecho se flexibiliza las reglas de la legitimación pasiva disciplinadas para la acción de amparo constitucional, es imperante a su vez, flexibilizar también de manera excepcional para estos casos los alcances del principio de preclusión, facultando así a las personas que eventualmente pudieran ser afectadas con una decisión de tutela emergente de denuncias de vías de hecho, a asumir defensa en cualquier estado del proceso de amparo constitucional".